Terminada la elección presidencial, algunos ingenuos —entre ellos yo— pensamos que lo peor ya había pasado. Las revelaciones de las últimas semanas nos corrigen con brutalidad: lo peor no pasó. Lo peor es lo que queda.
Vamos en orden. Desde hace varios años conocimos que en la campaña presidencial de Gustavo Petro se negoció el Pacto de la Picota. Varios líderes de esa campaña, encabezados por Juan Fernando Petro, acudieron a las cárceles del país a pedir ayuda de los presidiarios para ganar la elección. No me estoy inventando nada: el mismo señor Petro —esto es, el hermano— lo confesó en una entrevista.
Pues con las revelaciones del periodista Ricardo Calderón, en Noticias Caracol, nos hemos venido dando cuenta de que el mentado pacto existió, pero además fue fructífero para los bandidos del país. Asquea escuchar la grabación revelada en la que Danilo Rueda —quien fuera alto comisionado de paz— les menciona a los cabecillas del Clan del Golfo —tenebrosos bandidos— que pueden seguir delinquiendo con toda confianza, ya que no serán perseguidos por el Ejército. Cual diálogo de telenovela de narcotraficantes, el funcionario disfraza la cohonestación y la permisividad con el crimen con una expresión de juego infantil: los congelados. Tan tierno.
Pero la desgracia sigue. No contentos con darles patente de corso a los delincuentes,para que siguieran masacrando, extorsionando y narcotraficando, el señor Rueda les ofreció a los hampones las cabezas de los oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía que los combatían. En otras palabras, el Comité de Ascenso y Bajas de cada una de las instituciones castrenses quedó convertido en una reunión de tinto y chocolate con momentos estelares para el chisme. Al fin y al cabo, las decisiones importantes las tomaba el alto comisionado desde un cambuche en una manigua junto a un potentado cabecilla de una organización delincuencial.
El Ejército de Colombia, que hace poco era el más respetado de la región, quedó convertido por este Gobierno en poco menos que un grupo de Boy Scouts: quietos en los cuarteles, revisando redes sociales y jugando a los congelados, la lleva y tin tin corre corre por órdenes superiores. Entre tanto, las masacres en alza y los narcotraficantes —sí, los del Pacto de la Picota— en su agosto.
A las revelaciones de Caracol se les sumaron las de RCN, en las que se confirma la connivencia entre las autoridades del Gobierno y el crimen. Esta vez, en un informe del periodista Giovanny Suárez, se revelaron las directrices de Otty Patiño —el flamante reemplazo de Danilo Rueda— a los ministros de Defensa, Iván Velásquez y Pedro Sánchez, para que suspendieran las operaciones contra las disidencias de las Farc. También para que les prestaran seguridad a los cabecillas de ese grupo terrorista. O sea que, además de jugar a los congelados, aquí también jugaban a salvar la bandera. Mientras tanto, lo de siempre: masacres, extorsiones y narcotráfico.
Entonces, hasta ahora podemos calcular que la cosa vino así: primero el Pacto de la Picota, que, como sonaba agresivo, tuvieron que rebautizar como Paz Total, que es el parapeto en el cual se camufla la cohonestación entre Estado y delincuentes.
¿Y qué frutos dio este sistema de complicidades? Pues depende de dónde se lo mire. Para los delincuentes salió estupendamente bien. De acuerdo con un informe de la Universidad Eafit, hoy la cocaína es el rubro número uno en ingresos para Colombia, superando el petróleo, las remesas, el carbón y el oro. Deben estar dichosos.
Para el Gobierno, regular: el voto fusil, producto de este entramado criminal, dio algunos votos, pero no los suficientes para consolidar la victoria del candidato que proponía el continuismo en las relaciones de connivencia entre Estado y narcotráfico. Pero la estructura ahí queda para las siguientes elecciones. Balance agridulce.
¿Y el resto del país? En la ruina y con conocimiento pleno de la conversión de Colombia hacia el narcoestado que Pablo Escobar y compañía soñaron. Ese en donde las grandes decisiones no se toman en la deliberación pública, sino en las mesas clandestinas de la cocaína. Aquel en el que las autoridades juegan al escondite, los congelados y ponchados, mientras los narcotraficantes enriquecen su negocio y arrasan con todo el que se les ponga al frente.
Termino con una propuesta: a todo el que abocó al país a este estado de podredumbre le debe caer todo el peso de la ley. Gustavo Petro, Otty Patiño, Iván Velásquez, Pedro Sánchez y Danilo Rueda, deben ser investigados por acción y omisión. El precedente tiene que ser lo suficientemente aleccionador como para que a nadie se le vuelva a ocurrir igualar al Estado con unos delincuentes de la peor calaña.