La presentación por parte del Gobierno nacional del proyecto del Presupuesto General de la Nación para el año 2027, sin lugar a dudas, ha dado mucho de qué hablar. El primer aspecto que ha acalorado la discusión tiene que ver con el monto total del mismo, ya que excede en más de 59 billones de pesos al proyectado por el gobierno saliente. El documento refleja la intención de sincerar las cuentas y evidenciar la realidad de la desfinanciación heredada, pues el presupuesto anterior fue calculado 30 billones de pesos por debajo y omitió, además, otros 30 billones para programas en salud, pensiones, nóminas, subsidios, entre otros. A lo anterior se le debe agregar que el presupuesto modificado por el gobierno de De la Espriella incluyó detalles como el pago de la deuda pública, que se recibió en más de 155 billones, adicional a los recursos requeridos para atender las nuevas necesidades originadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Por otra parte, el punto que más polémica ha despertado es el presupuesto destinado para la Jurisdicción Especial para la Paz para el año 2027. Ese órgano judicial había solicitado que se le asignaran $947.642 millones, superando los $793.000 millones proyectados por Petro. El Gobierno de Abelardo propuso inicialmente $821.803 millones, pero luego presentó una modificación en la que recortó $170.000 millones, dejando a la JEP con $721.803 millones. Esta propuesta ha sido interpretada por el presidente de esa jurisdicción, el magistrado Alejandro Ramelli, como una “asfixia económica” que deja en grave riesgo los resultados de la entidad, especialmente la reparación a las víctimas; lo que no se entiende cuando la JEP no es la entidad encargada de la reparación administrativa de las víctimas, esa función le corresponde a la Unidad para las Víctimas.
El tema presupuestal de la JEP sería un problema menor si no fuera por los numerosos cuestionamientos que ha tenido esa jurisdicción en ese —no muy claro— camino que ha recorrido desde su concepción en 2015, al calor de un trago habanero durante los diálogos en Cuba y articulado a espaldas de la comisión negociadora en el apartamento del jurista progresista Juan Carlos Henao Pérez. Él fue quien diseñó la arquitectura de un modelo de justicia que respondiera a la exigencia del secretariado de las Farc, en cabeza del señor Rodrigo Londoño, alias Timochenko, de no pagar un solo día de cárcel. Desde el comienzo quedó claro que el foco de la nueva jurisdicción sería el satisfacer a los terroristas y no la apremiante necesidad de encontrar la verdad y reparar a las víctimas.
Las dudas sobre la Jurisdicción Especial para la Paz comienzan a hacerse más fuertes con la selección de los magistrados que la integrarían, la mayoría de los cuales siguen vinculados desde sus orígenes entre finales de 2017 y comienzos de 2018. Entendiendo que en nuestra Colombia es difícil crecer profesionalmente alejados del conflicto al que pretendían poner fin con el “mejor acuerdo posible”, por lo que la imparcialidad de los “seleccionados” se aprecia comprometida. Esto se debe a que un buen número de ellos son víctimas directas o indirectas de todas las formas de violencia asociadas al accionar de los diferentes grupos armados —siendo el desplazamiento forzado y el asesinato de familiares los casos más relevantes—. Además, casi todos han manifestado el haber vivido de cerca el conflicto, por lo que es alto en ellos el impacto psicológico debido al precario ambiente social en medio de la confrontación.
En ese panorama, algunos magistrados llegaron a la JEP después de trabajar en organizaciones abiertamente antagónicas a la institucionalidad colombiana, como colectivos de abogados especialistas en aprovecharse de las tragedias de las víctimas para ganar jugosas demandas contra el Estado —siendo el controvertido caso de Mapiripán el más emblemático—. Otros venían de la muy criticada Unidad de Análisis y Contexto, implementada en la Fiscalía General de la Nación por el polémico Eduardo Montealegre en virtud del sonado contrato con Natalia Springer, y de la cual el señor Alejandro Ramelli, hoy presidente de la JEP, fue su primer director. Incluso forma parte de esta minoría selecta un exasesor del Consejo Regional Indígena del Cauca. En la extensa nómina del sistema, aparecen personas de las cuales su imparcialidad es cuestionable como, por ejemplo, la esposa de Iván Cepeda Castro, quien participó en la subcomisión de género de los diálogos de paz de La Habana y trabaja hoy en la Unidad de Investigación y Acusación, después de haber renunciado para estar en la campaña presidencial y regresado al finalizar la misma, en lo que la prensa ha llamado la puerta giratoria de la JEP.
Las dudas sobre la imparcialidad y objetividad de los magistrados no eran infundadas, toda vez que las actuaciones de la jurisdicción han mostrado cómo se ha presentado una abierta asimetría en el tratamiento dado a los comparecientes de la Fuerza Pública frente a los firmantes de las Farc. Desde el comienzo, los militares han sido llamados en masa y expuestos públicamente, no solo en eventos presenciales, sino a través de los diferentes canales audiovisuales al servicio de la JEP. Estos uniformados han observado cómo, desde su llegada a comparecer, no existe para ellos la presunción de inocencia, siendo víctimas de la postura parcial de los magistrados, lo cual va en contravía de lo postulado en el texto del punto 5 de los acuerdos. Así, la declaratoria de inocencia por parte de un militar compareciente se convierte en una sentencia de expulsión del sistema.
En cuanto al balance de la gestión general de la JEP, este no satisface a la opinión pública, pese a los informes presentados por la propia institución. La JEP justifica sus pobres resultados señalando, de manera perversa y prepotente, que lo actuado por la jurisdicción especial es superior a lo que podrían haber avanzado la justicia ordinaria y la justicia penal militar, a la que calificó de “encubridora”. Por otra parte, la JEP dice haber logrado identificar y procesar a más de 367 máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre miembros de las Farc y militares, pero se ha quedado corta con las condenas.
Al cierre del segundo semestre de 2026, y después de más de ocho años de funcionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuenta con un registro de 13.131 comparecientes que se han comprometido a aportar verdad plena y atender los llamados del sistema. En virtud de ello, ha emitido 6.271 decisiones vinculando formalmente a 11.574 personas, de las cuales 5.069 son miembros de la fuerza pública. La verdad es que la mayoría de ellos han aceptado algún nivel de responsabilidad para evitar ser remitidos a la justicia ordinaria; algo así como el ‘mejor acuerdo’. Al igual que en el famoso refrán, los militares también prefieren un mal acuerdo que un buen y costoso pleito, o como lo dijera uno de los oficiales comparecientes: “Prefiero ser un culpable libre que un inocente preso”.
A la JEP se le cuestiona la ligereza con la que matriculó la cifra de 6.402 para enmarcar las posibles muertes extrajudiciales que se dieron en algunos capítulos de la confrontación entre la Fuerza Pública y los grupos armados, proporcionando una bandera a sectores de extrema izquierda para alimentar discursos de odio y antiestablecimiento. El magistrado Ramelli aceptó que utilizó esa cifra inicial como un estimado dentro de un horizonte de tiempo entre los años 2002 y 2008. Con igual arbitrariedad, la JEP ahora señala con certeza que las víctimas son 7.837, pues ampliaron el periodo de revisión del año 1990 al año 2016. Al pedir a la JEP, mediante derecho de petición, el listado de las 6.402 víctimas, no se obtiene respuesta, por lo que asumo que, al pedir el listado de la última cifra sacada del sombrero por el presidente de ese organismo, se obtendrá lo mismo.
Es de anotar que el término de ‘falso positivo’ es un eufemismo que no tiene origen en la jerga militar, como algunos detractores de la Fuerza Pública lo han sugerido, pues el Ejército nunca reporta positivos, sino resultados operacionales, sean favorables o no a la acción militar ejecutada. Genera una enorme preocupación para los militares que el concepto de ‘posible víctima’ se convierta en una certeza jurídica de ejecución extrajudicial para la JEP, sin entrar a investigar o sin aportar prueba alguna. Esta preocupación aumenta y se generaliza entre los activos y retirados en la medida que la jurisdicción comienza a revisar cada operación militar pasada que haya reportado bajas dentro de sus resultados operacionales. Los militares sentimos que al final esta jurisdicción se ha excedido en su alcance y fue pactada entre Juan Manuel Santos y las Farc para neutralizar a la Fuerza Pública y pasar cuenta de cobro a sus miembros.
La sociedad colombiana observa con incertidumbre cómo, mientras los exintegrantes de las Farc imputados como máximos responsables se desplazan por el país y el exterior contando su versión de los hechos y dictando conferencias, miles de miembros de la Fuerza Pública —a quienes les ha correspondido reconocer responsabilidades ante la JEP— desarrollan Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador y Restaurador (TOAR) con la preocupación de que solo se les compute un año de labor. La imagen de Rodrigo Londoño (Timochenko) realizando labores de limpieza en un cementerio ha generado profundas divisiones e indignación, lo mismo que el video donde se evidencia una inusual cercanía entre él y la magistrada que lleva uno de los tantos procesos.
Más allá de la polémica simbólica, surgen cuestionamientos sobre la eficiencia y los costos de la jurisdicción: desde su creación, la JEP ha demandado al presupuesto nacional cerca de 3,9 billones de pesos, con sueldos para sus magistrados que rondan los 55 millones de pesos mensuales. Aunque el tribunal profirió su primera sentencia restaurativa del Macrocaso 01 (secuestros) en septiembre de 2025, amplios sectores de la opinión pública y de las víctimas reclaman mayor celeridad frente a los 10 macrocasos pendientes, exigiendo que la búsqueda de la reconciliación no sacuda la exigencia de una justicia oportuna y rigurosa.
El pasado 9 de octubre, frente a las instalaciones del edificio donde la JEP tiene su sede —por el que se han pagado desde el 2020 a la fecha más de $114.202 millones por concepto de arriendo—, se concentraron las madres de Soacha, colectivos de abogados, todos beneficiarios de la reparación que debe definir esa jurisdicción y algunos firmantes de las Farc, entre ellos la señora Victoria Sanguino, para defender a la entidad del recorte presupuestal. El presidente Alejandro Ramelli salió con actitud muy ‘imparcial’ a leer un discurso de agradecimiento a los manifestantes y a confrontar al Ejecutivo. En su intervención, usó una frase de uno de los muy pocos militares que no se doblegaron ante las presiones de la JEP y no aceptó su responsabilidad, pues prefirió mantener su honor de militar y su dignidad como hombre, pese a que sabía que sería expulsado, el coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez: “NO ME ARRODILLARÉ”.
Muchos colombianos pensábamos que era más rentable para la nación que, como resultado de los acuerdos de La Habana, se hubiese pactado una ley de indulto o una amnistía. Al final, la verdad que se está construyendo desde la JEP parece tan difusa como lo fue la también muy costosa Comisión de la Verdad del padre De Roux. En cuanto a la reparación a las víctimas, el Presupuesto General de la Nación es el mayor aportante, debido a que las Farc aún están en deuda; lo entregado frente a lo acordado es muy bajo. Ellos aseguran que fueron robados… en fin, ‘ladrón que roba a ladrón’ no pasará por la JEP.