El pasado lunes se instaló el nuevo Congreso de la República, tras unos días de alta tensión política. Se trata de un hecho absolutamente normal, que ocurre al inicio de la mayoría de los periodos legislativos, en una dinámica lógica en la que cada organización política busca protagonismo y liderazgo en el cuatrienio que comienza.

Pero el Congreso instalado el pasado 20 de julio no se parecerá, con seguridad, a ninguno de los anteriores. No será un apéndice dócil del Ejecutivo, donde la agenda se negocia a cambio de cuotas burocráticas. Esta vez, ojalá por primera vez en mucho tiempo, llega un Congreso con las manos libres de acuerdos, sin compromisos de representación en los ministerios del nuevo Gobierno.

A diferencia de los congresos que lo antecedieron, la mayoría de ellos poco transparentes y hasta espurios, este cuenta con una oportunidad histórica: la de ejercer de verdad su rol y su función constitucional, como debe ser, un contrapeso real del Poder Ejecutivo.

El Gobierno que tomará posesión el próximo 7 de agosto, liderado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, ha sido claro y contundente desde la misma campaña que lo llevó a ser elegido por la mayoría de los colombianos. Los nombramientos de su nuevo gabinete ministerial ratifican esa certeza: cero mermelada para los integrantes del Legislativo. Nada de puestos, nada de contratos, nada de prebendas disfrazadas bajo la famosa frase de “gobernabilidad”. Y así lo ha cumplido, incluso antes de posesionarse.

A partir del 7 de agosto, las solicitudes que hagan al Gobierno los parlamentarios, o los partidos que representan, deberán ser públicas, tal como lo ha señalado el presidente electo. Esto permitirá que sean transparentes y estén sometidas al escrutinio ciudadano; ojalá esa misma práctica se extienda también a alcaldes y gobernadores.

El resultado será una transformación radicalmente distinta a lo ocurrido en el pasado: obligará al Congreso a debatir de frente, a argumentar con seriedad y, sobre todo, a fortalecer la separación de poderes, tan erosionada en los últimos años y, en particular, durante el último cuatrienio.

Esta separación real de poderes no debe verse como un riesgo; por el contrario, es una fortaleza que obligará, sin lugar a dudas, a que los partidos políticos se reestructuren y dejen de ser empresas electorales para convertirse en verdaderas organizaciones de pensamiento y acción política. Ese proceso abrirá la puerta a algo que ha sido una frustración de las últimas décadas: una reforma política profunda impulsada por el propio Congreso. Una reforma que avance hacia listas cerradas, donde los colombianos votemos por ideas y por equipos, y no por el caudillismo local y regional que históricamente ha negociado su lealtad al mejor postor, tal como ha ocurrido en nuestra débil democracia.

Sin embargo, este cambio no puede quedarse en el Gobierno nacional. El presidente electo Abelardo De La Espriella tiene el deber de replicar esta misma política en las regiones, invitando a gobernadores y alcaldes a adoptar su mismo compromiso: cero mermelada territorial, solicitudes públicas, debates abiertos y fortalecimiento de las asambleas y los concejos como verdaderos órganos de control. Solo así se construirá la Colombia coherente que quiere el nuevo Gobierno, con una fortaleza que fluya desde las regiones hacia el centro, y viceversa.

No hay duda, esta es la nueva Colombia. La Colombia donde se acaba la política del puesto, la mermelada y esa corrupción cancerígena que hemos padecido en las últimas décadas y que se ha vuelto absolutamente endémica; la Colombia donde el mérito, la transparencia y el servicio público se conviertan en política de Estado. Los colombianos estamos cansados de ver cómo los recursos de nuestros impuestos terminan en cuotas clientelistas y en manos de organizaciones empresariales y contratistas corruptos, mientras el país se hunde en la inequidad y la violencia.

Son este Congreso y este Gobierno los que tienen la obligación moral e histórica de cerrar ese oscuro capítulo en el que se ha convertido nuestra débil democracia, una democracia que el líder del gobierno saliente casi termina por acabar al aliarse con los mayores delincuentes bajo su política de “paz total”.

Los colombianos votamos por un cambio verdadero y vamos a exigir que ocurra realmente. Que no quepa duda, ni para el Gobierno nacional ni para los congresistas, ni tampoco para el poder político departamental y municipal: esta vez no puede haber atajos ni engaños hacia los colombianos. Por fin tendremos una política que le devuelva la dignidad a la gente, y no tengo duda de que, comenzando por el nuevo Congreso de la República y el liderazgo del nuevo Gobierno, no estarán por debajo del deseo de los colombianos.

Pero si ocurriera lo contrario, y este Congreso cayera nuevamente en la subordinación o en el viejo chantaje clientelista, sería el fin de la decisión soberana del pueblo: se frustraría el mandato ciudadano y se perpetuarían la politiquería y el continuismo, perdiendo así la oportunidad histórica de recuperar las instituciones. No habrá excusas si en el próximo cuatrienio regresa un gobierno como el que la mayoría de los colombianos derrotamos el 31 de mayo. Sería la oportunidad para que una oposición ilegítima, liderada por el expresidente Gustavo Petro y sus aliados políticos y los delincuentes de la “paz total”, regrese al poder.

Los colombianos tenemos la certeza de que eso no va a ocurrir. Por el contrario, vendrá una transformación constante de la institucionalidad y, por excelencia, de los derechos y libertades de los ciudadanos. Creemos que el compromiso del presidente Abelardo De La Espriella, más allá de que le haya tocado heredar un país en medio de ruinas institucionales, logrará restablecer, así lo cree la mayoría de los colombianos, la verdadera separación de poderes: devolviéndole al Congreso su rol de contrapeso, a la rama judicial su independencia, y a un Ejecutivo que liderará cumpliendo estrictamente la Constitución y la ley.

En cuatro años dejará no solo un país más seguro y ordenado, sino las bases sólidas de una democracia restaurada y de promesas cumplidas: una justicia sin impunidad, una economía sin clientelismo, una seguridad sin pactos oscuros y libertades sin mordaza. De todos depende que seamos parte de la nueva Colombia.