Colombia lleva cuatro años desangrándose en silencio mientras quienes mandaban se regodeaban en el poder. El 21 de junio eso termina. No por decreto, no por milagro, sino porque un pueblo que aguantó lo inaceptable va a meter la mano en una urna y escribir, de una vez, el punto final de la noche más larga de su historia reciente. Ese día no es una elección más. Es el día cero.
Las campañas de esta segunda vuelta tuvieron una textura distinta. Las plazas se llenaron, los eventos públicos desbordaron aforos, pero la gente no llegó a celebrar, sino a exigir. En ciudades intermedias, en municipios que el Gobierno central olvidó, en veredas donde la paz total no trajo paz, sino más sangre, la gente salió con algo más que banderas: salió con cuentas pendientes. Con el recuerdo de un medicamento que no llegó, de un familiar asesinado en zona roja, de un contrato que se evaporó, de una empresa que cerró. Los actos de campaña tuvieron la densidad emocional de un pueblo que sabe que esta vez el error no tiene segunda oportunidad. Colombia se está movilizando con la memoria activa.
Esa memoria tiene nombres y fechas. Tiene escándalos con número de radicado. Tiene audios, chats filtrados, decretos firmados a medianoche y contratos que viajaron al exterior sin explicación. El saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los 15.000 millones de los audios de Benedetti, el polígrafo a la niñera Marelbys, el ‘Pacto de La Picota’, los títulos falsos de Juliana Guerrero, la parranda de los gestores de paz. Más de noventa escándalos documentados en cuatro años. No es una lista de rumores. Es el inventario de un Estado capturado.
Pero hay capítulos que superan el escándalo y rozan la tragedia. Miguel Uribe Turbay fue una de ellas. Un hombre con nombre, con historia, con familia, cayó mientras este Gobierno llamaba paz a lo que era rendición. Esa muerte es la cara humana de un proyecto que negoció con el crimen y dejó morir a los ciudadanos. Y alrededor de esa tragedia central se acumulan las demás evidencias del desastre. El decretazo que liberó a la primera línea. El nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz. El falso cese bilateral con el ELN. La caravana de camionetas de la UNP protegiendo a un comandante guerrillero. El tarimazo de Petro con criminales en junio de 2025. Colombia no tuvo paz total. Tuvo paz de papel y guerra de verdad.
En ese contexto llegan los votos históricos del exterior. Los colombianos en España, en Estados Unidos, en Chile, en México, votaron en primera vuelta con una determinación que no se veía desde hace años. Quien vive fuera conoce la diferencia entre un Estado que funciona y uno que no. Quienes cruzaron el Atlántico saben exactamente lo que se perdió. Y votaron en consecuencia. Esos votos no son estadística. Son el juicio de quienes comparan.
El 21 de junio, quien gane la presidencia recibirá un país en cuidados intensivos. Recibirá una economía con el paso cansado, una Fuerza Pública desgastada por años de órdenes contradictorias, una clase empresarial que aprendió a sobrevivir al margen del Estado, una ciudadanía desconfiada de las instituciones y un mapa de seguridad donde el crimen organizado recuperó territorios que costaron décadas arrancarle. Recibirá también el peso moral de haber ganado frente a un proyecto que intentó normalizar el caos, institucionalizar la corrupción y llamar revolución a lo que fue simplemente el desorden del poder.
Día cero no significa tabula rasa. Significa responsabilidad total. Significa que quien llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto no hereda un Gobierno, sino los daños de un Gobierno. Y que Colombia, con toda su fatiga, no le pedirá milagros de inmediato, pero sí le pedirá algo que escasea en estos tiempos: que diga la verdad, que gobierne para todos y que recuerde, en cada decisión, el precio que este país pagó por olvidar para qué existe el Estado. Esa es la deuda que el próximo presidente debe saldar. No con un discurso. Con resultados.
Pero la responsabilidad no es solo del próximo gobierno. Es de todos. Colombia es una república con instituciones que, a pesar del asedio, siguen en pie. Instituciones que merecen ser defendidas, fortalecidas y blindadas frente a quienes buscan capturarlas o corroerlas desde adentro. El Estado social de derecho no es una frase en la Constitución. Es el pacto que nos sostiene como nación. Y ese pacto solo se honra cuando los ciudadanos lo exigen, cuando la sociedad civil lo vigila y cuando quienes gobiernan entienden que el poder es un mandato, no una conquista.
El día cero empieza el 21 de junio a las cuatro de la tarde, cuando cierren las urnas. Lo que Colombia construya desde ahí dependerá de si la memoria de estos cuatro años pesa más que la promesa de otros cuatro iguales. Dependerá también de si los colombianos, dentro y fuera del país, asumen que defender la democracia no es un acto esporádico de campaña, sino una obligación permanente de ciudadanía. El país lo sabe. Las plazas lo saben. El exterior lo sabe. Ahora falta que las urnas lo digan, y después de las urnas, que cada uno de nosotros lo sostenga.