El Pacto de Benidorm (España), firmado en 1956 entre Alberto Lleras (liberal) y Laureano Gómez (conservador), dio inicio al denominado Frente Nacional, período de 16 años durante el cual los dos partidos políticos se repartían la presidencia de la república y los escaños de las dos cámaras, lapso de nuestra historia al cual se refieren algunos analistas como ‘la institucionalización de la corrupción’; el último de los presidentes de este Pacto político excluyente fue el conservador Misael Pastrana Borrero (1970-1974).

Alfonso López Michelsen, fundador del MRL (Movimiento Revolucionario Liberal), fue elegido para el periodo (1974-1978) y el Acto Legislativo 1 de 1975 dispuso que 18 años se convertía en la edad para ejercer el derecho al sufragio y otorgaba la mayoría de edad, lo cual posiblemente buscaba introducir a la juventud en la lucha por el poder, por ser una población fácilmente manipulable, debido a la falta de madurez y experiencia de muchos jóvenes.

La Ley 27 del 26 de octubre de 1977, fijó definitivamente la mayoría de edad a los 18 años. Para las elecciones de 1978, donde fue electo el liberal Julio César Turbay Ayala (1978-1982), el país contaba con 24’9 millones de habitantes en 1978 (Datosmacro.com), con un censo electoral de 12’5 millones de personas; lo anterior indica que mientras la población creció desde 1974 un 8.6% (22’8 millones a comienzos de 1974), el censo electoral se disparó un 40,3%, debido a la inclusión de los jóvenes.

Así se genera el entuerto que ha enredado a jóvenes incautos, ha potenciado a terroristas profesionales y ha motivado a partidos de izquierda a interpretar libremente la ley, para hacer particularmente de algunos colegios y universidades públicas el fortín del caos, la anarquía y por consiguiente, de la violencia. Es importante dejar claro que la Constitución Política no impide a la fuerza pública entrar en las instalaciones de educación para restablecer el orden cuando este sea perturbado y la ley 30 de 1992 habla de la autonomía universitaria, que se relaciona únicamente con la libertad académica.

Los zurdos han creado un sofisma de distracción alrededor del tema de la supuesta prohibición de entrada de la fuerza pública a las universidades para perseguir a los delincuentes, únicamente para hacer de estas instalaciones un templo de protección a los bandidos que encapuchados atacan a la población y a la fuerza pública hasta con explosivos, tratando de asesinar personas y crear el caos, pero también para impedir la acción de la justicia frente a los vándalos. La fuerza pública no tiene ningún lugar vedado en todo el territorio nacional para actuar, así haya miembros del poder judicial que lo desconozcan.

En el país hay leyes y normas que buscan proteger a los menores, pero cuando estos menores son delincuentes o asesinos, es increíble que haya quienes impidan que se les aplique el peso de la justicia, como ocurrió con el asesinato de Miguel Uribe, pues el homicida seguramente quedará libre en poco tiempo y el crimen del senador quedará en la impunidad. Lo mismo ocurre cuando se capturan menores de edad con armas con las cuales asesinan campesinos, soldados o policías; estos menores saben lo que es matar, pero también saben que la justicia no los castigará por sus crímenes. Esto se debe acabar, pues la justicia debe imperar.

La izquierda ha estado muy activa con el tema de la penetración en la educación y es por ello que muchos jóvenes irreflexivos son fácil presa de ideólogos zurdos, especialmente cuando estos son sus profesores; FECODE está politizada, como lo ha dejado claro Domingo Ayala, presidente del sindicato, cuando anunció movilizaciones en apoyo a Petro por las decisiones del CNE en su contra, a lo que ahora se suma el promover, con la CUT y el Pacto Histórico, la realización de un paro nacional el próximo 14 de octubre, para “hacerle invivible este país a Abelardo de la Espriella”, como lo mencionó la secretaria política de la juventud comunista de Colombia (JUCO). Si no se acaba la politización de la educación no habrá paz en el país.

El doctor Alejandro Arbelaez Arango señala que para acabar con la violencia que generan los desadaptados “no debe haber más encapuchados en las universidades públicas”, lo cual coincide con las precisiones del presidente De la Espriella, donde deja claro que “la autonomía universitaria no es una patente de impunidad”. Sin duda, se requiere darle apoyo total a los profesores y a los estudiantes que cumplen fielmente con su labor, mientras que se debe combatir frontalmente la violencia que generan los vándalos desde los claustros académicos, siendo o no estudiantes de los mismos.

El eslabón más débil de la cadena por el poder lo componen los jóvenes que aún se encuentran en proceso de formación y su manipulación para el logro de fines políticos es perversa y afecta la seguridad y la estabilidad de la nación; el gobierno debería impedir que las aulas sean empleadas como medio de ‘transformación ideológica inadvertida’ de las juventudes, pues de acuerdo al Foro de Sao Paulo la educación y la cultura son campos estratégicos de la lucha política e ideológica de la izquierda para lograr el poder. Así consiguen incitar a la juventud para conformar terrorismo a partir de grupos delincuenciales como la mal llamada ‘primera línea’.