El discurso sobre la protección de la infancia en Colombia se erigió como una de las banderas centrales de quien hoy habita la Casa de Nariño. Se hace necesario recordar que Gustavo Petro, en su condición de congresista, fue un acérrimo crítico de las operaciones militares en las que, según denunciaba, se ponía en riesgo la vida de niños, niñas y adolescentes en contextos de ataques aéreos. Sin embargo, hoy está llamado a responder por la muerte de siete menores de edad en una operación aérea militar autorizada por su administración.

No es un secreto que la situación de seguridad en Colombia atraviesa un deterioro significativo. Las recurrentes noticias sobre ataques armados, masacres, actos terroristas y homicidios de líderes sociales dan cuenta de un círculo de violencia que solo se compara con los niveles críticos de las décadas de los años 80 y 90. Tal retroceso en materia de orden público compromete gravemente la eficacia del Estado, que hoy opera desde una constante improvisación, donde el Ejecutivo ha olvidado su función esencial de garantizar la vida, honra y bienes de la ciudadanía.

Resulta particularmente relevante recordar que, en el pasado reciente, el entonces senador Petro ofreció diagnósticos y soluciones contundentes frente a la crisis de seguridad. Afirmó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sería desarticulado en los primeros meses de su mandato, criticó con vehemencia las operaciones que derivaran en la muerte de menores y prometió una política de “paz total” efectiva y verificable. No obstante, la realidad actual evidencia un incumplimiento sustantivo de dichas promesas: niños muertos en operaciones militares, miembros de la Fuerza Pública asesinados y comunidades que padecen masacres como si fueran parte de una normalidad institucionalizada.

La incertidumbre se intensifica con la “gestión” gubernamental en materia de defensa. En un intento por demostrar capacidad operacional, el Ejecutivo ha promovido la adquisición de nuevas aeronaves militares, presentándolas como parte de un acuerdo con la industria sueca. Lo que no se cuenta es que estos aviones incorporan componentes o sistemas de origen estadounidense, lo que implica sobrecostos derivados, entre otros factores, del deterioro diplomático entre Colombia y los Estados Unidos, obligando a los colombianos a pagar un precio más alto, por causa del narcisismo y una vez más la improvisación y la contradicción del presidente.

A esto se suma la falta de una estrategia clara frente a los grupos armados y el evidente debilitamiento de la inteligencia militar, lo que ha facilitado ataques contra nuestras tropas y hoy incluso expone a los niños de Colombia.

Los resultados son críticos; en los últimos tres años ha aumentado el reclutamiento de menores de edad a manos de las guerrillas; adviértase que esto no es un hecho aislado, sino un resultado palpable de la fracasada política de “paz total”, política que solo permitió el fortalecimiento e incorporación de nuestros niños, niñas y adolescentes a estructuras armadas criminales, lo que es, por mucho, una violación a los derechos humanos y al DIH.

En este punto, es necesario llamar a la unión de la ciudadanía; pues el país no puede seguir a manos de un narcisista, que solo modifica su discurso según su conveniencia. Es imperativo que los órganos de control supervisen la ejecución de los contratos con la SAAB y sus inminentes sobrecostos. Asimismo, que se brinden las garantías necesarias para evitar el reclutamiento de menores. Colombia no puede seguir a merced de un lunático que no entiende que su contradicción es mortal.