Qué fácil resulta defender a las mujeres frente a un micrófono. Hablar de igualdad, prometer oportunidades, levantar la bandera del empoderamiento femenino y presentarse ante el país como representante de una nueva manera de ejercer el poder. Lo difícil, aparentemente, es recordar esos principios cuando se cierran las puertas del despacho.
Durante años nos han vendido la idea de que estamos viviendo una transformación histórica. Más mujeres en el Gobierno, más mujeres en cargos públicos, más discursos sobre nuestra autonomía. Y aunque abrir espacios es necesario, resulta preocupante que una causa tan legítima pueda convertirse también en una estrategia para conseguir votos, construir una imagen de sensibilidad social y reclamar una superioridad moral que nadie ha demostrado merecer.
Hoy, las denuncias contra Gustavo Petro obligan a mirar detrás de esa puesta en escena.
El expresidente, que hizo de la igualdad una de sus banderas políticas, enfrenta señalamientos sobre un presunto intercambio de contratos estatales por favores sexuales. También ha sido acusado de solicitar cocaína en encuentros privados. Son denuncias que deben probarse, no sentencias. Petro niega haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales. Pero sería absurdo pretender que, por tratarse de quien durante años se presentó como defensor de las mujeres, las preguntas resultan menos legítimas.
Porque aquí hay algo mucho más grave que la posible hipocresía de un político.
Nos prometieron que las mujeres tendríamos un lugar en la mesa donde se toman las decisiones. Lo que jamás nos dijeron es que alguien pudiera creer que tenía derecho a cobrarnos la silla.
Esa es la dimensión de lo que hoy debe esclarecerse. Si un gobernante utilizó su autoridad para ofrecer contratos a cambio de relaciones sexuales, habría convertido las oportunidades públicas en instrumentos de satisfacción privada. Y eso no solo comprometería la dignidad de las mujeres involucradas. También significaría una falta gravísima de respeto hacia los colombianos que financian al Estado con sus impuestos.
Porque el presupuesto de la República no es una chequera personal. No pertenece al presidente, a sus amigos ni a quienes tienen acceso a su despacho. Cada contrato debe responder a una necesidad pública, no a los deseos de quien tiene el poder de concederlo.
Pero hay una contradicción todavía más profunda. Durante años se nos ha dicho que el empoderamiento consiste en que las mujeres podamos decidir libremente sobre nuestro futuro. ¿Cómo reconciliar esa promesa con denuncias que describen precisamente lo contrario: un escenario en el que una autoridad podría haber condicionado las oportunidades profesionales a la intimidad?
Una mujer no debería tener que preguntarse si su preparación es suficiente o si alguien espera algo más de ella. Tampoco debería temer que rechazar una insinuación pueda cerrarle una puerta. El derecho a decir que no carece de verdadera libertad cuando quien recibe esa respuesta puede decidir sobre su trabajo.
A las acusaciones se suman señalamientos sobre un presunto consumo de cocaína en encuentros privados. También deben investigarse. Para Colombia, que ha sufrido durante décadas la violencia y la corrupción asociadas al narcotráfico, no es una cuestión menor que esas conductas se atribuyan a quien tuvo la responsabilidad de dirigir la política nacional frente a las drogas. No se trata de confundir consumo con narcotráfico, sino de exigir coherencia y responsabilidad a quienes ejercen las más altas funciones públicas.
Las congresistas del Pacto Histórico se pronunciaron, pidieron investigar y reclamaron garantías para las denunciantes. Pero la verdadera prueba de un discurso político no está en lo que se declara cuando estalla un escándalo, sino en lo que se está dispuesto a exigir cuando las investigaciones comprometen al principal dirigente del propio movimiento.
Durante años se ha presentado la igualdad femenina como una conquista política. Ahora corresponde demostrar que esa convicción tiene consecuencias, incluso cuando incomoda a quienes ayudaron a construirla. No se puede reclamar autoridad moral en nombre de las mujeres y pretender que las lealtades partidistas determinen hasta dónde llega la exigencia de responsabilidades.
El feminismo no puede ser una bandera electoral que se levanta para conquistar votos y una promesa que pierde fuerza cuando llega el momento de examinar el ejercicio del poder. Las mujeres no somos una estrategia de campaña, una fotografía de gabinete ni un argumento para presentar a un gobernante como moralmente superior. Somos ciudadanas con derecho a competir por nuestros méritos, a rechazar cualquier exigencia íntima y a no depender de la voluntad personal de quien administra los recursos públicos. Si esos principios solo se defienden cuando no comprometen al propio sector político, dejan de ser principios y se convierten en conveniencias.
Y entonces me pregunto: ¿qué le espera a una mujer en una sociedad donde se habla tanto de empoderamiento, pero todavía existen denuncias de que las oportunidades se negocian a puerta cerrada?
¿Qué le espera a una joven que se prepara durante años, que estudia, que trabaja y que sueña con llegar lejos por sus propios méritos, si quienes tienen el poder de abrirle las puertas pueden llegar a creer que también tienen derecho a exigirle algo a cambio?
¿Qué mensaje estamos enviando a las niñas que hoy crecen escuchando que pueden ser presidentas, ministras o dirigentes, si al mismo tiempo debemos investigar si hubo mujeres a quienes se les ofrecieron contratos públicos a cambio de relaciones sexuales?
No podemos llamar progreso a una sociedad que celebra a las mujeres en los discursos, pero no siempre garantiza que puedan avanzar sin depender de la voluntad de un hombre poderoso.
Porque el verdadero fracaso no sería solamente descubrir que un gobernante traicionó los principios que decía defender. Sería aceptar que, después de tantas décadas hablando de igualdad, todavía haya mujeres que deban enfrentarse a la posibilidad de elegir entre una oportunidad y su dignidad.
Y si una mujer tiene que preguntarse cuánto de sí misma debe entregar para llegar a donde merece estar, entonces, ¿de qué empoderamiento estamos hablando?