En Colombia empieza a consolidarse una fórmula que parece infalible: trabaje durante años al servicio del Congreso, hágase indispensable para los congresistas y espere su turno. Tarde o temprano, esos mismos congresistas terminarán premiándolo con la dirección de alguno de los organismos de control que debería vigilarlos.
Jorge Laverde acaba de recorrer ese camino: era secretario de la Comisión Sexta del Senado y hoy es contralor general, elegido por el Congreso en pleno. Antes que él, Gregorio Eljach siguió una ruta parecida: después de doce años como secretario general del Senado, fueron los propios senadores quienes lo eligieron procurador general.
Quienes ocupan durante años las secretarías del Congreso o de sus comisiones no son simples funcionarios administrativos. Trabajan todos los días con los congresistas, conocen sus necesidades, destraban trámites, ayudan a resolver problemas y, naturalmente, terminan haciendo favores. Los congresistas quedan en deuda con ellos y ellos, a su vez, se vuelven parte de ese mundo político.
Aquí estamos frente a un claro y profundo conflicto de intereses. ¿Qué independencia puede haber cuando alguien tiene que investigar a quien durante años fue su compañero, su jefe o incluso su amigo? Los afectos, las lealtades y las relaciones de confianza construidas durante años no desaparecen simplemente con un cambio de cargo.
Pero el problema no termina con los secretarios. Cualquiera que aspire a dirigir un organismo de control y necesite los votos del Congreso debe recorrer un camino parecido: buscar apoyos, negociar con partidos y convencer bancadas. Sabemos perfectamente que, en la política colombiana, esos votos rara vez son gratuitos.
Es entonces cuando entran en juego las cuotas, los cargos y los contratos: la famosa mermelada, una contraprestación que convierte una elección orientada a garantizar independencia en un intercambio de favores: ‘Usted me ayuda a llegar y, cuando llegue, yo me encargo de retribuirle el apoyo’.
Esa deuda no siempre se paga con puestos o contratos; a veces se salda mirando para otro lado o jugando a los ‘congelados’ cuando llega la hora de investigar. Pero el problema va mucho más allá: el poder de los congresistas no termina en el Capitolio. Muchos tienen enormes estructuras políticas en sus regiones, con alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas departamentales y juntas administradoras locales que forman parte de sus casas políticas. Son precisamente esas administraciones las que manejan recursos públicos y deberían estar sometidas a una vigilancia sin contemplaciones. Ahí se completa el círculo vicioso: quienes ejercen influencia sobre esas administraciones participan en la elección de quien después tendrá que fiscalizarlas.
La propia dinámica de estas elecciones demuestra hasta dónde llega el problema. Cuando un candidato comienza a perfilarse como ganador, muchas veces los partidos dejan a un lado sus diferencias y corren a sumarse. Nadie quiere quedarse por fuera de la elección de quien mañana ostentará semejante poder.
Hay un ejemplo que siempre me ha parecido revelador: Gustavo Petro, desde una orilla ideológica completamente opuesta a la de Alejandro Ordóñez, terminó votando por él para la Procuraduría. No lo menciono para juzgar la gestión de Ordóñez, sino porque demuestra hasta qué punto estas elecciones obedecen más al cálculo político que a las convicciones.
Colombia necesita organismos de control genuinamente independientes del poder político. Eso exige una reforma de fondo que le quite al Congreso la última palabra sobre quién debe vigilarlo. El problema es que difícilmente esa reforma nacerá del propio Congreso: pedirles a los congresistas que renuncien voluntariamente a semejante cuota de poder es pedirle al ratón que deje de cuidar el queso.
Por eso, esta discusión debe salir de la ciudadanía, mediante una iniciativa popular que cambie la forma de elegir a quienes dirigen estos organismos y rompa, de una vez por todas, esa relación de dependencia. Mientras eso no ocurra, el círculo seguirá intacto: favores que van, favores que vuelven y funcionarios que llegan a controlar gracias al voto de quienes mañana podrían terminar bajo su lupa.
Adenda 1. Esta semana se reveló que el gobierno de Petro dejó profundamente debilitada la capacidad técnica de la UNGRD. La llenaron de artistas, cineastas, filósofos, músicos y personas sin la preparación técnica necesaria para enfrentar emergencias.
¡No hay derecho! Estamos hablando de la entidad encargada de responder ante las tragedias y salvar vidas. Esto no es solo corrupción. ¡Esto es matar gente!
Adenda 2. El líder de la oposición, Iván Cepeda, en lugar de estar jugando al gabinete alterno imaginario y convocando reuniones políticas, debería estar en los barrios, al lado de la gente y ayudando a quienes hoy lo necesitan.