Congelados, estupefactos y horrorizados quedamos todos los colombianos que conocimos los audios y videos revelados por Noticias Caracol. Y aun cuando lo habíamos advertido desde el primer día del gobierno de Gustavo Petro, no deja de sorprendernos la frialdad y el descaro del ex alto comisionado de paz Danilo Rueda, antiguo miembro activo de la ONG jesuita marxista-leninista Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Sus promesas a Jerónimo, comandante del Clan del Golfo, dan cuenta del poder que llegó a ejercer con decisiones que iban desde ‘mochar’ cabezas de generales hasta frenar procesos de extradición, e incluso cambiar la inteligencia militar en beneficio de la criminalidad.

La frase “¡Juguemos a los congelados!” pasará a la historia como una de las expresiones más indignantes e ignominiosas de este Gobierno que le entregó el país a la criminalidad.

También resulta alucinante que este infame proceso de degradación y reducción de las capacidades de la fuerza pública haya sido bautizado con el nombre de Ley de Paz Total. ¿Paz Total o Paz Cocal?

Ver a Colombia ocupar de nuevo el primer lugar en exportación de cocaína en el mundo, mientras los cultivos ilícitos superan la barrera histórica de las 250.000 hectáreas, confirma que nos convirtieron en el jardín del narcotráfico mundial, bajo la mirada cómplice de un Estado que decidió hacerse el de la vista gorda.

Hoy, la Defensoría del Pueblo afirma que 790 municipios, casi el 71 por ciento de nuestra Colombia, están bajo el yugo de grupos armados que se expandieron sin control.

El Clan del Golfo, por ejemplo, duplicó su presencia, pasando de 165 a 338 municipios.

Por su parte, Otty Patiño, el comisionado que relevó a Danilo Rueda, también dejó su firma plasmada en documentos que muestran cómo, bajo el ropaje de la paz, suspendieron las acciones militares, de inteligencia y policial contra las estructuras terroristas como la Segunda Marquetalia, mientras se solicitaban garantías de protección para sus cabecillas.

A nuestros soldados y policías no solo los desautorizaron, les quitaron respaldo, les frenaron la iniciativa y después tuvieron el descaro de culparlos por el deterioro de la seguridad.

El coronel en retiro Javier Valenzuela reveló esta semana en La FM lo que muchos oficiales vivieron en el terreno: que la paz se convirtió en freno para operar. Denunció que le ordenaron retirar pelotones en zonas donde había información sobre criminales, armas y explosivos de la Segunda Marquetalia en Nariño.

Ninguna institución sobrevive cuando desde el poder político se le ordena dudar de su propia misión constitucional. Hoy sabemos que durante el gobierno de Gustavo Petro más de 30.000 hombres han salido de las filas entre deserciones, retiros y bajas.

Ante la magnitud del escándalo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, intenta desmarcarse, calificando lo revelado como un “concierto para delinquir” y una conspiración contra la seguridad de los colombianos, lo que suena más a confesión tardía de impotencia que a explicación de mando.

¿Y qué decir del exministro Iván Velásquez? Desde la comodidad de su embajada ante la Santa Sede, pretende negar lo evidente y lavarse las manos con un pronunciamiento cargado de excusas. Dice que no supo nada de los pactos de Rueda y que sus decisiones fueron “rigurosas”. Rigurosa fue, más bien, la forma en que dejaron maniatada a la fuerza pública.

Hoy, después de cuatro años, lo que nos queda son cifras nefastas. Según la Unidad para las Víctimas, entre el 7 de agosto de 2022 y el primero de junio de 2026 fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas 1.074.190 personas.

Solo en estos años se reconocieron más de 1,2 millones de casos de desplazamiento forzado, más de 300.000 amenazas, más de 171.000 confinamientos y más de 65.000 homicidios.

Esa es la distancia brutal entre el discurso y la realidad: prometieron paz, pero dejaron avanzar la guerra; prometieron proteger al pueblo, pero terminaron protegiendo al criminal. Ahí está el verdadero retrato de lo que ha sido este gobierno.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, les ha dado un plazo perentorio de 30 días, a partir de su posesión, para que cesen toda actividad criminal y se entreguen a la justicia bajo los términos del Estado, sin beneficios ni ‘estatus políticos’. La justicia tiene la palabra.

Lo advertí en La democracia en peligro: estos grupos criminales buscan la toma del poder mediante la violencia y la intimidación. La complicidad estatal permitió que se convirtieran en verdaderos poderes paralelos, capaces de desafiar la voluntad popular y amenazar la estabilidad de nuestras instituciones.

Lo vimos en Chile, Perú, Bolivia y Ecuador; países donde, si bien los gobiernos de izquierda fueron derrotados en las urnas, dejaron una pesada herencia: grupos criminales que, lejos de desaparecer con el cambio de gobierno, se consolidaron como poderes fácticos que hoy amenazan las democracias desde adentro.

Y, como en esos países, aquí también nos dejarán una nación donde el crimen organizado es el verdadero dueño del territorio, suplantando la ley y secuestrando la soberanía para perpetuar su dominio desde las sombras.

La tarea será histórica: limpiar la casa, devolverle el honor a nuestra fuerza pública y restablecer la autoridad que nunca debió negociarse. No más juegos de ‘congelados’. ¡Colombia exige orden y justicia, porque la soberanía no se negocia!