Iván Duque terminó víctima de su propio invento: creyó que la legitimidad de las urnas bastaba para gobernar y excluyó deliberadamente de la toma de decisiones a la clase política, incluso a aquellos afines a su proyecto. El costo de esa apuesta fue altísimo. Frente al embate feroz de la oposición y el vandalismo social del tristemente célebre estallido, Duque se encontró sin respaldos: nadie, ni siquiera los suyos, salió a apoyarlo. Así, terminó sin margen alguno para ejercer el poder.
No cabe acusar a Duque de mala fe, pero sí de ingenuidad política. Gobierno tras gobierno, Colombia tropieza con la misma piedra: confundir el poder formal con verdadera gobernabilidad. La realidad es otra. Gobernar exige conformar alianzas, construir apoyos sólidos y tejer redes de colaboración con quienes, aunque imperfectos, son piezas esenciales del tablero nacional.
El presidente Petro, después de un breve intento de apertura a la centroizquierda, cayó en la trampa de ensimismarse en sus dogmas. Se rodeó de los suyos y dejó fuera a casi todos los demás. El desenlace fue el mismo: el Congreso le cerró la puerta, sus reformas naufragaron y terminó enfrentando medio país. Curiosamente, tanto el clientelismo de derecha como el de izquierda persistieron cerca del poder, amparados por la flexibilidad del presupuesto y la supervivencia de sus propias redes.
Hoy, ese dilema se instala en el escritorio del presidente electo Abelardo De La Espriella. Aunque llegó al poder como adalid de la independencia frente a los partidos, ya cosechó su primer revés: su intento de influir en la elección del presidente del Senado, al margen de la clase política, terminó logrando lo impensable: unir a petrismo y uribismo para defender su espacio.
El presidencialismo colombiano, poderoso en el papel, se ve limitado en la práctica por una burocracia instalada y fragmentada. Ministerios, agencias y entidades están saturados de funcionarios que responden a caciques y facciones: títeres de lealtad partida, imposibles de remover masivamente. El Estado, en efecto, no obedece a un solo timonel.
El presidente, entonces, debe evitar el error de intentar imponer su voluntad a la fuerza. Lo sensato, aunque incómodo, es pactar acuerdos programáticos con las bancadas y, aquí surge el dilema ético central, aceptar ciertas prácticas políticas que desgastan la ética pública, pero viabilizan la gestión. Es una realidad difícil de digerir: gobernar no es —ni será— una competencia de pureza moral, sino de eficacia para transformar el país. La experiencia demuestra que los gobiernos aislados y “puros” suelen causar más daño por inacción o parálisis que la propia clase política con todos sus excesos.
Por ello, De La Espriella haría bien en enfocar su esfuerzo en unos pocos objetivos prioritarios —control territorial, estabilización fiscal, salud, energía, educación y relaciones exteriores sólidas— y sacarlos adelante de la mano de los partidos dispuestos a garantizar gobernabilidad. Al mismo tiempo, debe proteger y profundizar los programas sociales útiles, incluso cuando la búsqueda de consensos traiga ineficiencia o implique ceder terreno ético a cambio de dividendos mucho más importantes para el país.
No hay que engañarse: tolerar prácticas políticas cuestionables supone un dilema moral serio, uno que debe ser enfrentado de cara al país. Sin embargo, más dañino aún para el bienestar nacional sería la debilidad de un gobierno incapaz de ejecutar. La historia es elocuente: los presidentes solitarios terminan solos y arrastran a la nación al inmovilismo. Mejor un consenso imperfecto que una soledad estéril. La gobernabilidad, aun con dilemas, sigue siendo el único camino para que Colombia avance.