Hay una noticia buena en la educación superior colombiana y conviene volver a repetirla una vez más, porque no abundan. En 2025 el país llegó a 173.048 docentes vinculados a instituciones de educación superior, la cifra más alta desde que existe la serie del SNIES. La planta docente creció 15,9 %, pero se cualificó mucho más rápido de lo que creció. Eso no ocurre por casualidad, es el resultado acumulado de política pública, de becas, de exigencias del aseguramiento de calidad y de un esfuerzo institucional que costó años y dinero. Viene entonces la letra pequeña, que es la que debería ocuparnos. El nivel de formación del profesor es un indicador cómodo: se mide fácil, se compara con el mundo y nadie lo discute. Pero es un insumo, no un resultado. Un doctor contratado por horas, sin tiempo protegido para investigar y sin acompañamiento didáctico, no transforma el aprendizaje de nadie. La pregunta que el país todavía no se hace en serio no es cuántos títulos acumula su profesorado, sino en qué condiciones enseña. Y ahí aparece el problema de fondo, que a mi juicio es el desafío estructural del sector: Colombia tiene un sistema mixto que hay que valorar y proteger pero también es necesario saberlo gobernar.

Mixto, primero, en su naturaleza. De los 2,72 millones de estudiantes matriculados en 2025, el 43,3 % estudia en instituciones privadas. Ahí hay una porción enorme de los estudiantes de primera generación, trabajadores, de menores ingresos y de regiones apartadas. Sin embargo, la Ley 2568 de 2026 que corrigió una deuda histórica al indexar los recursos al ICES y no al IPC, y que apunta al 1 % del PIB cobija a las instituciones oficiales. Lo mismo ocurre con la política de gratuidad. Digo esto sabiendo que la observación puede leerse como interés propio; asumo el costo de decirla igual, porque el punto no es quién recibe el cheque. Es que un Estado que financia una mitad del sistema y observa la otra tiene, por diseño, un punto ciego sobre casi la mitad de sus estudiantes. Mixto, segundo, en su modalidad. La educación virtual ya representa 716.857 matrículas, el 26,3 % del total: una de cada cuatro. Pero nuestro aseguramiento de calidad, nuestros indicadores y buena parte de nuestra cultura académica siguen pensados en clave presencial. Y conviene notar algo incómodo: la impresionante cualificación de la última década se midió en títulos de posgrado, no en capacidad para enseñar en entornos digitales. Podemos terminar con el profesorado más titulado de nuestra historia y con una didáctica que no corresponde a la modalidad en la que estudia la cuarta parte del país. Mixto, tercero, en su financiación. Conviven el subsidio a la oferta y el subsidio a la demanda, y ninguno de los dos está funcionando bien. La Contraloría advirtió que cuatro universidades concentran el 48 % de las transferencias de la Nación, que la transferencia anual por estudiante va desde 525.777 pesos en un caso hasta 11,4 millones en otro, y que el pasivo pensional de las universidades públicas asciende a 10,3 billones. Al mismo tiempo, el Icetex arrastra una crisis que no es solo de caja, sino de propósito. Y mientras discutimos, los números duros no se mueven. La mitad de los bachilleres no entra de inmediato a la educación superior, seguimos 21,1 puntos porcentuales por debajo del promedio de la Ocde en cobertura, y la deserción en programas técnicos profesionales llega al 17,2 %.

La década que viene no se juega en cuántos profesores tenemos. Se juega en si aceptamos que nuestro sistema es mixto por diseño y no por accidente. Gobernarlo como si fuera uno solo es la manera más segura de desperdiciar la mejor década de cualificación docente que ha tenido Colombia.