Estamos a escasos 30 días del cambio de gobierno y son muchas las cosas extrañas que suceden en este mundo macondiano; el excandidato de la izquierda y ‘heredero’ del petrosantismo intenta imponer condiciones al presidente electo, entre ellas, el tema relacionado con la doble nacionalidad, aspecto que no le incomodó durante los cuatro años en que gobernó su jefe, quien también ha manifestado públicamente que ostenta la nacionalidad italiana, país con el que se debe sentir resentido porque no salieron a recibirlo con bombos y platillos la semana anterior, cuando fue a visitar al Papa acompañado de la favorecida.
El mismo ‘heredero’ le pone la cereza al pastel cuando llama a sus seguidores a que desconozcan el mandato legítimo, aunque aceptado por él, del doctor Abelardo De La Espriella, si este no cumple sus imposiciones; los pájaros tirándole a las escopetas, qué cinismo. El excandidato Cepeda intenta chantajear al nuevo gobierno con la ‘desobediencia civil pacífica’, pero lo que busca la izquierda es justificar ante propios y extraños cómo salir a las calles con la primera línea y los colectivos que han conformado en estos años, para destruir a Colombia con una guerra civil. Ya lo han dicho sus seguidores: “Hacer invivible este país” (Viviana Marín).
El doble rasero de Cepeda no tiene límites, pues considera que, si una persona ha trabajado para una agencia de seguridad de otro país, esto se convierte en un impedimento para ser presidente, pero ese impedimento no existe cuando el jefe de gobierno ha pertenecido a una organización criminal que asesinó, secuestró, torturó, robó, cometió crímenes de lesa humanidad y que en la plaza pública enarbola la insignia del proscrito M-19, o cuando su fórmula vicepresidencial, designada como medida populista para sumar votos, no posee la preparación para desempeñar el cargo; en este caso hipotético, ¿a dónde iría Colombia? ¿Regresaría nuevamente a manos del señor Petro? Dios nos libró de esa posible pesadilla.
Pero lo más complejo de entender es por qué el excandidato Cepeda le pide al presidente electo que se comprometa a desistir de cualquier intención de extraditar al jefe de gobierno saliente; ¿a qué le tienen miedo? El que nada debe, nada teme, y la extradición responde a un requerimiento judicial de otro Estado soberano. Pero el excandidato va más allá y, en su perorata, sigue empleando el mismo lenguaje lleno de mentiras que se usó durante la sucia campaña presidencial, tratando de generar una sombra de duda o rechazo hacia el presidente electo por decisiones que este no ha tomado, pues aún no se ha posesionado.
Todas estas y otras perlas nos demuestran que el proyecto político de la izquierda en Colombia es todo un fraude; el llamado a la ‘desobediencia civil pacífica’ que hace Cepeda es una prueba clara de que el comunismo que representa su ideología política y la de sus camaradas no busca el progreso ni la prosperidad de los colombianos, sino que aspira a mantenerse en el poder para gozar de las ventajas y las riquezas que les ofrecen el absolutismo y la autocracia a quienes están en la cúpula de la pirámide. Sin duda, en las pasadas elecciones los votantes entendieron que la izquierda en el país es una amenaza para la democracia y las libertades, y que bajo su dominio nunca habrá ni paz ni prosperidad.
El gobierno de Duque (2018-2022) manifestó que no utilizaría el espejo retrovisor para gobernar, pero fue uno de sus grandes errores y posiblemente la causa para que el comunismo lograra la Presidencia en 2022, pues el petrosantismo se unió y logró elegir al actual jefe de gobierno; sin embargo, esta lección aprendida debe servir para que ese espejo retrovisor permita ahora procesar a todos aquellos corruptos del gobierno saliente y sus allegados, políticos y familiares, que saquearon a sus anchas las arcas del Estado y permitieron que crecieran exponencialmente los cultivos de coca, la minería ilegal y las cuadrillas de narcoterroristas que afectan la seguridad en una porción muy importante del país.
La izquierda recalcitrante aún no acepta que Cepeda no haya ganado la elección que estaba segura de ganar en la primera vuelta, especialmente por toda la corrupción, el voto fusil, el billete y las triquiñuelas empleadas; algunos analistas piensan que, a partir del 8 de agosto, estos quieren incendiar a Colombia e impedir que el nuevo gobierno pueda dirigir el país. Pero el Estado de derecho debe ejercer su función constitucional, incluyendo el uso legítimo de la fuerza, para impedir que se viole la seguridad, tanto de las mayorías como de las minorías. El Estado no puede ceder un centímetro ante el terrorismo, porque en ese caso ‘pierde el año’. Los primeros días serán fundamentales en la respuesta del Estado ante la violencia, porque la izquierda querrá medir las reacciones a sus actos provocadores.