“Quien escribe la historia se convierte en su dueño”. Esta frase es una realidad indiscutible en el mundo de la literatura y la narrativa. El autor tiene el poder absoluto de decidir qué se recuerda, qué se olvida, quién es el héroe y quién es el villano. A lo largo de los siglos, este concepto ha tenido un impacto profundo en la forma en que entendemos el mundo, ya que sirve para imprimir en la mente de una sociedad la perspectiva de los vencedores de las guerras y de los conflictos, moldeando la narrativa a su favor y silenciando a los vencidos. Así, se ejerce un control sobre la verdad, pues al escribir se elige qué detalles incluir y cuáles omitir, lo que puede transformar por completo la percepción de un evento real. El filósofo marxista Antonio Gramsci sostenía que quien controla la cultura, el lenguaje y la educación termina dominando políticamente.
En el caso de Colombia, el panorama sobre la historia que se escribe es confuso, tanto como lo es definir quién es el vencedor y quién es el vencido en este juego de la guerra y de la paz que ha marcado la vida nacional, especialmente en la última década. El afán de encontrar la verdad y de plasmarla cobró insistencia a partir de la firma de lo que llamaron “el mejor acuerdo posible”. Esto sin olvidar la cantidad de textos —con el sello de una oveja negra, entre otros— sobre la lucha latinoamericana y las ideas marxistas que inundaron las aulas escolares y universitarias en los años 60 y 70, alimentando a muy bajo costo las diferencias que hoy parecen irreconciliables entre dos formas de pensar la construcción del país.
Ciertamente, quienes defienden la transformación del país hacia el cooperativismo, la igualdad económica, la estatización y la abolición de la propiedad privada han sido más prolíficos al plasmar su visión en obras y escritos. Su narrativa suele ir en detrimento de la contraparte, a la que presentan como corrupta, violenta, excluyente, esclavista y subordinada a intereses extranjeros o capitalistas. En esta estrategia, las editoriales de algunas universidades públicas han hecho un aporte significativo. A este esfuerzo se suman diversas estructuras sociales bajo la fachada de organizaciones no gubernamentales, las cuales hallaron en el desarrollo del conflicto una lucrativa fuente de ingresos. En contraste, las obras y los escritos publicados por sectores oficiales o por personas con un fuerte sentido democrático son escasos y no cuentan con la difusión suficiente. En ocasiones, el acceso se ve limitado por sus altos costos, mientras que lo poco que logra circular cae en el espectro de la indiferencia que caracteriza a nuestra sociedad.
En la construcción de la memoria histórica de nuestro país, los actores son numerosos. Gracias a su gran esfuerzo, se han ido desmontando elementos que por décadas moldearon el sentir del colombianismo puro, aquel heredado de los relatos épicos de la resistencia indígena durante la Conquista y de las batallas libertarias de nuestros próceres de la Independencia. Poco se dice, pero es una realidad que hoy la Nación es víctima de un nuevo conflicto que ha transformado sus formas y medios: la sociedad colombiana se enfrenta ahora a una guerra cultural que sustituye progresivamente la guerra ideológica que antes se libraba con fusiles en los campos de la patria.
La lucha por las mentes de los colombianos comenzó hace muchos años y ha tomado una ventaja enorme, difícil de revertir. Además de las narrativas construidas en las aulas de colegios y universidades, el país se ha venido llenando de hitos de memoria, representados en placas y monumentos, incluso dentro de unidades militares, en virtud de sentencias emanadas de autoridades judiciales de todo nivel y de aquellas emitidas por organismos multilaterales como la OEA a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia donde el Estado colombiano normalmente pierde las demandas en su contra.
En el año 2012, durante la alcaldía de Gustavo Petro en la capital de la República, se creó el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Aunque en esencia en ese centro se busca promover una cultura de paz y de derechos humanos orientada a todas las víctimas del conflicto armado, diversos sectores señalan que allí no figuran con la misma relevancia los miembros de la Fuerza Pública reconocidos por la Ley 1448 de 2011 ni las víctimas del accionar de los grupos alzados en armas. Para estos críticos, se proyecta una sola óptica de la historia y un relato a medias, dejando a la verdad como otra víctima.
La Plaza de Bolívar es otro escenario de la guerra cultural, de la batalla de las narrativas. Los guías urbanos que acompañan a los turistas que visitan ese sector de Bogotá escuchan con mucha atención el relato de cómo los militares se tomaron a sangre y fuego el Palacio de Justicia y masacraron a magistrados, empleados y visitantes. Cuando hacen la parada frente a la Casa del Florero, la presentan no en el contexto de lo sucedido el 20 de julio de 1810, sino como el lugar desde donde se ordenaron las desapariciones de los sobrevivientes.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad inició sus funciones en 2018, dando cumplimiento a lo pactado en los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. A mi juicio, el informe final de esta comisión otorgó un peso desproporcionado a las responsabilidades del Estado y de los grupos paramilitares, mostrando una menor rigurosidad frente a los crímenes cometidos por la guerrilla. Esta falta de equilibrio y el evidente sesgo ideológico por parte de la dirección de la comisión y su equipo de trabajo, lejos de propiciar un consenso que facilitara la reconciliación nacional, profundizaron las divisiones y la polarización en la sociedad colombiana respecto a la narrativa histórica del conflicto.
Si el trabajo de la Comisión de la Verdad fue cuestionable, el camino por el cual transita la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no será diferente. El sesgo ideológico y la falta de equilibrio en favor de los comparecientes de las Farc, aunados a las denuncias de presiones de las cuales son víctimas la mayoría de los comparecientes de la Fuerza Pública, generan una enorme preocupación sobre la verdad que en esa instancia judicial se está construyendo.
El escándalo mediático de las piezas desmontadas en el Museo Nacional refleja otro capítulo más en esta confrontación ideológica por la forma como se quiere contar la historia. Aquí, al final, el problema no es lo que se cuelga en una pared o que, dentro de ese relativismo cultural, se considere obra o no. El problema real es el relato que se cuenta a partir de un afiche, de un brazalete o de una bandera. El problema es pretender idealizar a una organización o a una persona contando la parte bonita de la historia y ocultando lo que no conviene para el propósito. La historia es la historia, sea buena o sea mala, y se debe contar completa. Mark Twain dijo alguna vez: “La verdad a medias es la más cobarde de las mentiras” y eso es lo que se está contando a las nuevas generaciones… la más cobarde de las mentiras.
Desde el gobierno de Gustavo Petro, se han aprovechado los espacios culturales y académicos para fortalecer las acciones orientadas a penetrar en el sentimiento y el pensamiento de los colombianos, especialmente de los más jóvenes. Sin embargo, se está contando una historia que deja en deuda el sacrificio de miles de hombres y mujeres, tanto civiles como de la Fuerza Pública, que perdieron la vida o fueron heridos como víctimas de las acciones criminales de los grupos armados. Estas organizaciones, que inicialmente pretendieron tomar el poder mediante la lucha armada, vieron sus ideologías sucumbir ante la ambición por las riquezas que proporcionan el narcotráfico y la minería criminal, pero aún mantienen una fuerte influencia en la mente de un sector importante de los colombianos. De allí la importancia de lo que está haciendo el Gobierno actual a través del Ministerio de Cultura.
Es tiempo de contar la historia completa, con rigor, con equilibrio y sin sesgos; hacer un relato donde a cada actor se le atribuya lo que hizo, sin pretensiones diferentes a la de mostrar la verdad. Solo así, exponiendo la verdad, nos podremos aceptar, perdonar y reconciliar para, por fin, pensar en un país en paz. Contar medias verdades solo alimenta los resentimientos y de eso ya estamos cansados.
El perdón no significa olvido. El hecho de que una persona o una organización haya firmado la paz, haya sido amnistiada o cumplido su pena, no borra los crímenes cometidos. Es imperativo que se haga la corrección histórica, como bien lo ha sugerido el señor mayor general de la reserva del Ejército Nacional, Javier Fernández Leal, en su artículo del diario Occidente el pasado 22 de octubre, para que las generaciones actuales y venideras hagan sus propios juicios, tengan los argumentos para decidir por sí mismas y no se les imponga un pensamiento a partir de una historia mal contada.
PD: durante el triste capítulo del llamado estallido social en varias ciudades del país, en Bogotá el imponente Monumento a los Héroes —obra icónica de la capital de la República que contenía el relato de la gesta de la independencia y de los próceres protagonistas— fue vandalizado, saqueado y, con el beneplácito de la alcaldesa progresista del momento, posteriormente demolido. Hoy, el Bolívar ecuestre, después de su reparación, reposa en el Parque de la Independencia, sin una placa, sin un relato, como testimonio solitario de la ingratitud y del olvido. De los demás próceres, solo Dios conocerá sus nombres si no se recupera la memoria histórica de nuestro país. El Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Bogotá están en deuda con la historia, y lo estarán hasta tanto no se reponga el Monumento a los Héroes de la patria.