Hay una frase que debería bastar para cerrar cualquier discusión sobre lo que le está pasando a la infancia en Colombia y es que ningún niño le pertenece a un adulto, a una clínica, a una ideología ni a un Estado. Un niño no es un proyecto de nadie más que de sí mismo. Y, sin embargo, en las últimas semanas hemos visto cómo esa verdad elemental fue tratada como una provocación, como un delito, como algo que había que silenciar a punta de una orden judicial dictada en Cali contra un extranjero que se atrevió a preguntar qué les estamos haciendo a nuestros niños.
El documentalista mexicano Samuel Adrián llegó el domingo pasado al aeropuerto El Dorado sabiendo perfectamente lo que le esperaba. Lo había anunciado él mismo, en un video grabado en Panamá, mientras explicaba que podía ser privado de la libertad apenas pisara suelo colombiano. No fue una exageración ni un golpe de mercadeo. Fue detenido por la Policía cumpliendo una orden de arresto por desacato, emitida por un juzgado de Cali, por negarse a retirar de las redes su documental Colombia, fábrica de niños trans. Diez días de arresto y una multa equivalente a 15 salarios mínimos por no borrar un video que ya superaba los tres millones y medio de reproducciones. Léase bien lo que acabo de escribir, porque no es una anécdota judicial menor. Es el retrato exacto de hacia dónde va un país cuando decide que hacer preguntas sobre la salud de los menores es más peligroso que las intervenciones mismas que esas preguntas señalan.
El documental no inventa nada. Recoge testimonios, recoge grabaciones atribuidas a un médico que trató a menores, recoge historias de familias que hoy conviven con las consecuencias de decisiones tomadas cuando sus hijos todavía no habían cumplido ni siquiera la mayoría de edad para firmar un contrato de arrendamiento, mucho menos para decidir sobre su fertilidad futura o sobre la reversibilidad de su propio cuerpo. Habla de bloqueadores hormonales, de intervenciones y de un entramado médico que avanza sobre la niñez colombiana disfrazado de progreso, mientras la ciencia internacional se llena cada vez de más dudas y de más países que están frenando en seco lo que hace apenas un lustro se presentaba como una verdad incuestionable. Reino Unido cerró su clínica insignia para menores tras la revisión Cass. Suecia, Finlandia y Noruega restringieron los tratamientos hormonales en niños por falta de evidencia sólida sobre sus beneficios a largo plazo. Esa no es una conspiración de la derecha latinoamericana. Es la propia medicina europea reconociendo que se corrió más rápido de lo que la evidencia permitía correr.
Y esto no es una discusión abstracta ni una exageración retórica de un documentalista incómodo. La Fundación Valle del Lili, en Cali, tuvo que reconocer mediante un derecho de petición, cuya respuesta solo llegó después de que un juzgado penal para adolescentes de Zipaquirá lo ordenara tras una tutela, que ha practicado 80 tratamientos afirmativos de género en menores de edad. Ochenta niños y adolescentes en una sola institución, sin que la propia fundación pueda o quiera precisar cuántos de esos casos corresponden a cada año y sin que exista en todo el país un registro nacional que permita saber cuántos más se han practicado en el resto de las clínicas colombianas que ofrecen el mismo servicio. Esa cifra salió a la luz por el caso de Laura, una joven que hoy tiene 23 años y que cuestiona haber recibido testosterona antes de la edad que recomendaban los propios protocolos médicos, sin que su familia firmara un consentimiento informado cualificado. Si 80 casos documentados en una sola clínica bastaron para que una activista la llamara la punta del iceberg, la pregunta que debería quitarle el sueño a cualquier autoridad de salud es cuántos icebergs más hay repartidos por el país sin que nadie los esté contando.
Y aquí está lo verdaderamente grave del caso de Samuel Adrián: en Colombia, la respuesta a ese debate no fue la evidencia ni el contraste médico, fue la Policía. En lugar de que las autoridades sanitarias abrieran una revisión seria de los protocolos que se aplican a menores en el país, un juzgado de Cali terminó convirtiendo la censura en política pública. Se persiguió al mensajero, no al problema. Se encarceló al que preguntó, no al que no tiene respuestas claras sobre por qué se interviene el cuerpo de un niño de 11, 12 o 13 años con tratamientos que en buena parte de Europa hoy están bajo sospecha.
No estoy hablando de negar la existencia del sufrimiento que viven algunos menores respecto a su identidad ni de la angustia de un niño o de una familia que no sabe cómo acompañar ese proceso. Estoy hablando de algo mucho más básico, que es la obligación que tiene toda sociedad decente de proteger a la infancia de decisiones irreversibles antes de que esa misma infancia tenga la madurez neurológica, legal y emocional para tomarlas. Un menor de edad no puede comprar alcohol, no puede votar, no puede conducir, no puede casarse, pero, según el entramado que denuncia este documental, sí puede iniciar un camino médico que compromete su fertilidad y el desarrollo de sus huesos para el resto de su vida. Esa contradicción no la inventó Samuel Adrián. Esa contradicción existe y seguirá existiendo mientras el debate se resuelva con esposas en un aeropuerto en lugar de resolverse con estudios, con protocolos claros y con el consentimiento informado de verdad, el que exige tiempo, evidencia y acompañamiento, no el que se arranca en una sola consulta.
El Congreso ya tiene sobre la mesa el proyecto de ley 001 de 2024, que busca regular estos tratamientos en menores y que en la Comisión Séptima del Senado generó una discusión donde la ponente advirtió sobre los riesgos médicos y psicológicos de los bloqueadores hormonales, y comparó el caso colombiano con el de Reino Unido, Francia y Dinamarca, países que ya restringieron estas intervenciones en menores. Pero ese proyecto, con toda su buena intención, tropieza con el mismo vacío que denuncia el documental de Adrián, y es que nadie en Colombia sabe a ciencia cierta cuántos niños están siendo intervenidos, porque no existe una sola entidad estatal que centralice esa información. Legislar a ciegas sobre el cuerpo de los niños es tan irresponsable como intervenirlo a ciegas.
Colombia tiene la obligación constitucional de proteger el interés superior del menor por encima de cualquier otra consideración y ese principio no puede convertirse en letra muerta cada vez que resulta incómodo para una agenda determinada. El artículo 44 de la Constitución no distingue entre causas populares e impopulares. Protege al niño frente a todos, incluidos los adultos que dicen actuar en su nombre. Por eso el arresto de un documentalista por negarse a borrar un video no es un asunto menor de desacato judicial. Es la señal de que en este país se está dispuesto a sacrificar la libertad de informar antes que abrir una conversación honesta sobre lo que les está pasando a nuestros niños.
La pregunta que debería quedar flotando después de este episodio no es si a alguien le incomoda el tono del documental de Samuel Adrián. La pregunta es por qué, en lugar de contestarle con datos, con historiales clínicos y con evidencia, el Estado colombiano decidió contestarle con una celda. Y la respuesta más honesta que se me ocurre es que resulta mucho más fácil silenciar a un extranjero incómodo que auditar un sistema médico que, según denuncian varias familias, avanzó sobre cuerpos infantiles sin que nadie se detuviera a preguntar si eso era lo correcto.
Nada de lo dicho aquí pretende poner en duda la autonomía de los jueces ni el respeto que merece toda decisión judicial tomada dentro del marco de la ley. Un juzgado tiene la potestad de hacer cumplir sus propios fallos y eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión, con toda razón, es si el país puede seguir tratando como una amenaza el simple hecho de hablar sobre lo que le está pasando a la infancia colombiana. Respetar la independencia judicial no puede significar renunciar al derecho igualmente sagrado de preguntar, de opinar y de exigir claridad sobre decisiones médicas que hoy se toman sobre cuerpos que todavía no han terminado de formarse. Una cosa es acatar una orden judicial y otra muy distinta es que esa orden se convierta en el punto final de una conversación que Colombia apenas está empezando a tener.
Los niños no son de sus padres, no son de los médicos, no son de una ideología ni son de un juzgado de Cali. Los niños son, antes que nada, de su propio futuro, y ese futuro merece decidirse con la cabeza fría de la adultez, no con la urgencia de un protocolo que hoy medio mundo está revisando. Mientras ese principio siga sin entenderse en Colombia, seguiremos viendo lo que vimos este domingo en El Dorado, que no fue la detención de un delincuente, sino la detención de una pregunta que este país todavía no ha tenido el valor de responder.