Cepeda no defiende la soberanía: defiende la impunidad de un solo hombre. Esa es la clave que conviene no perder de vista en su anuncio de desobediencia civil.
Lo que Cepeda planteó este martes 30 de junio no fue una declaración improvisada. Fue el inicio de un libreto que viene construyendo desde que perdió en la segunda vuelta presidencial. Primero desempolvó la doble nacionalidad de Abelardo De La Espriella, cuando el Consejo Nacional Electoral ya había resuelto el asunto. Después insinuó que el presidente electo es colaborador de agencias estadounidenses, sin una sola prueba. Ahora da el paso final y llama a sus más de doce millones de votantes a desconocer la autoridad del Gobierno entrante si no se cumplen condiciones que él mismo inventó. Cada episodio es un peldaño hacia el mismo objetivo: instalar en la opinión pública la idea de que el resultado del 21 de junio puede revertirse por la vía de la presión callejera, no por la vía democrática que ya se agotó en las urnas.
El argumento central de Cepeda es jurídicamente débil. Exige que De La Espriella renuncie a una nacionalidad estadounidense antes de posesionarse, como si la Constitución colombiana lo exigiera. No lo hace. El artículo 191 establece los requisitos para ser presidente y la doble nacionalidad no figura entre los impedimentos, mucho menos cuando el CNE ya resolvió esa controversia hace semanas. Inventar una causal de ilegitimidad que la ley no contempla no es defensa de la institucionalidad, es manipulación de ella.
El segundo argumento es aún más frágil. Cepeda pide que se frene cualquier proceso de extradición contra Petro alegando persecución política. Pero la pérdida del fuero presidencial el 7 de agosto no es persecución, es el funcionamiento normal del Estado de derecho. Ningún expresidente colombiano queda blindado frente a la justicia al dejar el cargo: ni Samper, ni Uribe, ni nadie. Además, ningún presidente puede negarse a dar trámite a una solicitud de extradición presentada por otro Estado cuando la persona requerida ya no ostenta fuero constitucional ni las prerrogativas propias del cargo; hacerlo implicaría desconocer los compromisos internacionales y el marco jurídico vigente. Pedir un trato distinto para Petro es pedir un privilegio, no una garantía constitucional.
Ahí está la hipocresía de fondo. El mismo sector que durante años exigió justicia transicional sin impunidad, que celebró extradiciones de paramilitares y narcotraficantes, hoy exige inmunidad de facto para su propio líder. La coherencia ideológica se evapora cuando el investigado es el jefe del Pacto Histórico.
El tercer problema es el más grave. Llamar a la desobediencia civil contra un gobierno electo democráticamente, con doce millones de votos como capital político, no es resistencia pacífica, es deslegitimación preventiva. Cepeda no está pidiendo respeto a la ley, está organizando el desconocimiento de la autoridad antes de que esa autoridad tome una sola decisión. Eso sienta un precedente peligroso, porque convierte cada derrota electoral futura en una invitación al desacato si el resultado no conviene.
Y hay un cuarto argumento que pocos quieren nombrar. Si la justicia estadounidense investiga a Petro, como el propio Cepeda reconoce al mencionar a los fiscales de Brooklyn, el problema no lo creó De La Espriella: lo creó la conducta que se investiga. Trasladar la responsabilidad al presidente electo, cuando apenas va a posesionarse, es un ejercicio de distracción que no resiste el menor análisis.
Colombia tiene problemas reales que resolver y Cepeda insiste en mantener al país secuestrado en la película de su propia derrota. Mientras él construye relatos de persecución, hay un Clan del Golfo que sigue expandiéndose en los territorios que la Paz Total abandonó. Hay una economía que necesita certidumbre para crecer, una seguridad ciudadana que reclama resultados y un empalme de gobierno que requiere toda la atención del país, no distracciones de quien ya perdió en las urnas. Que suelte a Petro de una vez. Que deje que la justicia haga su trabajo sin injerencias políticas y que el país pueda mirar hacia delante. Colombia tiene asuntos más importantes en los que pensar que en sostener el ego herido de un candidato que no supo perder.
No hay forma de defender la soberanía nacional pidiendo, al mismo tiempo, que la justicia se detenga cuando toca a los propios. Esa contradicción es la que debería pesar sobre Cepeda, no las excusas que está fabricando para no asumir su derrota.