En Colombia, la justicia no puede convertirse en un instrumento de oportunidad política. Una denuncia no adquiere mayor credibilidad porque aparezca en una entrevista, sacuda al país o comprometa a una figura poderosa. Su valor depende de las pruebas, de la coherencia de los hechos y de la posibilidad de verificarlos. Por eso, las declaraciones de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer exigen algo más que titulares y reacciones políticas. Exigen establecer qué ocurrió, qué sabía cada involucrado y por qué una información que, según Ferrer, se remonta a 2023 llega ahora al centro del debate público. Esa cronología merece una explicación, no para descalificar a quien denuncia, sino para someter su relato al mismo rigor que debe aplicarse a cualquier señalamiento. En un Estado social de derecho no se condena por conveniencia, no se exonera por poder y no se reemplaza la prueba por el ruido. La ley se aplica con hechos, no con oportunidades políticas.

El país no puede seguir confundiendo una denuncia con una sentencia. Ferrer ha mencionado hechos de enorme gravedad, entre ellos una supuesta entrada de 2,5 millones de dólares provenientes de Venezuela, información que, según su propio relato, conoció por medio de un tercero. Una afirmación de esa magnitud exige determinar quién habría entregado el dinero, cuándo habría ocurrido la operación y qué documentos o testimonios permiten comprobarla. No basta con repetir una versión para darle apariencia de certeza. Si existen pruebas, deben ponerse a disposición de las autoridades. Si todavía no las hay, corresponde establecer qué información puede verificarse y qué parte del relato sigue siendo una hipótesis. Esa es la diferencia entre alimentar un escándalo y contribuir al esclarecimiento de posibles delitos.

También hay una cuestión que no puede despacharse como un detalle menor. Ferrer rompió con Alcocer en 2023 y, según la información conocida sobre la controversia, reclama más de 640 millones de pesos por servicios profesionales que afirma haber prestado y no haber recibido el pago correspondiente. Esos hechos no invalidan sus declaraciones, pero tampoco deben desaparecer del análisis. En cualquier investigación es necesario examinar el contexto de los testimonios, los vínculos entre las personas involucradas y los posibles intereses que puedan incidir en sus versiones. No para presumir que alguien miente, sino para determinar con rigor qué puede demostrarse. La justicia no consiste en escoger de antemano a quién creer, sino en someter cada versión a comprobación.

Y en medio de esta controversia también está el papel que desempeñó Verónica Alcocer durante su paso por la Casa de Nariño. La figura de primera dama suele estar rodeada de reconocimiento, cercanía al poder y una exposición pública que no siempre viene acompañada de explicaciones suficientes sobre sus actuaciones y relaciones. La ironía es que, mientras ese lugar suele asociarse con labores sociales y una imagen de servicio, hoy su nombre aparece ligado a una serie de señalamientos que exigen aclaraciones. Porque la cercanía al poder no puede convertirse en una zona de comodidad ni el título de primera dama en una especie de blindaje frente al escrutinio público. Si hubo actuaciones irregulares, deberán probarse; si las acusaciones no tienen sustento, también deberá quedar claro. En política, la imagen puede construirse con cuidado, pero la rendición de cuentas no se resuelve con fotografías ni ceremonias.

La pregunta sobre el momento en que Ferrer decidió hablar resulta inevitable. Si asegura que conocía parte de estos hechos desde 2023, ¿qué explica que sus declaraciones adquieran ahora esta dimensión pública? No existe una fecha límite para denunciar, ni el silencio anterior demuestra culpabilidad. Pero cuando alguien afirma haber conocido hechos graves durante años, reconstruir la cronología es fundamental para establecer qué sabía, cuándo lo supo, qué información obtuvo directamente y qué circunstancias rodearon su decisión de hacerla pública. La oportunidad política de una denuncia no demuestra que sea falsa, pero tampoco puede convertirse en una razón para evitar preguntas legítimas. Quien denuncia merece ser escuchado y su relato debe ser examinado, no aceptado automáticamente.

El problema es que el debate público suele convertir estos casos en una disputa entre bandos. Unos dan por ciertas las acusaciones porque comprometen a una figura que rechazan; otros las descartan porque consideran que quien denuncia tiene motivos personales. Ambas reacciones desvían la atención del asunto central. Si hubo conductas delictivas, deben investigarse y sancionarse conforme a la ley. Si los señalamientos carecen de sustento, también debe establecerse. Ninguna afinidad política puede servir para encubrir hechos, así como ninguna animadversión puede utilizarse para fabricar responsabilidades. La justicia pierde legitimidad cuando sus conclusiones parecen depender de quién está bajo sospecha y de quién tiene interés en señalarlo.

La Fiscalía debe actuar con independencia y rigor. Le corresponde contrastar las versiones, verificar la procedencia de la información y examinar los documentos, registros financieros y demás elementos pertinentes que puedan esclarecer los hechos. También debe determinar qué conocieron directamente los involucrados y qué información provino de terceros. Asimismo, debe recaudar y preservar las pruebas correspondientes, adelantar una investigación exhaustiva y recibir las declaraciones de las mujeres que presuntamente fueron perseguidas o sometidas a maltratos y que son cercanas al Gobierno. Sus testimonios deben ser escuchados con seriedad, sin prejuicios políticos y con todas las garantías necesarias para esclarecer lo ocurrido. No se trata de confirmar la historia de Ferrer ni de desmentirla por sistema. Se trata de establecer si existen elementos probatorios suficientes para avanzar y, llegado el momento, determinar las responsabilidades individuales que correspondan. La investigación no puede convertirse en una operación de relaciones públicas ni en una herramienta para satisfacer expectativas políticas.

Y aquí hay una línea que Colombia no puede negociar: si las acusaciones de Eva Ferrer llegaran a demostrar que Verónica Alcocer participó en una estructura criminal de la magnitud que se ha insinuado, tendría que responder ante la justicia con todo el peso de la ley, sin privilegios por su cercanía al poder ni consideración alguna por haber sido primera dama. Si las pruebas acreditaran vínculos con el narcotráfico u otros delitos que permitieran solicitar su extradición a Estados Unidos, ese procedimiento tendría que evaluarse y tramitarse conforme a la ley. El país no puede tener una justicia implacable para los ciudadanos de a pie y complaciente con quienes estuvieron en los círculos más altos del poder. Si las acusaciones son falsas, que se demuestre; pero si son ciertas, que no haya apellidos, cargos ni relaciones políticas capaces de frenar la acción de la justicia. En Colombia nadie puede ser intocable y mucho menos alguien que haya estado tan cerca de la Presidencia de la República.

Del mismo modo, el derecho a denunciar no concede inmunidad frente al examen de la credibilidad, la consistencia y el fundamento de lo afirmado. En una democracia seria, ambas garantías deben coexistir. Quien denuncia tiene derecho a ser escuchado y quien es señalado tiene derecho a defenderse. Entre ambos, la obligación de establecer la verdad corresponde a las instituciones judiciales.

Colombia ha visto demasiados escándalos convertirse en enfrentamientos interminables, mientras las respuestas concretas quedan relegadas. El país no necesita otra temporada de acusaciones, filtraciones y entrevistas que mantengan viva la controversia sin esclarecer lo ocurrido. Necesita resultados judiciales sustentados en pruebas. Si las declaraciones de Ferrer contienen información verificable, las autoridades deben seguirla hasta sus últimas consecuencias. Si existen contradicciones o vacíos, deben aclararse. Y si se demuestra la comisión de delitos, la ley debe aplicarse sin distinciones de apellido, cargo o cercanía con el poder.

La gravedad de una acusación exige pruebas y la eventual responsabilidad penal solo puede establecerse por las vías legales. Esa es la regla que debe prevalecer en el caso de Eva Ferrer y en cualquier otro que comprometa a quienes han ejercido el poder. Porque el verdadero Estado social de derecho no consiste en elegir a quién creer, sino en garantizar que nadie sea condenado sin pruebas ni protegido frente a ellas.