Colombia no está ante una simple disputa electoral. Lo que se está fraguando de cara al 21 de junio es algo mucho más oscuro y deliberado: un guion de desestabilización que la extrema izquierda ya ensayó en 2021 y que hoy estaría siendo montado con la misma frialdad y la misma impunidad de siempre.

El libreto comenzó la misma noche del 31 de mayo. Apenas se conocieron los resultados que dejaban a Iván Cepeda en segundo lugar, Gustavo Petro salió a declarar desde la Presidencia de la República que no aceptaba los resultados del preconteo, una declaración sin precedentes en la historia política del país y sin ningún sustento jurídico, porque los resultados del preconteo son divulgados y avalados por la Registraduría Nacional y están respaldados por cientos de observadores internacionales. Petro no estaba hablando como jurista. Lo que está tratando de hacer es sembrar la semilla del caos y construir la narrativa que necesita para justificar lo que viene después.

La Registraduría fue contundente al confirmar que el escrutinio de la primera vuelta alcanzó el 99,98 % sin novedad, con un nivel de coincidencia del 99,94 % frente al escrutinio realizado por los jueces de la República. La OEA llegó con 96 observadores en 26 departamentos y avaló la transparencia del proceso de principio a fin. La Unión Europea fue todavía más directa: con 143 observadores de 24 países, su jefe de misión, Esteban González Pons, descartó cualquier fraude y afirmó que el proceso fue transparente, ordenado y fluido, y que Colombia había dado una lección de democracia. La MOE Colombia presentó su propio informe descartando anomalías en el censo, los puestos y las mesas de votación. El propio Cepeda tuvo que recular y reconocer que no habían encontrado evidencia ni irregularidades protuberantes, pero el daño ya estaba hecho, porque la duda había sido instalada deliberadamente y eso era exactamente lo que buscaban.

Queda claro que sus críticos consideran que pretenden instaurar el mismo modus operandi que aplicaron con Iván Duque en la toma guerrillera de 2021; es decir, Petro, Cepeda y su aparato no estarían defendiendo la democracia, sino que buscarían, según esta postura, destruirla desde adentro, montando una narrativa de fraude sin pruebas para movilizar a sus bases con ese combustible emocional y salir a decir el 21 de junio que se lo robaron, que el pueblo no puede aceptarlo y que hay que tomarse las calles. Lo que perdieron en las urnas quieren imponerlo incendiando el país porque no tienen votos suficientes, no tienen argumentos ni pruebas de fraude; solo tienen la capacidad de generar terror, paralizar ciudades y quemar lo que encuentren a su paso. Estamos ante la táctica desesperada de quien sabe que el pueblo ya los rechazó en las elecciones y que la primera vuelta mostró con claridad la ventaja de Abelardo de la Espriella sobre una extrema izquierda que pretende sucumbir a Colombia antes que aceptar su derrota.

El terrorismo urbano ya arrancó. Desde varias universidades públicas del país se estaría organizando y financiando el rearme de la Primera Línea, convocando a jóvenes para salir a intimidar y amedrentar antes de la segunda vuelta como calentamiento de lo que tienen planeado. Los campus universitarios, que deberían ser espacios de debate y construcción, estarían siendo usados como centros de operación para reclutar a los mismos vándalos que en 2021 incendiaron, destruyeron y sembraron el terror en las principales ciudades del país. Se trataría de un plan bien coordinado que, según esta visión, cuenta con estructuras de guerrillas urbanas detrás, como las Farc y el ELN.

La noche del jueves 4 de junio eso quedó en evidencia cuando simpatizantes del Pacto Histórico, junto con elementos identificados de la Primera Línea, llegaron hasta la sede de campaña de De la Espriella en el Park Way, de Teusaquillo, en Bogotá. Lanzaron arengas y objetos e intimidaron a quienes estaban adentro. Terrorismo urbano puro que impone todas las formas de lucha como ensayo general de lo que tienen preparado para cuando pierdan el 21 de junio. La primera línea no desapareció, se agazapó y hoy la están rearmando como herramienta de presión y de miedo porque es lo único que les queda.

A eso hay que sumarle que nuestro país cuenta con un presidente (bastante antidemocrático) que no reconoce resultados y que, además, controla la billetera del Estado; tiene en sus manos la capacidad de asfixiar el proceso electoral, herramienta que, según esta interpretación, podría utilizar como presión política.

El objetivo final no es ganar el 21 de junio, sino convertir la derrota en una crisis de gobernabilidad que les permita seguir en el poder de otra forma. La constituyente que tanto soñaron y que ahora fingen haber abandonado para pescar votos de centro jurídicamente todavía no está muerta, y el continuismo del fracasado proyecto de “paz total”, la captura del Estado y el sueño bolivariano que tanto admiran en Caracas están en juego el 21 de junio, y ellos lo saben mejor que nadie.

Colombia tiene tres semanas para blindarse, porque lo que se viene no es una campaña electoral normal, sino la batalla final de un gobierno que no quiere irse y que ya demostró que no le tiembla la mano para usar la violencia y la mentira como instrumentos políticos. Los más de 23 millones de colombianos que salieron a votar el 31 de mayo no pueden permitir que ese voto sea aplastado por una minoría rabiosa que solo entiende el lenguaje de la violencia y del caos.

La democracia colombiana ha resistido guerrillas, narcos y paramilitares. La pregunta ahora es si quienes dicen defenderla estarán dispuestos a respetar la decisión soberana de los colombianos cuando las urnas hablen nuevamente el próximo 21 de junio.