Durante los últimos cuatro años, los colombianos nos acostumbramos a un discurso que nos trató de dividir entre ricos y pobres. El gobierno de Gustavo Petro y el Pacto Histórico convirtió esa narrativa en política oficial. La confrontación permanente y las alianzas con grupos armados ilegales en su peligrosa y fracasada política de “Paz Total” terminaron por profundizar una polarización que parecía consolidada. El debate público se saturó de acusaciones y de un lenguaje que presentaba al otro como enemigo. Esa lógica terminó por erosionar la confianza entre sectores que deberían haber trabajado juntos.
El triunfo de la oposición frente a la continuidad del modelo autoritario del presidente Abelardo De La Espriella se vio abruptamente interrumpido por un desastre natural, un devastador terremoto. Más allá del dolor humano y las pérdidas materiales, el sismo generó un impacto económico directo e inmediato. Se paralizaron actividades productivas, se dañaron la infraestructura vial y los servicios públicos, se fracturaron las cadenas de suministro y miles de familias perdieron, de la noche a la mañana, sus viviendas y sustentos.
En las zonas más golpeadas, el comercio, la agricultura y la pequeña y mediana industria cayeron drásticamente. El costo, por tanto, no ha sido únicamente humano, sino también estructural, con repercusiones profundas en el empleo y la economía regional.
Ante esta emergencia, la respuesta fue inmediata, amplia y articulada. Encabezado por el presidente, el vicepresidente y sus ministros, quienes asumieron la dirección del desastre a solo pocas horas de haber tomado posesión, el Gobierno coordinó la atención prioritaria. Por su parte, la primera dama, a través de su fundación, impulsó la recolección de ayudas humanitarias y el acompañamiento directo a las comunidades damnificadas.
El sector privado y los gremios movilizaron maquinaria, logística y recursos de forma desinteresada, mientras que gobernadores y alcaldes gestionaron la articulación en el territorio. Finalmente, la ciudadanía se sumó activamente con donaciones, voluntariado y apoyo directo en las zonas más golpeadas.
Esa reacción colectiva demostró que, ante una tragedia de tal magnitud, la solidaridad aún puede prevalecer. Sin embargo, la verdadera prueba no radica en los primeros días de atención a la emergencia, sino en el proceso de reconstrucción. Este no puede convertirse en un escenario para la politiquería ni para la desorganización administrativa de siempre; debe ser un ejercicio de unidad auténtica y, sobre todo, de cero corrupción.
Esta integridad no se limita únicamente a vigilar la contratación y las licitaciones públicas. También exige impedir el oportunismo de las falsas víctimas, personas que, sin haber sufrido pérdidas reales, intentan reclamar subsidios, viviendas o ayudas económicas aprovechando la coyuntura. Esta práctica no solo es inmoral y delictiva, sino que distorsiona la distribución de los recursos, desvía fondos cruciales para la reactivación productiva y deja desprotegidas a las familias que verdaderamente lo necesitan.
Por esta razón, resulta indispensable, y confío en que así lo asumirá el Gobierno de Abelardo De La Espriella, establecer mecanismos rigurosos y permanentes de verificación. Es prioritario cruzar bases de datos oficiales, realizar auditorías independientes con resultados públicos, fortalecer la veeduría ciudadana con capacidad real de fiscalización y permitir la participación activa de los gremios en el control de recursos y contratos. Asimismo, se requiere absoluta transparencia en el censo de afectados y en la priorización de las obras; sin estas salvaguardas, la reconstrucción se convertirá en un botín más y la unidad inicial se disolverá en desconfianza.
Una reconstrucción transparente no solo garantiza respuestas a las verdaderas víctimas, sino que contribuye directamente a mitigar el impacto económico; genera confianza ciudadana, atrae inversión privada y cooperación internacional, acelera la reactivación productiva y evita el despilfarro de fondos públicos, crucial en medio de la precariedad fiscal heredada del gobierno anterior. Por el contrario, la opacidad, el clientelismo y la tolerancia al oportunismo solo prolongarán la crisis, frenarán la recuperación del empleo y mantendrán a las regiones afectadas en una vulnerabilidad constante.
Este terremoto ha demostrado que los colombianos aún somos capaces de actuar unidos cuando la realidad lo exige. No obstante, esa capacidad de articulación solo cobra sentido si está respaldada por el rigor y por controles efectivos; la unidad sin fiscalización no pasa de ser un discurso. En cambio, una reconstrucción basada en reglas claras y en la cero tolerancia hacia quienes pretenden lucrarse del dolor ajeno puede convertirse en un verdadero punto de inflexión para el país.
Es en esa convergencia de solidaridad práctica y exigencia ética donde se manifiesta la verdadera esencia del país. No en la retórica de la división que se promovió en los últimos años, sino en la determinación concreta de sacar adelante a Colombia sin permitir que nadie saque provecho del esfuerzo colectivo. La reconstrucción será, en última instancia, el termómetro definitivo de esa voluntad.