Colombia tiene vocación agropecuaria, siempre la tuvo, y es de las pocas cosas de las que este país puede presumir sin ruborizarse. Pero cuatro años de gobierno dejaron al sector en una situación que va mucho más allá de lo que vamos a ver hoy. Problemas que, sí, han existido históricamente en el país, pero que uno esperaría que un gobierno que se rasgaba las vestiduras hablando de sus campesinos no hubiera pasado por alto: vías terciarias destruidas, educación rural en el olvido, falta de conectividad, trabajo informal como regla y no como excepción, intermediarios que se quedan con la mayor parte, proyectos productivos que nunca llegaron, una crisis de mano de obra que nadie quiere nombrar y una crisis generacional silenciosa donde los jóvenes del campo simplemente se van porque quedarse no tiene futuro. Todo eso existe y todo eso es gravísimo. Pero hoy vamos con dos temas puntuales que dejó este Gobierno y que el siguiente tiene que atender con urgencia, porque son el tipo de nudos que si jalas mal, se aprietan más.

Las APPA: el caballito de troya del ordenamiento territorial

Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos sonaban como exactamente lo que su nombre dice. El problema es que Colombia no es un país que sufra de escasez de alimentos. Entonces uno se pregunta para qué sirven realmente. Y la respuesta es sencilla, esta figura fue más una herramienta del Gobierno nacional para meterse en decisiones que constitucionalmente le pertenecen a los municipios.

Para entender el lío hay que explicar algo básico. En Colombia cada municipio tiene lo que se llama un Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que es el documento donde el municipio decide cómo se usa su suelo: dónde se construye, dónde se produce, dónde se protege. Eso es competencia municipal, no del Gobierno nacional. Pues bien, el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro estableció que las APPA serían un determinante de ordenamiento territorial de nivel superior, lo que en términos prácticos significa que podían entrar a los POT municipales por encima de lo que el municipio hubiera decidido. El gobierno nacional metiéndose a definir el uso del suelo local por decreto. Efectivamente el caballito de troya.

Y así lo hicieron. El Ministerio de Agricultura empezó a declarar APPA a decretazo, normal del Gobierno Petro, sin concertación real con las entidades territoriales. A marzo de 2026 ya había más de 197.000 hectáreas declaradas, según La República, incluyendo más de 64.000 solo en Antioquia, y territorios en La Guajira, Tolima y Cundinamarca. Todo por acto administrativo del Gobierno central, sin que los municipios afectados tuvieran poder de decisión real sobre sus propios suelos.

La Procuraduría General de la Nación lo llamó por su nombre, invasión de competencias. Y le pidió a la Corte Constitucional que revocara el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo que creó las APPA. La Corte admitió la demanda el 21 de marzo de 2025. El debate jurídico sigue abierto mientras las declaratorias siguen acumulándose.

Y hay un detalle que la SAC señaló y que no es menor. La Resolución 16 de 2025 del Ministerio de Agricultura establece que las APPA serán de uso exclusivo para agricultura campesina, familiar y comunitaria. Lo que suena bonito en un discurso significa en la práctica que un productor privado que tenga tierra dentro de un APPA queda limitado en lo que puede hacer con ella, pues el Gobierno nacional decide qué se siembra y qué se produce, sin importar que esa tierra sea suya. El siguiente gobierno hereda 197.000 hectáreas declaradas, un lío jurídico activo en la Corte y municipios que nunca fueron consultados de verdad.

La leche: el sector lechero colombiano desangrado

Desde el 1 de enero de 2026, la leche en polvo de Estados Unidos entra a Colombia sin arancel y sin límite de volumen. Ese era el final inevitable de 13 años de desgravación progresiva bajo el TLC firmado en 2012. Petro prometió renegociarlo en campaña. No lo hizo.

Pero lo que revela mejor cómo funcionó este Gobierno no es el TLC. Es lo que pasó cuando tuvo la oportunidad de actuar y de ponerse de lado del productor de su país.

En julio de 2024, el Ministerio de Comercio abrió una investigación por subsidios a la leche en polvo importada de EE. UU. En septiembre impuso un arancel compensatorio provisional del 4.86 %. El sector ganadero respiró. Alguien parecía estar actuando. Pero el arancel venció en enero de 2025 y la investigación nunca dio resultados públicos. El gremio preguntó qué había pasado. Nadie respondió.

El 30 de diciembre de 2025, un día antes de que la leche entrara sin restricciones y el país estaba claramente distraído, el Ministerio firmó en silencio la Resolución 365 cerrando la investigación sin sanciones, concluyendo que no había relación entre los subsidios de EE. UU. y el daño al sector lechero. El país se enteró en marzo de 2026 gracias a un derecho de petición de Fedegán. La hipótesis del propio sector es que el Gobierno enterró el caso para no tensar más la relación diplomática con Trump. EE. UU. subsidia su sector lechero con más de 1.200 millones de dólares anuales. Colombia no subsidia nada, es que no hay un punto de comparación, acá los productores están a su deriva, y el Gobierno, bien gracias.

Y hay que decirlo con claridad: el sector lechero de Estados Unidos es estructuralmente más fuerte. Produce más, a menor costo, con más tecnología y con respaldo estatal. Competir contra eso sin ningún tipo de protección no es libre comercio, es una pelea desigual.

Y el problema no para ahí. Mientras eso ocurría, varias empresas lácteas colombianas preferían comprar leche en polvo importada a menor precio en lugar de recogerle la leche al productor nacional. Importaban lactosuero, lo mezclaban con otros ingredientes y lo vendían como si fuera leche. Colombia importa más de 14.000 toneladas de lactosuero al año según Contexto Ganadero. El campesino, sin a quién venderle, y el consumidor, sin saber qué estaba comprando.

Eso es lo que quedó. Un sector que produce, que trabaja, que madruga, y que termina siendo el último en la fila cuando se reparten las decisiones. El campo colombiano no necesita más decretos. Necesita un Gobierno que entienda que detrás de cada hectárea, cada vaca y cada litro de leche hay una familia que vive de eso. Petro lo usó de discurso. El que viene tiene que usarlo de prioridad.

Cinco incendios revisados. Cinco más por delante, y el fuego sigue alto.