El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha decidido posesionarse en el departamento del Cauca, en una guarnición militar. Con ello rompe la tradición republicana de celebrar este acto en el Capitolio Nacional, en Bogotá. La decisión ha generado un intenso debate por razones de seguridad, logística, costo y, sobre todo, por el supuesto mensaje de politización de la fuerza pública y sumisión del poder civil al militar.

El presidente electo tiene pleno derecho a elegir el lugar de su posesión y esa decisión está respaldada por mayorías en el Congreso. Garantizar la seguridad de este acto es deber del Estado. Hasta el momento de la posesión, esa responsabilidad recae en Gustavo Petro, negar el uso de esas instalaciones, siendo aún comandante supremo, no solo sería un acto de obstrucción, seria renunciar a garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Petro, sin prueba alguna, ahora afirma con una teoría conspirativa que la intención de Abelardo es provocar una masacre. Se trata de una acusación irresponsable y resulta paradójico que señale precisamente al Cauca, el departamento donde más masacres han ocurrido durante estos cuatro años de gobierno. Allí, campesinos, comunidades negras, indígenas y la población civil en general quedaron desprotegidos y a merced de los grupos armados que se fortalecieron con la mal llamada “Paz Total”. Por eso, Más allá de la polémica, el gesto tiene un significado profundo.

Petro se resiste a que los uniformados reciban el reconocimiento que se les negó durante su mandato. La fuerza pública fue debilitada, deslegitimada y humillada. El balance es tenebroso: más de 1.100 ataques y más de 300 policías y militares asesinados. Mientras estos héroes arriesgaban su vida sin respaldo, los criminales operaban con el salvoconducto de la “Paz Total”, que frenó la captura de más de 200 delincuentes.

Lo cierto es que toda posesión presidencial está cargada de simbolismo. En 2022, Gustavo Petro, exguerrillero del M-19, convirtió la suya en un acto ideológico al imponer la presencia de la espada de Bolívar, robada por ese grupo terrorista, justo frente al Palacio de Justicia. Ese mismo edificio fue escenario del Holocausto del 6 y 7 de noviembre de 1985, donde el M-19 asesinó a 11 magistrados, funcionarios y civiles. Como congresista estuve presente ese día y fui testigo de un show de reivindicación revolucionaria. La espada representaba esa “causa”, y el discurso estaba cargado de una profunda insensibilidad histórica.

El gesto de Abelardo de la Espriella es distinto. Elegir una guarnición militar en el Cauca es un acto de reconocimiento a la Fuerza Pública y un mensaje claro a la población civil: no están solos y la seguridad será prioridad. Si en 2022 la espada de Bolívar se usó para reivindicar una causa, hoy este acto lo que busca es reivindicar a quienes defienden el orden después de años de erosión. No es un mensaje equivocado, es coherente con el discurso que le dio la victoria. Y a diferencia de Petro, que todo lo dejó en retórica, Abelardo sabrá pasar del simbolismo a la acción, para recuperar el territorio y proteger a la comunidad, especialmente a los niños reclutados, pues es precisamente el Cauca donde se concentra la mayor cantidad de reportes de reclutamiento de menores a nivel nacional.

Dejemos la polémica. La Fuerza Pública no puede seguir siendo objeto de estigmatización ni de abandono. Merece el respaldo institucional pleno de su comandante en jefe. Honrarla no debilita la democracia, la fortalece. Al parecer muchos normalizaron la violencia y la tragedia que vive el Departamento del Cauca. Resulta llamativo que ahora estén indignados porque el Estado haga presencia y a los territorios vuelva la seguridad.