De un lado, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, con una Patria Milagro basada en la seguridad, la prosperidad y el respeto a nuestras Fuerzas Militares, esos héroes de la patria que merecen un presidente que los respalde. Del otro, Iván Cepeda y su historial comunista y de complicidad con el narcoterrorismo. La diferencia es abismal.

La Patria Milagro no es un eslogan de campaña. Hay que dejar claro que es un programa concreto que propone reducir el tamaño del Estado en un 40 % eliminando ministerios innecesarios, fusionando entidades duplicadas y recortando la burocracia que se traga la plata pública, con una meta de ahorro de entre 25 y 30 billones de pesos anuales. Esos recursos no desaparecen en un hueco fiscal sino que se redirigen a infraestructura, agroindustria, energía y conectividad en las regiones que el centralismo bogotano lleva décadas abandonando. El programa fija metas concretas para cuatro años: tres millones de empleos nuevos, reducción de la pobreza en un 20 %, disminución de la violencia en un 50 % y un millón de familias convertidas en propietarias de vivienda. En el sector rural proyecta habilitar dos millones de nuevas hectáreas productivas con 600.000 empleos directos e indirectos y atención a tres millones de familias campesinas.

La Patria Milagro también tiene una promesa urgente en salud y en el combate a la corrupción. Cuatro años de gobierno Petro dejaron un sistema de salud intervenido, desfinanciado y al borde del colapso, con clínicas sin pagar y pacientes sin atención, sin medicinas víctimas de una reforma que buscaba acabar con las EPS sin tener nada concreto para reemplazarlas. De la Espriella propone rescatar ese sistema y devolverle la estabilidad financiera que Petro le destruyó.

Sobre la corrupción, su posición es igualmente directa: crear un bloque de búsqueda contra la corrupción, que dependería directamente de la Presidencia, extinción de dominio exprés, persecución de recursos ilícitos y uso de blockchain en la contratación estatal para blindar la transparencia. Para De la Espriella, la corrupción es una de las formas más graves de traición a la patria. Y tiene razón.

Por otra parte, la seguridad es el eje central de ese programa y De la Espriella no negocia en ese terreno. El plan propone destruir las 330.000 hectáreas de coca usando todas las herramientas legales disponibles, fumigación aérea y extradición incluidas, construir diez megacárceles en diferentes regiones para acabar con la puerta giratoria que devuelve criminales a la calle por falta de cupos, reactivar bombardeos contra campamentos de grupos armados y fortalecer la inteligencia y la judicialización. Es la política del Estado que recupera territorio, no la del Estado que lo entrega a cambio de ceses al fuego que los grupos narcoterroristas usan para reagruparse, fortalecerse, crecer y traficar mientras el gobierno mira para otro lado.

Para ejecutar ese programa, De la Espriella eligió como fórmula al académico José Manuel Restrepo, el gran economista y estadista que fue ministro de Comercio y de Hacienda, rector de varias universidades y con una trayectoria intachable. Conoce los mercados de inversión, los organismos multilaterales y las necesidades reales para devolverle al país la credibilidad fiscal que el gobierno Petro destruyó en cuatro años. José Manuel será el profesor de todos los colombianos y es la persona idónea y con la hoja de vida para sentarse con los inversionistas que Colombia necesita con urgencia.

Del otro lado está el personaje oscuro y maquiavélico, Iván Cepeda, y los hechos hablan por sí solos.

Los archivos recuperados de los computadores de Raúl Reyes, el segundo al mando de las Farc abatido en Ecuador en marzo de 2008, muestran que el nombre de Cepeda aparece en documentos que indican contactos con la guerrilla para buscar su participación en convocatorias de protestas, entre otras. Una investigación periodística independiente concluyó que esa mención no fue un montaje. La Corte Suprema declaró ese material ilegal como prueba judicial pero no cuestionó la veracidad de su contenido. La Interpol certificó que su contenido no fue manipulado en ningún momento; es decir, es real. Esto no se puede pasar por alto y más cuando se trata de un candidato presidencial.

Cepeda defendió a capa y espada al narcoterrorista Jesús Santrich, el comandante guerrillero capturado en 2018 por conspirar para enviar diez toneladas de cocaína a Estados Unidos. Cuando Santrich e Iván Márquez abandonaron los acuerdos, volvieron a las armas y fundaron la Segunda Marquetalia, Cepeda convenció al gobierno Petro de mantenerles la puerta abierta a una nueva negociación. Un narcoterrorista que traicionó la paz y regresó al tráfico de cocaína mereció, para Cepeda, una segunda oportunidad. Hasta lo recogió a su salida de la cárcel. Ese criterio político dice más sobre sus lealtades que cualquier declaración de campaña. Y ni hablar de su cercanía con el criminal Iván Márquez, quien lo llamó en pleno debate en el Congreso sobre la creación del partido político de las Farc. Ese solo precedente debe encender todas las alarmas, porque muestra claramente su complicidad y cercanía con este tipo de bandidos. No defenderá a los colombianos del narcoterrorismo que sus amigotes aplican, sino que disfrazará todo bajo procesos de paz chimbos para brindarles garantías a los criminales, mientras los colombianos de bien no las tendrán. Así ha operado y operará.

Sobre Venezuela, Nicaragua y Cuba, Cepeda guarda un silencio que lleva más de una década. Este hombre que ha construido su carrera denunciando violaciones de derechos humanos en Colombia no ha encontrado palabras para las peores violaciones de América Latina bajo esos regímenes. Amnistía Internacional, la CIDH y la ONU han documentado en Venezuela desapariciones forzadas, torturas, asesinatos de manifestantes y un éxodo de más de ocho millones de personas. En 2017, más de tres meses después de que la represión del chavismo acumulaba 119 manifestantes muertos, hubo miles de opositores perseguidos y más de 19.000 detenciones por motivos políticos en Venezuela. Cepeda hizo el pronunciamiento más ambiguo que se le conoce contra ese régimen: dijo que “condena las violaciones de derechos humanos vengan de donde vengan”. Eso fue todo. Exigente con Colombia, indulgente con las dictaduras que son sus aliadas ideológicas.

La constituyente completa el cuadro. La incluyó en su programa original como mecanismo central y tras quedar segundo en primera vuelta borró la palabra del documento, un cambio que muchos calificamos como extremo, para empezar a hablar de acuerdo nacional. Pero cuando le preguntaron directamente si la descartaba, respondió que es una posibilidad. No la cerró, la guardó. En América Latina ese libreto tiene un historial clarísimo. Chávez en 1999, Correa en 2007, Maduro en 2017. Se llega con votos, se hacen elegir con la constitución vigente, se convoca la constituyente, se cambian las reglas del juego y no se van nunca. Se toman las instituciones, se captura la justicia y el país que entra democrático sale convertido en otra cosa. Cepeda sabe exactamente lo que significa ese mecanismo. Por eso no lo suelta.

Si no piensa tocar la Constitución, ¿por qué no decirlo claramente? Si no tiene intención de abrir esa puerta, ¿por qué no cerrarla de una vez?

Los colombianos tienen derecho a exigir claridad absoluta sobre el futuro de la Constitución de 1991.

Colombia tiene la opción de elegir a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, con un proyecto claro de nación, seguridad sin concesiones, desarrollo regional real y el equipo económico que este país necesita para salir del hueco que dejó el petrismo. O puede elegir a un candidato con vínculos documentados con las Farc y el ELN, defensor de narcoterroristas, cómplice del silencio frente a Venezuela, Nicaragua y Cuba y portador de una constituyente que guarda bajo el brazo esperando el momento.

Yo ya decidí. Voté en el exterior por El Tigre Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Por la democracia, por la seguridad, por la Patria Milagro. Y lo invito a que usted haga lo mismo este 21 de junio. Hay que salir masivamente a votar, que no se quede nadie en casa. El Mundial puede esperar, perder la democracia en las urnas no, porque recuperarla después será mucho más difícil. Colombia merece un presidente que enfrente a los narcoterroristas, no uno que los defienda.