Esta semana tuvo lugar en Cartagena el Congreso anual de Asofondos, en el que expertos se dieron cita para hablar de temas clave del sector pensiones, abordar los retos de la coyuntura macroeconómica del país, pero, sobre todo, analizar las perspectivas económicas. Y, dentro de estos temas, uno de los más debatidos fue el complejo panorama que se vive en materia fiscal.

Según Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, aunque las dificultades fiscales han sido comunes en todos los Gobiernos, lo que se vive hoy es distinto. El déficit fiscal es cercano al 6 por ciento, el doble del monto histórico, y esta situación no corresponde a un hecho exógeno, sino que es consecuencia del mismo actuar del Estado.

Hoy el país ha perdido credibilidad frente al mundo, la confianza inversionista se deteriora y la percepción de riesgo viene creciendo, lo que ha dado al traste con el trabajo de muchos años por lograr una sostenibilidad fiscal.

El populismo le ha ganado a la técnica, dice Soto. Pasamos de tener un ministro de Hacienda que controlaba el gasto a uno que quiere incentivarlo. “No hay una autoridad económica que esté pendiente de controlar el gasto público. No hay un adulto responsable que limite las presiones de gasto de otros ministros, del Congreso, del presidente”, en palabras de Soto.

Desde la pandemia, los ingresos del país son inferiores a lo que se gasta. Pero bien lejos de que el Gobierno actual se apretara el cinturón, lo que ha hecho es lo contrario: aumentar el gasto público de forma desbordada.

Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), ha dejado claro que, si Colombia no hace un gran esfuerzo de ajuste fiscal en los próximos años, el país entrará en un camino de insostenibilidad del pago de la deuda hasta llegar a un default.

Por todo esto, el reto que tendrá el nuevo Gobierno es inmenso: no solo encontrará la olla raspada, sino que está obligado a hacer unos ajustes inimaginables para recuperar la sostenibilidad fiscal. Según Ramírez, el nuevo Gobierno tendrá que hacer un ajuste del 4 por ciento del PIB, lo cual no tiene antecedentes, y mantener un crecimiento económico por cerca de siete años. Históricamente, los ajustes en Colombia no han llegado ni al 1 por ciento del PIB por año.

¿Cómo llegamos a este punto? No es solo que este Gobierno se haya dedicado a gastar de forma desordenada, con mayor burocracia (como la creación del Ministerio de la Igualdad), o con un incremento del 40 por ciento en las órdenes de prestación de servicios. Según explica Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda, la situación de crisis se debe también a que este Gobierno decidió endeudarse a las tasas más altas de toda su historia. Mientras que el crecimiento económico a largo plazo se estima entre el 2,5 o 3 por ciento, la tasa de interés bajo la que se está endeudando el Gobierno oscila entre el 13 y el 14 por ciento, lo cual hará este pago insostenible. Este incremento en las tasas obedece a que se ha perdido la confianza en el país, lo que se ve en la baja en las calificaciones crediticias. La ecuación es sencilla: a Colombia le prestan más caro porque hay más riesgo de que no pague.

Como si el panorama no fuera suficientemente difícil, la Contraloría ha mostrado que el país tiene deudas que no están en el balance, como las vigencias futuras que no se han pagado, las leyes que no se están cumpliendo (como la Ley de Víctimas) o las deudas con el sistema de salud. Todos estos son saldos en rojo que tendrá que enfrentar el nuevo Gobierno.

¿Por qué, a pesar de esta durísima realidad, las cifras parecieran mostrar que la economía va bien?

En opinión de los expertos, los efectos del mal manejo fiscal no se sienten todavía. La economía está siendo movida por el alza del salario mínimo y el alto empleo del Estado. Pero la fiesta se acabará pronto y vendrá un gran guayabo. El país no se ha percatado de todo lo malo que viene.

En el momento en que escribo estas líneas, el Gobierno ha ordenado a los fondos de pensiones trasladar 25 billones de pesos de fondos privados a Colpensiones, precisamente a un mes de la primera vuelta presidencial, con 30 días para cumplir. Son 25 billones que pasan a manos del Estado en un momento en que está gastando sin parar. Si se suman las bajas tasas de natalidad, el riesgo es real: en un futuro no habrá recursos para pagar pensiones.

Elegir un Gobierno que siga gastando al ritmo que viene gastando este significará lanzar al país al abismo.

ACLARACIÓN: En la columna ‘Aremca y los contrataderos que se roban los recursos’ se aseguró que Vicente Blel, exgobernador de Bolívar; Andrés Meza, exgobernador del Cesar; Orlando Benítez, exgobernador de Córdoba; Elsa Noguera, exgobernadora del Atlántico; Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, y Diala Wilches y José Jaime Vega, exgobernadores de La Guajira, habían firmado contratos directos con Aremca.

Desde este espacio se aclara que, si bien los contratos mencionados en el artículo se firmaron durante sus administraciones, no fueron suscritos por ellos, sino por los municipios donde se ejecutaron las obras. Durante el periodo 2020-2023, los contratos con Aremca se firmaron por las alcaldías de El Guamo, Mompós, Mahates, Cicuco, Margarita Río Viejo y San Fernando en Bolívar; por las alcaldías de Juan de Acosta, Campo de la Cruz y Suan en el Atlántico; por el alcalde de San Martín en Cesar; en Magdalena, por los alcaldes de Santa Ana, El Retén, Guamal, Pedraza, San Sebastián de Buenavista, San Zenón y Zapayán; en Córdoba, por los de Montelíbano, Puerto Libertador y Valencia; y en La Guajira, por los de Manaure y Riohacha.

La confusión se generó en el documento expedido por la Secretaría de Transparencia, sustento de la columna, en el que se relacionaron las contrataciones con las gobernaciones y no con las alcaldías.