s el año 1783. El poder cambia de manos: Gran Bretaña reconoce la independencia de Estados Unidos, España recupera las Floridas y la Rusia de Catalina II se anexiona Crimea. En Francia, los globos de los hermanos Montgolfier abren el cielo al vuelo humano. En Caracas nace un niño llamado Simón Bolívar. Mientras los imperios redefinen sus fronteras, un clérigo y científico inglés, John Michell, dirige su pensamiento hacia un límite todavía más desconcertante: estrellas cuya gravedad fuera tan intensa que ni siquiera la luz pudiese escapar. A partir de las leyes de Isaac Newton, explora una hipótesis inquietante: una estrella suficientemente masiva y compacta podría seguir existiendo sin que su luz alcanzara jamás nuestros ojos. El cielo no mostraría todo lo que contiene. Aquella sospecha invita hoy a una pregunta que desborda la astronomía: ¿cuántas realidades permanecen ocultas simplemente porque todavía no sabemos reconocer sus efectos?
Michell encontró entonces una pista: lo invisible también deja huellas. Si una estrella luminosa orbitara alrededor de uno de aquellos cuerpos oscuros, su movimiento podría revelar la presencia del compañero invisible. No haría falta verlo para reconocer su influencia. Más de un siglo después, en 1915, Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad general, abriendo el camino hacia una comprensión de la gravedad radicalmente distinta de la imaginada por Michell. Aunque el científico inglés no había descubierto los agujeros negros en el sentido moderno, su intuición conservaba una enseñanza extraordinaria: para descubrir lo que falta en la imagen, habría que dejar de observar únicamente lo que brilla y empezar a preguntarse qué gobierna su trayectoria.
La geopolítica ofrece un campo diferente para explorar esa idea. Detrás de los acontecimientos que transforman el mapa mundial operan intereses estratégicos que no siempre resultan evidentes a primera vista. Las relaciones de poder condicionan las decisiones de los Estados, mientras las dependencias económicas pueden limitar sus márgenes de autonomía. Aunque las naciones no obedecen a las leyes de la gravedad, comprender su comportamiento exige mirar más allá de los discursos oficiales y descubrir los intereses que orientan sus decisiones. Desde esta perspectiva, la pregunta es inevitable: ¿qué fuerzas políticas, económicas y estratégicas están modificando hoy el equilibrio del poder en el hemisferio occidental y qué intereses explican realmente su transformación?
Una parte de la respuesta se encuentra en la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, cuyo alcance trasciende el predominio militar y comercial. Washington procura conservar su ventaja en las tecnologías que impulsan la inteligencia artificial, mientras China concentró en 2024 el 91% del refinamiento mundial de tierras raras utilizadas en imanes esenciales para la industria y la defensa. Esta dependencia cruzada revela una paradoja geopolítica: cada potencia controla posiciones capaces de afectar la seguridad económica y tecnológica de la otra. Para América Latina, la disputa plantea un interrogante que va más allá de acercarse a Washington o a Pekín: ¿cómo convertir sus recursos y su posición estratégica en capacidad de negociación, sin sustituir una dependencia por otra? Pero la competencia entre potencias no es la única fuerza que condiciona la autonomía de los Estados. Otra, menos visible, se abre paso desde el interior de sus propias instituciones.
El Crimen Organizado Transnacional (COT) encarna esa amenaza. Su poder no reside únicamente en las armas ni en los hombres que moviliza, sino en la capacidad de transformar el dinero ilícito en obediencia. La corrupción abre las puertas de las instituciones, mientras la extorsión impone sus propias reglas a comunidades enteras. Cuando encuentra la complicidad de algunas autoridades, la organización criminal descubre que no necesita conquistar formalmente el gobierno: le basta con orientar las decisiones públicas y aprovechar el aparato estatal para proteger sus actividades, sin alterar la apariencia de normalidad institucional. La amenaza adquiere entonces una dimensión esencialmente política: el Estado conserva el reconocimiento jurídico de su soberanía, pero pierde progresivamente la capacidad efectiva para ejercerla.
Detrás de esa pérdida de soberanía se expanden economías ilícitas que sostienen el poder criminal. El Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de Naciones Unidas estima en 4.100 toneladas la producción potencial de cocaína en 2024, una cifra que se cuadruplicó en una década. Entre 2020 y 2024, las incautaciones mundiales crecieron un 70 %, y aun así la producción siguió en máximos históricos y la demanda continuó al alza. En el Índice Global de Crimen Organizado 2025, Colombia ocupa el segundo lugar en criminalidad entre 193 Estados, solo detrás de Myanmar, y con México, Ecuador y Paraguay hace de América Latina la región de cuatro de los cinco primeros puestos. Las cifras apuntan a una conclusión incómoda: un negocio capaz de absorber pérdidas de esa magnitud sin reducirse no depende de ninguna carga en particular, y por eso incautar más no prueba que las redes sean más débiles.
La capacidad de adaptación de estas redes criminales plantea un desafío frente al cual Washington ha ampliado su respuesta hemisférica. Desde septiembre de 2025, los ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos en el Caribe y el Pacífico han marcado un giro frente a la interdicción marítima tradicional, orientada a interceptar las embarcaciones y judicializar a sus responsables. A ello se sumó la operación militar del 3 de enero de 2026, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa en Caracas. Aunque distintas en sus objetivos y fundamentos jurídicos, ambas actuaciones suscitaron controversias legales y evidenciaron una mayor disposición estadounidense a emplear directamente su poder militar. Esta orientación adquiere dimensión doctrinal con el corolario Trump a la Doctrina Monroe, incorporado en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 y desarrollado en la Estrategia de Defensa Nacional de 2026. Sin embargo, la transformación de mayor alcance podría encontrarse más allá de la fuerza que Washington proyecta: en la capacidad de convertir su liderazgo en compromisos de seguridad compartidos con otros Estados. Es precisamente en esa relación entre poder y cooperación donde adquiere significado el Escudo de las Américas (A3C).
“Solo tienen que decirnos dónde están», afirmó Donald Trump durante la cumbre de Doral, Florida, el 7 de marzo de 2026, al solicitar la colaboración de los gobiernos latinoamericanos contra los carteles del narcotráfico. La frase condensó el énfasis militar del lanzamiento del Escudo de las Américas. En su proclamación, Washington anunció una coalición con representantes de diecisiete países, a la que Colombia se incorporó posteriormente. El propósito iba más allá de localizar organizaciones criminales: buscaba desmantelar su capacidad de acción, cortar sus fuentes de financiación y privarlas del control territorial. A ello se sumaba una dimensión geopolítica explícita: contrarrestar la influencia de potencias externas consideradas hostiles. Así, el Escudo comenzaba a perfilarse no solo como una respuesta militar al crimen transnacional, sino como un instrumento de la nueva orientación estratégica estadounidense hacia el hemisferio. Mientras esto sucede, China observa con prudencia.
La dimensión estratégica de la iniciativa se hace más clara al examinar los intereses que convergen en ella. Los 17 gobiernos incorporaron a la agenda común la protección de sus minerales críticos, las cadenas de suministro y la infraestructura digital, vinculando así la cooperación en seguridad con la competencia geoeconómica. A esta ampliación de la agenda se suma una decisión de especial significado: solicitar, en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947, una reunión de consulta para considerar las acciones colectivas frente a las 24 organizaciones criminales identificadas en la declaración. La iniciativa plantea así una cuestión de profundo alcance hemisférico: si un instrumento histórico de seguridad entre Estados puede contribuir a enfrentar organizaciones cuyo poder se extiende más allá de las fronteras nacionales.
Sin embargo, esta convergencia de intereses no constituye todavía una unidad política hemisférica. Brasil, México y Uruguay no suscribieron la declaración. Las ausencias de Brasil y México tienen especial relevancia: entre las 24 organizaciones criminales identificadas por la Casa Blanca figuran ocho con origen o presencia principal en territorio mexicano, incluidos los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como dos de las principales estructuras brasileñas, el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho. La iniciativa enfrenta así una dificultad de fondo: algunos de los países decisivos para combatir esas redes permanecen fuera del acuerdo. Su ausencia no impide otras formas de cooperación, pero deja abierta la pregunta por el alcance de los compromisos asumidos y su continuidad. ¿Podrá esta convergencia traducirse en una arquitectura de seguridad capaz de sostenerse entre gobiernos con orientaciones políticas diferentes?
Dos autores ayudan a comprender ese desafío. Para el geógrafo suizo Claude Raffestin, el territorio se configura mediante relaciones de poder; Joseph Nye, politólogo estadounidense, explica con su concepto de smart power cómo combinar la fuerza con otros instrumentos de influencia para alcanzar objetivos estratégicos. Desde esta perspectiva, el Escudo no puede limitarse a reunir fuerzas: su valor dependerá de aprovechar las capacidades de cada Estado al servicio de un propósito compartido. La interoperabilidad permite actuar juntos; una estrategia común determina para qué: debilitar las relaciones que sostienen el poder criminal, y no solamente a quienes lo ejercen.
Pero esas relaciones de poder también se transforman a medida que las organizaciones criminales incorporan nuevas tecnologías para ampliar su capacidad de violencia y control territorial. Colombia ofrece una evidencia reveladora. Según ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), organización independiente que monitorea los conflictos y la violencia política en el mundo, de los 182 municipios latinoamericanos donde se registraron incidentes con drones armados entre 2018 y el 21 de agosto de 2026, 97 se encuentran en territorio colombiano. El informe advierte, además, que más del 72 % de los aproximadamente 670 incidentes documentados en la región ocurrió entre enero de 2025 y agosto de 2026. Esta aceleración, está asociada en numerosos casos con las disputas por los corredores del narcotráfico y el control territorial, además revela cómo la tecnología multiplica la capacidad de coerción de las organizaciones criminales mediante la implementación del terror y la intimidación a las poblaciones. Frente a esta transformación, el Escudo necesitará en el plano militar, algo más que la interoperabilidad: una capacidad combinada para anticipar las amenazas que evolucionan más rápidamente que las respuestas institucionales de los Estados.
Las fronteras son también un terreno de adaptación para el crimen organizado, y Venezuela lo muestra con claridad. La captura del exdictador Nicolás Maduro, no supuso un cambio de régimen ni desmanteló las estructuras criminales que durante años encontraron allí condiciones para expandirse. El informe Venezuela: Country Focus, publicado en julio de 2026 por la Agencia de Asilo de la Unión Europea, documenta la presencia del ELN y de distintas disidencias de las FARC en territorio venezolano, vinculadas al narcotráfico y otras economías ilícitas. ¿La pregunta geopolítica de fondo es cómo desarticular las redes de protección que permiten al crimen organizado reproducirse a ambos lados de la frontera mientras las estructuras del régimen permanecen en pie?
La respuesta empieza por una asimetría: un gobierno puede cambiar de manos en una noche; una red criminal, no. En Venezuela, Washington ha planteado una transición en tres etapas: estabilización, recuperación económica con reconciliación política y transición democrática. Mientras Delcy Rodríguez ejerce la presidencia interina, el regreso de María Corina Machado, el 25 de octubre, ha reavivado las expectativas de apertura democrática. Una encuesta de Meganálisis, realizada entre finales de octubre y comienzos de noviembre, le atribuye cerca del 70 % de intención de voto presidencial. Sin embargo, una transición política no garantiza por sí sola el desmantelamiento de las redes que, según distintas denuncias, vincularon a sectores del Estado con las economías ilícitas. La cuestión es si esas estructuras perderán sus mecanismos de protección o simplemente encontrarán nuevos protectores. El Cartel de los Soles, señalado por Washington como una presunta red vinculada a esos sectores, y el Tren de Aragua, de origen venezolano y proyección transnacional, ilustran dos manifestaciones distintas del problema. Ambos figuran entre las veinticuatro organizaciones identificadas por el Escudo de las Américas. Por eso, la cooperación de las autoridades venezolanas constituye un punto de partida, no una prueba de transformación. La prueba empieza en la frontera con Colombia.
En esa frontera, el ELN revela la magnitud del desafío para Colombia. El 30 de octubre, un ataque contra uno de sus campamentos en el estado venezolano de Apure dejó al menos 23 muertos, según una estimación posterior de Fundaredes, organización venezolana de Derechos Humanos que monitorea la violencia fronteriza. Aunque persisten versiones contradictorias sobre la participación de fuerzas venezolanas y estadounidenses, la operación plantea un interrogante estratégico: ¿representa una ruptura con las condiciones de protección que durante años favorecieron a esta narcoguerrilla en Venezuela o constituye un episodio aislado? Su verdadero alcance dependerá de lo que ocurra con las redes que sostienen la capacidad criminal del ELN. Entretanto, Colombia no puede supeditar su seguridad fronteriza a decisiones adoptadas en Caracas. La estabilidad venezolana podrá contribuir a ese propósito, pero nunca sustituir la responsabilidad del Estado colombiano de proteger a sus comunidades y recuperar el control efectivo de su territorio.
Mientras esa incertidumbre persiste al otro lado de la frontera, Colombia enfrenta una ofensiva criminal que pone a prueba la capacidad de respuesta del Estado en distintas regiones del país. La magnitud del desafío queda reflejada en las cifras del Ministerio de Defensa: entre el 7 de agosto y el 5 de noviembre de 2026 se registraron 339 hechos de terrorismo, frente a 84 en el mismo período de 2022. Los ataques con explosivos y drones obligan a la Fuerza Pública a responder en escenarios distantes, mientras el secuestro y la extorsión continúan afectando a las poblaciones. Detrás de esa violencia actúan economías ilícitas que permiten al ELN, a las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo financiar sus estructuras y reconstruir las capacidades que pierden. Aunque estas organizaciones responden a dinámicas diferentes, la dispersión de sus acciones somete al Estado a una presión simultánea que desgasta sus recursos y dificulta la concentración de esfuerzos. El desafío estratégico consiste en recuperar la iniciativa frente a una amenaza que se adapta, modifica sus métodos de violencia y busca imponer el ritmo de la confrontación.
La respuesta del Gobierno colombiano comenzó desde su primera semana con un giro significativo en la conducción de la seguridad nacional. La reanudación de los bombardeos contra estructuras armadas ilegales marcó el retorno de una mayor presión militar sobre organizaciones que desafían la autoridad del Estado. Hasta el 11 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella había anunciado ocho operaciones de esta naturaleza, expresión de una decisión política de emplear con mayor intensidad el poder ofensivo frente a la expansión criminal. Sin embargo, la determinación gubernamental enfrenta una realidad que no puede ignorarse: la extensión territorial de la amenaza y su capacidad de adaptación exigen recursos, inteligencia y medios de respuesta que deben fortalecerse con urgencia. La recuperación de la iniciativa ha comenzado en el terreno militar y policial; consolidarla demandará ampliar las capacidades estratégicas del Estado y aprovechar las oportunidades que ofrece una nueva etapa de cooperación internacional.
Pero ¿por qué organizaciones criminales que pierden hombres, armas y territorios consiguen reconstruirse una y otra vez? La perspectiva biopolítica estudiada por el sociólogo alemán Thomas Lemke ofrece una clave para comprender cómo las relaciones de poder penetran la vida cotidiana de las poblaciones. Desde esta mirada, el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo pueden compararse, en sentido figurado, con organismos que han aprendido a sobrevivir en las grietas del Estado. Su capacidad de adaptación adquiere formas diferentes según la geografía y las economías ilícitas de cada región: no se reproducen de igual manera en el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar o el Putumayo. Cuando pierden una estructura, procuran reconstruirla; cuando se interrumpe una fuente de financiación, buscan otra. Sus tentáculos se extienden más allá de las armas, penetran instituciones vulnerables y alcanzan comunidades donde consiguen imponer sus propias reglas. Allí reside su capacidad de supervivencia más inquietante: pueden sufrir una derrota militar sin perder las relaciones de poder que les permiten regenerarse.
Si las organizaciones criminales han aprendido a reconstruirse en las grietas del Estado, Colombia necesita transformar la arquitectura estratégica con la que las enfrenta. El Escudo de las Américas ofrece una oportunidad para fortalecer esa capacidad mediante la cooperación tecnológica y de inteligencia con Estados Unidos, Israel y otros aliados. Pero la verdadera innovación no estará únicamente en los medios disponibles, sino en modernizar las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para anticipar las transformaciones de un conflicto cuya asimetría cambia de una región a otra. Ello exige actualizar la conducción institucional, fortalecer la preparación de los hombres y mujeres en armas y aprovechar herramientas como la inteligencia artificial IA para mejorar el análisis y la oportunidad de las decisiones, sin sustituir el juicio humano ni las responsabilidades del mando. Una estrategia nacional deberá conservar principios comunes, pero debe reconocer que la amenaza no se manifiesta de igual manera en el Catatumbo, las montañas del Cauca o las cuencas fluviales del Chocó. El desafío ya no consiste solamente en responder con mayor contundencia, sino en conseguir que las instituciones aprendan y evolucionen antes de que las organizaciones criminales encuentren nuevas formas de sobrevivir.
Esa transformación, sin embargo, difícilmente alcanzará resultados duraderos si permanece subordinada a los ciclos de cada gobierno. Carl von Clausewitz advirtió que toda ofensiva puede alcanzar su punto culminante, cuando prolongar el esfuerzo militar deja de producir las ventajas estratégicas esperadas. Reconocer ese límite no disminuye el valor de la fuerza; exige que sus resultados encuentren continuidad en instituciones capaces de resistir la penetración criminal y en políticas públicas que transformen las condiciones que favorecen su expansión. Colombia necesita convertir la ofensiva actual en los cimientos de una política de Estado en materia de seguridad, con un horizonte de al menos doce años, cuyos objetivos permanezcan mientras sus instrumentos evolucionan. Pero esta exigencia trasciende sus fronteras: ninguna arquitectura de seguridad hemisférica será plenamente sostenible si las organizaciones criminales conservan espacios de operación en países que permanecen al margen de sus mecanismos de cooperación. La ausencia de un Estado en una coalición no lo excluye de una amenaza que desconoce fronteras. Allí reside uno de los mayores desafíos del Escudo de las Américas: transformar una convergencia inicial de voluntades en una cooperación capaz de sobrevivir a las diferencias políticas e ideológicas y a los cambios de gobierno.
Hace 243 años, John Michell imaginó estrellas oscuras cuya luz jamás llegaría a ningún observador. Nunca vio una; propuso buscarlas donde dejaran su huella, en el movimiento de los astros que las rodeaban. Con el crimen organizado ocurre algo semejante. Lo que se ve es apenas la superficie. La verdadera señal está en el juez que guarda silencio y en la comunidad que aprende a obedecer sin que nadie se lo ordene. El Escudo de las Américas no se medirá por lo que logre derribar, sino por lo que consiga volver imposible. Será coyuntural si solo suma fuerzas; será duradero si ese poder invisible deja de gobernar la vida de las personas. Reconocer la sombra fue la hazaña de un clérigo inglés en 1783, disiparla será la de un hemisferio en el siglo XXI.