Fecode, las centrales obreras y una amplia coalición de organizaciones sociales y políticas volvieron a acordarse de la calle. Convocaron una movilización nacional para el 14 de octubre y preparan un paro nacional para noviembre contra el gobierno de Abelardo De La Espriella. Todos tienen derecho a protestar y a hacer oposición. De eso también se trata la democracia.

Durante los cuatro años de Gustavo Petro tuvieron motivos de sobra para protestar y jugaron a los congelados: la corrupción de la UNGRD, el proceso contra Nicolás Petro, los cuestionamientos sobre la financiación de la campaña, Verónica Alcocer y los catalanes, el derroche de recursos públicos y una Ecopetrol que convirtieron en la caja menor de los amigos de Petro.

Petro prometió acabar con los contratos de prestación de servicios y terminó firmando 884.064 por cerca de $36 billones, un 119 % más que durante Duque, mientras más de la mitad de los trabajadores colombianos seguían en la informalidad. ¿Ellos no tenían derechos laborales? El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes aumentó cerca de un 300 % y tampoco eso ameritó un paro nacional.

Pero el silencio más difícil de explicar es el que guardaron frente a la salud y la vida de los propios maestros. El nuevo modelo del magisterio terminó convertido en un calvario; dos representantes de Fecode en el Consejo Directivo del FOMAG recibieron pliego de cargos de la Procuraduría y esta semana la Contraloría puso la lupa sobre pagos por $4,4 billones a proveedores de salud realizados durante las últimas cinco semanas del gobierno de Petro, cuyos soportes y evidencias no pudieron ser identificados.

Por eso cuesta creer que esta repentina indignación responda realmente al bienestar de los colombianos. Hablan de defender los derechos laborales y la pregunta es elemental: ¿cuáles derechos les han quitado a los trabajadores en estas pocas semanas de gobierno? Ninguno. Mientras tanto, buena parte de su discurso gira alrededor de Cuba, Palestina, Trump, Milei, el “fascismo” y otras causas ideológicas internacionales.

Dicho esto, el Gobierno cometería un error gravísimo si, por la evidente incoherencia de quienes convocan, minimiza lo que están preparando. Hay antecedentes que obligan a tomárselo en serio.

Un día antes de la segunda vuelta, SEMANA reveló un informe de inteligencia que advertía sobre la intención de promover un “nuevo estallido social” si De La Espriella llegaba a la Presidencia y mencionaba organizaciones relacionadas con estructuras urbanas del ELN y disidencias de las Farc. En agosto se conoció una segunda alerta: documentos de inteligencia internacional advertían sobre presuntos planes de grupos criminales para generar escenarios de desestabilización mediante bloqueos, ataques y otras acciones.

Dos alertas distintas no pueden archivarse en un cajón, menos cuando hoy se anuncia un paro nacional y se habla de fortalecer la organización territorial. En Colombia ya sabemos lo costoso que puede resultar subestimar el descontento. En 2013, Juan Manuel Santos pronunció una frase que terminó persiguiendo a su gobierno: “El tal paro nacional agrario no existe”. El paro sí existía y la frase terminó convertida en símbolo de un gobierno que no había dimensionado lo que estaba ocurriendo. Ese error no se puede repetir.

Petro ya comprobó que no es dueño de la calle. Desde el poder nunca consiguió reproducir la capacidad de convocatoria que tuvo antes de llegar a la Presidencia. Sin embargo, un estallido funciona como un incendio: no hace falta controlar todo el bosque; a veces basta una chispa.

Y esa chispa encuentra hoy un terreno económico complejo. La inflación vuelve a sentirse con fuerza en el bolsillo, el costo de vida aprieta a las familias y persiste la incertidumbre sobre el empleo y el crecimiento. Para millones de colombianos la discusión no es ideológica: es cuánto cuesta el mercado, los servicios, el transporte y hasta dónde alcanza el sueldo. Ese malestar es real y sería un error enorme del Gobierno ignorarlo o permitir que otros lo conviertan en combustible político.

A eso se suma el descontento que puede generar una reconstrucción que necesariamente tomará tiempo. Miles de familias tendrán que esperar por vivienda, infraestructura y soluciones que ningún gobierno puede entregar inmediatamente. Desde las regiones ya se escuchan versiones sobre personas buscando liderazgos y acercándose a comunidades inconformes.

El Gobierno no puede dejar esos espacios vacíos. Tiene que buscar a las juntas de acción comunal, organizaciones populares y comunitarias, asociaciones y liderazgos locales. Escuchar a la gente y explicarle qué puede solucionar inmediatamente y qué tardará meses. Petro entendió el poder de esas redes territoriales; el nuevo Gobierno no puede regalárselas a sus opositores.

Tampoco puede desperdiciar capital político. De La Espriella gobierna un país profundamente polarizado y la favorabilidad con la que hoy cuenta puede desgastarse rápidamente. Cada pelea innecesaria y cada error evitable consumen un capital que después puede hacer falta. Nadie sabe hasta dónde puede llegar el paro de noviembre, pero el Gobierno tiene la responsabilidad de estar preparado: fortalecer la inteligencia, evitar errores garrafales y, sobre todo, acoger a la gente en lugar de apartarla.

Además, vienen las elecciones regionales. Los espacios que el Gobierno deje vacíos hoy pueden convertirse mañana en organización política de sus adversarios. No se trata de tenerles miedo a Fecode, a las centrales o a la oposición. Se trata de no subestimarlos ni dejarles el terreno libre.

Ellos ya empezaron a organizarse. El Gobierno no puede llegar tarde.