Lo que Luis Felipe Henao reveló sobre Ecopetrol es demasiado grave para despacharlo como otro escándalo más. Habló de 32 casos de presunta corrupción identificados por la auditoría forense y de posibles irregularidades que, si se comprueban, podrían representar un detrimento de billones de pesos. Lo resumió con una frase demoledora: “En Ecopetrol no se robaron un contrato, se robaron el gobierno corporativo”. Henao conoce el proceso desde adentro y seguirá sentado en la Junta. La nueva Junta eligió a Carlos Augusto Suárez como presidente y a Claudia Margarita Lafaurie como vicepresidenta.

Los primeros hallazgos dejan demasiadas preguntas abiertas. Henao ha hablado de presuntos pagos por nombramientos, cargos que habrían sido comprados para direccionar negocios, contratos supuestamente fraccionados para esquivar controles y operaciones relacionadas con gas, paneles solares, mantenimiento y Termomorichal. Hay, además, un elemento que puede ser decisivo para saber qué ocurrió. La información digital y los chats institucionales fueron asegurados. Ahí puede estar buena parte de la historia que falta por contar. Quién habló con quién, qué instrucciones se dieron y qué ocurrió antes de que determinados contratos o nombramientos terminaran aprobados.

La mirada regresa inevitablemente a Ricardo Roa. Fue gerente de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia y después quedó al frente de Ecopetrol. Hoy está acusado por la Fiscalía de tráfico de influencias por un caso que conecta la compra de su apartamento con gestiones que, según el ente acusador, habría realizado desde la presidencia de la petrolera. El inmueble estaba avaluado en 2.727 millones de pesos, pero fue negociado por 1.800 millones, 927 millones por debajo de ese valor.

Por eso, a mi juicio, las cuentas de esa compra abren muchos interrogantes. La escritura firmada en diciembre de 2022 señalaba que el apartamento ya estaba pagado, pero la Fiscalía sostiene que las transferencias se hicieron después, entre 2023 y 2024. En los soportes entregados a los investigadores aparecen consignaciones y transferencias relacionadas con Innova Mercadeo y Logística, empresa constituida por Juan Guillermo Mancera. Según documentos conocidos durante la investigación, esa firma hizo pagos por alrededor de 1.700 millones de pesos. ¿Quién pagó realmente el apartamento de Ricardo Roa y cómo se movieron los 1.800 millones de pesos de la operación? Follow the money.

Mancera aparece también en otro capítulo. No solamente intervino en la negociación del inmueble. Estaba detrás de Gaxi, empresa interesada en el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG. La Fiscalía sostiene que Roa habría utilizado su posición como presidente de Ecopetrol para pedirle al entonces presidente de Hocol que favoreciera a Mancera con oportunidades de negocio. Según la acusación, esa gestión habría ocurrido en dos ocasiones, una de ellas dentro de las propias oficinas de Ecopetrol. Hocol y Gaxi llegaron a firmar un memorando de entendimiento. El proceso avanzó y la Fiscalía radicó escrito de acusación contra Roa.

Durante su administración estalló además el caso Covington & Burling. El contrato original, por 875.000 dólares, fue solicitado por la Junta Directiva para revisar asuntos relacionados con autoridades estadounidenses y situaciones que involucraban a la compañía y a su presidente. La propia Junta aseguró posteriormente que Roa no participó en ese proceso de contratación. Meses después, un otrosí amplió el alcance y llevó el valor del contrato hasta 5,875 millones de dólares, sin que, según la propia Junta, fueran consultados ni ese órgano ni su Comité de Auditoría. Es decir, el valor aumentó en cinco millones de dólares. Las actividades derivadas de esa modificación terminaron suspendidas y lo ocurrido quedó bajo investigación. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades relacionadas con la planeación, celebración y ejecución del contrato y su otrosí. También puso la lupa sobre la retención y preservación de comunicaciones e información que habría alcanzado a unos 70 altos funcionarios, incluidos miembros de la propia junta.

Todo esto ocurrió durante la presidencia de Ricardo Roa. Son demasiados frentes abiertos alrededor de una misma administración como para pasar la página sin saber qué ocurrió realmente. Ahora hay que establecer hasta dónde llegaron las irregularidades, quiénes participaron y cuánto terminaron costándoles a los colombianos.

Siguiendo el hilo, aparece Carlos Julián Caicedo, pareja sentimental de Roa. Su nombre ha sido mencionado en varios testimonios sobre una presunta injerencia en decisiones internas del Grupo Ecopetrol. Lo han señalado de intervenir en la revisión de hojas de vida, recomendaciones para cargos, nombramientos, salidas de personal y asuntos relacionados con contratación. Hay un episodio especialmente revelador. Un exdirectivo aseguró que Caicedo le entregó personalmente la hoja de vida de su sobrino, Leandro Hermosa Cano, y sugirió contratarlo en el Oleoducto de los Llanos Orientales. Según su testimonio, ese perfil no se necesitaba y tuvieron que buscarle dónde ubicarlo.

El mismo exdirectivo aseguró que recibió otras cinco recomendaciones para incorporar personas a la nómina. Otros señalamientos sitúan a Caicedo en reuniones relacionadas con la selección de personas para altos cargos. Caicedo ha negado haber intervenido en contratos o decisiones de la compañía. Pero mi pregunta sigue ahí: ¿qué poder llegó a tener dentro del Grupo Ecopetrol una persona que no ocupaba ningún cargo en la organización y quién se lo permitió?

Entre los personajes de esta historia hay uno del que poco se habla y sobre el que llevo tiempo escribiendo en esta revista. Se trata de Danilo Romero, compadre de Gustavo Petro. Lo advertí cuando pocos miraban hacia él y vuelvo a hacerlo porque Romero ha pasado demasiado tiempo de agache. Su nombre apareció en el escándalo de Cenit después de que un directivo grabara una reunión en la que otras personas le dijeron que un grupo que incluía a Romero y al entonces presidente de Cenit, Alexander Cadena, estaba interesado en mover cargos y direccionar contratos. Durante aquella conversación se habló de “pagar compromisos” de campaña. El directivo rechazó la propuesta y denunció lo ocurrido en la línea ética del Grupo Ecopetrol. Romero y Cadena dijeron posteriormente que sus nombres habían sido utilizados indebidamente y que desconocían la reunión y los ofrecimientos. El audio, sin embargo, dejó una pregunta que sigue vigente: quién estaba intentando mover contratos y puestos dentro de Cenit y con qué propósito.

El compadre de Petro reaparece después en Venezuela. Colven Business & Corp., compañía que fundó en Colombia en 2022 y de la que asegura haberse retirado posteriormente, terminó vinculada a contratos para operar campos petroleros en Barinas y Apure. Según estados financieros conocidos públicamente, Colven reportó para 2024 un patrimonio negativo cercano a 99 millones de pesos y pérdidas aproximadas de 199 millones. Poco tiempo después estaba entrando a negocios petroleros de enorme dimensión en Venezuela. Los campos están ubicados en la cuenca Barinas-Apure, una región con importantes reservas. Eso no significa que Colven tenga derechos sobre todas ellas, pero sí permite entender el tamaño del escenario al que consiguió entrar. ¿Cómo llegó una compañía con semejantes números hasta un negocio de esas características?

Hay que dejar claro que Romero tampoco era un desconocido en la Casa de Nariño. Es amigo de Petro desde hace más de dos décadas y padrino de su hija menor. Su esposa, Ingrid Carolina Plata, es una de las mejores amigas de Verónica Alcocer y durante el gobierno Petro tuvo contratos millonarios con la Presidencia. La cercanía era evidente. Romero estuvo en la celebración del triunfo presidencial de Petro y aparece en los videos de aquella noche junto a su círculo más cercano. Por eso, cuando su nombre aparece también en el episodio de Cenit, esa relación con el poder adquiere otra dimensión y merece ser examinada.

El nombre de Verónica Alcocer abre otro frente. Henao ha dicho que quiere establecer cuál fue la verdadera participación de los llamados “catalanes”, qué relación tenían con ella y si detrás de esas conexiones pudo existir una presunta desviación de poder para favorecer intereses particulares. Queda por esclarecer hasta dónde llegaba esa red, quiénes la integraban, por qué el nombre de Alcocer aparece vinculado a ella y qué papel pudieron jugar sus integrantes en las decisiones de la petrolera.

Uno de los nombres que conduce hacia Alcocer es Manel Grau. Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, relató que Grau se reunió con él cuando estaba en juego su permanencia en la filial y se ofreció a interceder ante Ricardo Roa para evitar su salida. Según Rojas, Grau le habló de su cercanía con Alcocer y del respaldo que tendría esa gestión. Cuando Rojas preguntó qué tendría que dar a cambio, asegura que Grau respondió que nada, aunque mencionó que eventualmente podría pedirle una o dos hojas de vida. Después, siempre según el relato de Rojas, el propio Roa le preguntó por qué había buscado a Manel y vinculó ese acercamiento con el respaldo de la entonces primera dama. ¿Por qué el nombre de Verónica Alcocer aparecía alrededor de una gestión relacionada con la permanencia del presidente de una filial de Ecopetrol?

Por otra parte, surge una referencia particular: “La bailarina”. Esa es la manera como se identifica a una persona en información que ahora está siendo examinada. Cuando le preguntaron directamente a Henao si podía tratarse de Verónica Alcocer, respondió que “eso es lo que se sospecha” y señaló que corresponde a la auditoría y a las autoridades establecerlo. Por ahora no existe una prueba que permita afirmar que Alcocer sea “la bailarina”. Pero ya hay suficientes preguntas sobre su entorno para que esta pista no termine archivada como una simple anécdota. Hay que establecer quién era “la bailarina”, qué papel tenía y hasta dónde llegó su presunta injerencia.

La nueva junta no recibe solamente una empresa obligada a mirar hacia atrás. Tiene además una urgencia: la seguridad energética de Colombia. Henao ha puesto entre las prioridades recuperar la exploración para garantizar la soberanía energética. Una petrolera que no encuentra nuevas reservas compromete con el tiempo su capacidad de producción y de generación de caja. En el caso de Ecopetrol, esa discusión trasciende a la compañía porque también toca las finanzas públicas y el abastecimiento energético del país.

La nueva Junta tendrá que esclarecer lo ocurrido sin perder de vista la operación. Colombia necesita respuestas sobre estos años, pero también necesita que la compañía explore, encuentre reservas y produzca. Las dos tareas llegaron juntas.

De ahí la importancia de Carlos Augusto Suárez, elegido por unanimidad para presidir la nueva Junta. Es abogado de la Universidad Externado, tiene formación en gerencia pública, control fiscal y derecho, y lleva más de quince años trabajando en comunicación estratégica, manejo de crisis y construcción de reputación. Llega además como miembro independiente a una Junta de nueve integrantes con perfiles distintos. Su tarea no será operar un campo petrolero. Será liderar ese equipo, fortalecer los controles y conducir las grandes decisiones estratégicas de la compañía. Después de tantos años de controversias, hay una habilidad que también cuenta: saber comunicar, manejar una crisis y recuperar credibilidad. Suárez tiene experiencia para liderar. Ahora tendrá que convertirla en resultados. Lo demostró llevando a Abelardo De La Espriella a la presidencia.

Ya no hay espacio para seguir administrando escándalos, rumores y filtraciones. Si hubo corrupción, que las pruebas señalen a los responsables y que respondan. Si hubo decisiones empresariales equivocadas que no constituyen delitos, que también se conozcan. La auditoría tendrá sentido si logra establecer qué ocurrió, quiénes participaron y hasta dónde llegaron las responsabilidades.

Al final, todo conduce al mismo punto: ¿quiénes se tomaron Ecopetrol, cómo lo hicieron y cuánto les costó a los colombianos? La respuesta tendrá que salir de las pruebas. El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) marcó al gobierno Petro por la magnitud del entramado que salió a la luz. Pero si las denuncias de Henao se confirman y el detrimento en Ecopetrol alcanza los billones de pesos de los que ha hablado, podríamos estar ante un escándalo todavía mayor, esta vez en la principal empresa del país.

Ecopetrol tiene ahora dos urgencias y ninguna puede esperar. Saber qué ocurrió durante la anterior administración y garantizar que Colombia tenga gas, petróleo y reservas para los próximos años. Limpiar la casa y recuperar el rumbo. Ese es el tamaño de la tarea que recibe la nueva Junta y el desafío que tendrá Carlos Suárez al frente de ella. Solo así la joya de la corona de los colombianos podrá volver al lugar que merece. Quedamos en buenas manos.