Está semana presenciamos un hecho aberrante: un grupo de opositores llegó hasta la casa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, grafiteó muros cerca de la entrada y la situación terminó en violencia. Pero lo más grave vino después. Como de costumbre, Gustavo Petro salió a minimizar el ataque. En un evento de Jóvenes en Paz —precisamente ante jóvenes con conflictos con la ley, donde un mandatario debería inspirar a ser mejores personas, sembrar valores y empujarlos a transformar sus vidas eligiendo el camino de la legalidad—, el presidente legitimó el vandalismo al llamarlo “libre expresión” y asegurar que esos grafitis son “arte”. El mensaje caló de inmediato: al día siguiente, colectivos petristas y de Iván Cepeda Castro atacaron y pintaron las sedes de campaña de Paloma Valencia Laserna y del Partido Político MIRA, algo que ya hemos visto también contra Abelardo de la Espriella. Cuando desde el poder se normaliza el abuso, los seguidores entienden que todo vale.
Hoy quiero hablar de frente sobre los grafitis, un tema que pocos se atreven a tocar porque saben lo que viene después: el linchamiento. Pero somos una mayoría silenciosa en este país que piensa lo mismo y que ya está cansada de callarse. Hay que poner las cosas en su sitio: el grafiti como expresión artística, en espacios habilitados, puede ser legítimo, pero pintar sin permiso lo que no es de uno es puro y simple vandalismo. En Colombia se volvió costumbre mezclar ambas cosas para justificar el daño a la propiedad ajena.
El principio rector de la convivencia es muy simple: mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Esto debería ser una regla sagrada, pero hoy la tienen pisoteada. Ahora resulta que si uno exige respeto por el espacio público o simplemente pide orden, la horda sale a reclamar, te linchan en redes y te señalan de facho e intolerante. Pasar por encima de la gente honesta se volvió la norma; defender la legalidad se volvió motivo de ataque.
Es indignante caminar por nuestras ciudades y ver el deterioro absoluto de las calles bajo el pretexto de la “cultura”. Si pagamos impuestos con juicio, ¿por qué tenemos que vivir rodeados de grafitis llenos de insultos? Hoy vemos los muros convertidos en una agresión visual que, así la calle esté limpia, hace que la ciudad se vea sucia, se sienta triste y refleje el odio que se está viviendo. Nos han impuesto el cuento progre de que la destrucción es arte y, como gritan más duro, terminaron silenciando a la mayoría. Pareciera que un ciudadano decente tuviera menos derechos que un vándalo.
El trasfondo de esta crisis es la cobardía institucional. Pintar el muro ajeno sin permiso en Colombia no es un delito penal, pero sí una infracción clara al Código de Policía. El problema es que las autoridades dejaron de hacer cumplir la ley porque hoy las minorías agresivas parecen tener más derechos que las mayorías silenciosas. Proteger los derechos de las minorías nunca debería significar otorgarles privilegios por encima de los demás; en una democracia, la igualdad consiste precisamente en garantizar los mismos derechos y deberes para todos. Pero en Colombia pareciera que el principio de igualdad se invirtió: quienes más gritan, intimidan o vandalizan terminan imponiéndose sobre los ciudadanos que sí respetan las reglas. El funcionario que intenta actuar sabe que puede terminar perseguido, señalado o sin respaldo institucional. Así, poco a poco, la convivencia quedó secuestrada por quienes gritan más duro, destruyen más y convierten la intimidación en un mecanismo de poder.
No podemos seguir permitiendo que el miedo gobierne. El respeto a la propiedad privada y a la tranquilidad no son lujos opcionales; son la base de la civilización. Es hora de exigirles a las autoridades que recuperen los pantalones, que dejen de temerle al grito de la turba y que hagan cumplir la ley. Si pagar impuestos solo nos da derecho a callar y aguantar mientras destruyen las ciudades, entonces el contrato social en Colombia está completamente roto.