Colombia cerró 2025 con 2.723.364 estudiantes en la educación superior, la cifra más alta de su historia. Es una buena noticia y conviene celebrarla con cautela. Un promedio nacional también es una forma elegante de esconder las brechas y la más persistente de todas tiene coordenadas: el Caribe.

Mientras la tasa de cobertura en educación superior del país llegó a 56,5 % en 2025, en Bolívar fue de 40,2 %. En Magdalena, 33,2 %; en Sucre, 26,5 %; en Córdoba, 24,2 %; en La Guajira, 21,1 %. Solo el Atlántico supera el promedio nacional. Dicho sin rodeos: en La Guajira la cobertura no llega ni a la mitad de la del país.

La pregunta incómoda es otra: ¿para qué está formando la región? Si el desempleo juvenil sube mientras crece la matrícula, el problema no es solo de acceso. Es de pertinencia. Los datos internacionales son elocuentes: entre 2022 y 2026, la reputación de las universidades latinoamericanas ante los empleadores cayó en promedio 298 puestos en la medición de QS. Los estudiantes lo saben: el 48 % prioriza la tasa de empleo de los egresados al elegir un programa. Un título que el mercado no reconoce es una promesa incumplida y, en una ciudad con un tercio de su población en pobreza, una promesa incumplida se paga cara.

Lo que el Caribe necesita no es más diagnóstico; de eso tiene de sobra. Necesita decisiones. Una meta territorial, no solo nacional. El país debería medir su política de educación superior por la brecha que cierra, no por el promedio que alcanza. Cerrar los 16 puntos que separan a Bolívar del promedio nacional exige llevar oferta adonde no la hay: el sur de Bolívar, los Montes de María, la zona insular y los corregimientos de Cartagena. Eso significa combinar sedes, centros tutoriales y modalidades virtuales e híbridas, que en 2025 fueron las de mayor crecimiento en el país.

Un pacto universidad-empresa con nombre propio. El Caribe tiene sectores que demandan talento con claridad: los puertos y la logística, la industria, el turismo y la economía creativa. Universidades, gremios y gobiernos deberían definir juntos las competencias que esos sectores necesitan y codiseñar programas y certificaciones a partir de ellas. Y medir: un observatorio público que diga, programa por programa, cuántos egresados consiguen empleo y en qué condiciones. La confianza de los empleadores no se pide; se demuestra con evidencia.

Formación corta, flexible y apilable para quienes ya trabajan. Muchos de los ocupados en el Caribe están en el nivel de informalidad. Para ellos, cinco años de carrera presencial no son una opción real. Microcredenciales que reconozcan saberes previos, se sumen hacia un título y se puedan cursar sin dejar de trabajar son la vía más realista de movilidad social para miles de adultos de la región.

Inteligencia artificial y bilingüismo como alfabetización básica. Una región que vive del turismo y del comercio exterior no puede graduar jóvenes sin inglés ni sin las herramientas digitales con las que ya trabajan sus empleadores. Formar para usar, comprender y evaluar la IA debe estar en todos los programas, no solo en los de ingeniería.

Calidad desde la media y permanencia hasta el grado. La universidad no puede seguir heredando las brechas del colegio sin intervenirlas. La articulación de la media con la educación técnica y superior, el acompañamiento académico en el primer año y los apoyos de permanencia valen tanto como la gratuidad de la matrícula: abrir la puerta sirve de poco si el estudiante sale por la ventana en el tercer semestre.

El Caribe no necesita compasión del centro del país ni más discursos sobre su potencial. Necesita que sus jóvenes no tengan que irse para estudiar ni estudiar para quedarse sin empleo.