El 8 de septiembre, en Barranquilla, el canciller de Colombia, Omar Bula Escobar, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, firmaron, ante el presidente Abelardo De La Espriella, un memorando de entendimiento en energía nuclear civil. Vale la pena decirlo sin adornos: un memorando no transfiere un solo gramo de uranio ni una sola patente. Es, como los que Washington ha firmado con otros siete países desde 2025, un documento protocolario que abre una mesa de diálogo técnico. Su valor no está en lo que autoriza, sino en lo que anuncia: que Colombia entró, formalmente, en la conversación nuclear que Estados Unidos sostiene con el resto del continente.

Ese gesto llega apenas dos meses después de otro hecho más silencioso, pero más determinante: el 10 de junio, el Congreso aprobó la Ley Nuclear, que crea la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN). Como toda infraestructura regulatoria, esta ley no genera un solo megavatio; construye el esqueleto institucional, licencias, estándares, supervisión, sin el cual ninguna tecnología nuclear, por civil y pequeña que sea, puede operar legalmente. En el Plan Energético Nacional 2022-2052, el país se fijó como horizonte el inicio de la generación nuclear hacia 2035, un plazo que la historia de esta industria enseña a tomar con cautela: entre la ley y el primer reactor operando suelen pasar cerca de 10 años.

Aquí es donde el memorando se queda corto. La ley estadounidense, específicamente la Sección 123 de su Atomic Energy Act de 1954, exige que cualquier transferencia real de materiales, equipos o tecnología nuclear esté respaldada por un tratado bilateral distinto: el llamado Acuerdo 123. Sin él, ningún memorando, por bien intencionado, permite comprar combustible de bajo enriquecimiento de origen estadounidense, adquirir componentes certificados de reactor o formar personal bajo licencias compartidas. El 123 es la maquinaria legal; el memorando, apenas su antesala diplomática. Firmarlo es lo que convertiría el diálogo técnico en cadenas de suministro reales: contratos de combustible a 10 o 20 años, repuestos certificados, transferencia de conocimiento operativo, no solo buenas intenciones de cumbre.

Y no se trata de empezar de cero. Colombia lleva más de 60 años en esta relación, aunque a pequeña escala. El reactor de investigación IAN-R1, instalado en Bogotá en 1965 como donación estadounidense dentro del programa Átomos para la Paz, funcionó originalmente con combustible altamente enriquecido. Décadas después, bajo el programa internacional liderado por Washington para reducir el uso de uranio de ese tipo en reactores de investigación en todo el mundo, el IAN-R1 fue convertido a combustible TRIGA de bajo enriquecimiento, también de origen estadounidense. Es, en miniatura, exactamente el tipo de cooperación, combustible nuclear, tecnología, supervisión, que un Acuerdo 123 formalizaría a mayor escala.

El memorando de septiembre y la ley de junio son las dos piezas visibles. La tercera, la que realmente mueve materiales y conocimiento, sigue pendiente de firma.