Hace casi veinte años, el 4 de febrero de 2008, Colombia se unió bajo un solo grito: “No más Farc”. Millones de ciudadanos marcharon pacíficamente para rechazar el terrorismo, el secuestro y la violencia. Fue una manifestación unánime en defensa de la vida y de las instituciones. Con esa misma generosidad, la sociedad respaldó procesos de paz y la reinserción de grupos como el M-19 y las Farc, abriéndoles las puertas de la democracia bajo la promesa de que cambiarían las armas por las urnas, respetando las reglas del juego de la Constitución de 1991.
Hoy, la realidad es muy distinta y preocupante. No pasamos de la reconciliación a una democracia madura, sino a un escenario de chantaje abierto. El Gobierno de Gustavo Petro y la posible elección de su candidato continuista, Iván Cepeda, evidencian cómo se ha desvirtuado el espíritu de la paz. Ya no se trata de incluir a quienes dejaron las armas, sino de tolerar que pretendan imponer su proyecto ideológico a la fuerza, saltándose el orden legal.
El libreto actual es claro: si las instituciones, el Congreso o las cortes no se doblegan ante los caprichos del Ejecutivo, la respuesta desde la Casa de Nariño es la confrontación. El presidente Petro mantiene una estrategia de división sistemática, enfrentando a ricos contra pobres y polarizando la sociedad bajo discursos de resentimiento. Pero el daño principal va más allá de la retórica: radica en el uso del “estallido social” y el sabotaje del Estado como mecanismos de presión. La advertencia implícita es que, si el país no acepta la continuidad de su agenda radical, la alternativa será el caos en las calles.
Esta actitud constituye un verdadero fraude a la paz y un desconocimiento flagrante de la Constitución de 1991. El pacto constitucional de hace tres décadas se fundó sobre la base del pluralismo, el respeto mutuo y las vías institucionales, no sobre la amenaza ni la asfixia del Estado de derecho. Utilizar la movilización no como un derecho democrático, sino como un elemento de coacción para perpetuarse en el poder y forzar reformas sin consenso, traiciona la confianza de los colombianos que creyeron en el perdón y la reconciliación.
Colombia se encuentra en un punto de quiebre. Pasar del rechazo legítimo a la violencia en 2008 a aceptar el chantaje político en 2026 es un retroceso institucional inaceptable. El desafío de los ciudadanos en las urnas no es solo elegir un presidente, sino decidir si se convalida el saboteo como método de gobierno o se recupera el respeto por la legalidad y la Constitución.
Cita de la semana: “Ningún colombiano en toda la historia había tenido y ejercido un talento como el suyo para condicionar la opinión pública. Ningún otro tuvo mayor poder de corrupción” (Sobre Pablo Escobar). Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro (1996).