La trilogía corrupción, violencia y desigualdades sociales afecta y perturba el desarrollo democrático, porque estos tres factores se retroalimentan recíprocamente y terminan afectando la vida del país, de su gente y los programas de inversión social. En otras palabras, atentan contra la democracia y el bienestar común.
Por lo tanto, una persona demócrata debe caracterizarse, tanto en Colombia como en cualquier otro país del mundo, por tener cero tolerancia con la corrupción, la violencia y las desigualdades sociales, mucho más cuando la corrupción y la violencia, independientemente de dónde provengan, siempre afectan los programas de inversión social en favor de la gente, empezando por los niños y las niñas.
En el caso particular de Colombia, un hecho cada día más palpable es que la existencia de diversos grupos armados ilegales, llámense guerrillas, paramilitares, narcotraficantes o delincuencia común, ha sido un buen pretexto para que en el Estado —o en los diversos gobiernos nacionales, regionales y locales— se hayan desarrollado prácticas corruptas que, al final de cuentas, han terminado afectando los programas sociales en favor de la gente y la propia credibilidad de la población en las instituciones públicas, fortaleciéndose de paso la existencia de dichos grupos armados ilegales y, lo más grave, la cultura de que ser ilegal paga.
Lo anterior, en el caso colombiano, también ha sido un buen pretexto para que algunos sectores de la población justifiquen sus falsas y antidemocráticas tesis de que existe una violencia o corrupción buena o mala según el lado por donde se le mire, olvidando con ello que, en democracia, en cualquier parte del mundo, no podemos hablar de violencia o corrupción buena o mala, porque sencillamente todas son malas y terminan afectando el derecho de la población a vivir mejor, en paz y de manera reconciliada.
De modo que, a lo largo de la historia de los pueblos, incluyendo a Colombia, so pretexto de ser de centro o de izquierda, se han justificado verdaderas barbaridades contra los derechos de la población a vivir en paz y libertad, gozar del respeto integral de sus derechos humanos, tener un buen nivel de vida y ejercer el derecho a pensar y expresarse de manera diferente a los gobernantes de turno o, como en el caso colombiano, frente a los grupos armados ilegales. Igual ha ocurrido con personas en muchos países, incluyendo Colombia, que, so pretexto de seguir manteniendo privilegios privados, sociales o estatales, todo lo justifican contra la población urbana y rural, incluyendo la violación de los derechos humanos y el derecho legítimo de la gente a pensar y expresarse de manera diferente.
Por mi propia experiencia de vida personal, considero que el camino a seguir no es ni lo uno ni lo otro, sino sencillamente el de la democracia y más democracia, pero —ante todo— el de no creer en falsos promeseros y menos en aquellas personas que pretenden justificar los horrores y barbaridades que se han cometido en la historia de la humanidad y, para no ir muy lejos, los hechos crueles que se vienen cometiendo en Colombia por los grupos armados ilegales, así como los diversos actos de corrupción que se han presentado en el Estado colombiano, incluyendo, desafortunadamente, a varios integrantes del Gobierno nacional.
De suerte que el futuro democrático de Colombia, el próximo 31 de mayo, cuando estaremos eligiendo al nuevo presidente o presidenta de la República, no va a depender de una persona que se declare de izquierda, centro o derecha, sino —fundamentalmente— de que en su vida haya demostrado su capacidad de corregir, a fin de contribuir al logro de una Colombia con cero tolerancia frente a la corrupción, la violencia, las desigualdades sociales y la contaminación ambiental; pero, sobre todo, de personas que, antes que ponerse rótulos políticos o sociales, hayan demostrado con su propia historia y experiencia de vida que están libres de odios y resentimientos y que, ante todo, son demócratas integrales.