Seamos realistas. Colombia no tiene Fuerzas Militares para abarcar tanto territorio rural y poblaciones controladas por bandas criminales de distinto pelaje. Imposible atender todos los clamores de mayor presencia de soldados y policías en campos, carreteras y calles. No hay tropa ni patrulleros, ni suboficiales suficientes, y reconstruir la imprescindible inteligencia militar y policial demora meses.

En cuanto a recursos, el pútrido petrismo dejó las arcas vacías y decenas de aeronaves sin mantenimiento. Sumado a la falta de drones que obliga a que nuestros policías miren al cielo y recen para que no se los lancen.

Colombia debería denunciar al exministro Iván Velásquez y a Gustavo Petro por debilitar la seguridad del Estado a sabiendas de que el resultado sería más muertos, heridos y secuestrados. El odio, el desprecio que sentían hacia los uniformados, según me decían algunos de sus subordinados, los movió a adoptar decisiones que hoy paga el país con sangre.

Cambiar a la política de mano dura de Abelardo De La Espriella era imprescindible, pero requiere paciencia ciudadana. Imposible dar un vuelco rápido al funesto legado de Petro y tampoco la Fiscalía y otras instituciones estatales son capaces de cubrir las regiones más complicadas. ¿O alguien cree que un fiscal puede ejercer su función de forma independiente en zona roja? ¿O que tiene más poder en esa otra Colombia el Estado que los grupos criminales, si hasta los organismos de ayuda a damnificados deben pedirles autorización para ingresar a su zona ante un desastre?

Aterricemos. Lo primero era rearmar de voluntad y el espíritu de lucha a los cuerpos de seguridad y recobrar el respeto y la disciplina de los soldados. Los cuatro años petristas de incubar el virus de la lucha social en los cuarteles, de ensalzar a las guerrillas y ser condescendientes con los matones, calaron en una soldadesca que desdibujó los principios básicos.

Más de dos décadas después de los tenebrosos e injustificables “falsos positivos”, los males son otros y exigen una nueva radiografía para aplicar remedios eficaces. Sin olvidar que la corrupción sigue viva, no la atacaron. Ni la que roba porcentajes de contratos ni la que cobra por dejar tranquilos a los delincuentes.

El ministro de Defensa y su cúpula están obligados a combatirla con la misma determinación que a los Calarcá, Mordisco o Chiquito Malo de turno. Llevamos años escuchando a policías y militares defraudados por la falta de acción contra mandos ladrones o castigados con falsas acusaciones para sacarlos, desacreditarlos y sepultar las investigaciones.

Tendrían que crear una dirección especial, bajo antiguos militares impolutos, incorruptibles, como el general (r) Rafael Colón, por poner un ejemplo, para recibir denuncias y actuar con absoluta transparencia y neutralidad.

En cuanto a los grandes e imprescindibles operativos contra guerrillas y autodefensas, aunque un presidente no puede admitir de manera pública la imposibilidad de realizarlos a diario por falta de medios, es indudable que está obligado a priorizar objetivos y regiones.

Una manera sería escoger poblaciones empeñadas en salir adelante con economías lícitas en lugar de atender, como siempre, a las reacias a cambiar de rumbo, solo porque generan más violencia y titulares.

Planadas, en el sur del Tolima, confrontó a los mineros salvajes por su anhelo de seguir siendo cafeteros. No permitió la entrada de maquinaria amarilla en sus kilómetros del río Saldaña, a diferencia de su vecino Ataco, de tradición minera artesanal e invadido, desde 2024, por una horda de unos 3.000 mineros llegados de otros departamentos. Y cuentan con una gobernadora, Adriana Magali Matiz, que habla duro contra las plagas del oro de sangre y las tres disidencias de las Farc, y lleva años pidiendo una macrointervención militar.

Por fin esta semana lanzaron un considerable operativo, pero sin continuidad hasta eliminar la última retroexcavadora y sin instalar un batallón de alta montaña en Planadas para cortar el corredor estratégico hacia Cauca y Huila, e intensificar la presencia del Ejército en toda el área, volverán a las andadas. Además, sería necesario aplicar la extinción de dominio a las fincas que permitieron que iniciaran la explotación del Saldaña desde sus predios.

De esa manera conseguirían que no se fortalezcan la Segunda Marquetalia, la Gerónimo Galeano de Mordisco y los frentes de Calarcá, y acrecienten su presencia en los huilenses Teruel, Santa María y Palermo, que solo está a 17 kilómetros de Neiva.

Sin dejar de lado que, pese a la importancia de intentar recuperar una zona de manera permanente, solo representa una pequeña parte del mapa de la Colombia que se desangra y que rara vez preocupa a Bogotá. Piensen que solo en el Huila también piden otro batallón de alta montaña en La Plata, y que en ninguno de los pueblos mencionados hay matas de coca.

Continuará.