Desde hace rato se ha advertido sobre la penetración de la guerrilla de las Farc en el Estado, la academia, el poder judicial, los sindicatos, la gran prensa, las ONG de la paz o de la guerra judicial y los círculos de “intelectuales” criollos.
No son nuevas tampoco las infiltraciones de la guerrilla, financiadas con el poder de los dólares del narcotráfico, en la Fuerza Pública.
Lo revelado por Caracol Televisión anoche, con base en el contenido de los computadores y las memorias de Calarcá incautadas durante su breve arresto en las carreteras de Antioquia (Anorí), en julio de 2024, muestra el estado avanzado del mismo propósito histórico de las Farc instigado por el Gobierno Petro, sus ministros de Defensa y los históricos del M-19 que acompañan a Petro.
La realidad es que la penetración de la guerrilla en el Ministerio de Defensa es mucho más profunda. En los viceministerios, direcciones y otros cargos estratégicos de ese ministerio han sido nombradas personas con vínculos claros y directos con Iván Cepeda, la izquierda radical y sus ONG más adeptas a la causa subversiva y se han visto rotaciones frecuentes con la DNI. La penetración comprende diversos cargos que tienen incidencia directa en el plano operacional de la Fuerza Pública.
La contaminación se hace extensiva a la DNI, la UIAF, la UNP y la Fiscalía. Las personas infiltradas no son simples simpatizantes. Son militantes con misiones específicas en lo estructural y en lo táctico.
Han pretendido y, en muchos casos logrado, generar cambios institucionales enfocados en menguar la capacidad operativa de la Fuerza Pública. Han detenido procesos institucionales, estructurales, profundizado la infiltración y generado múltiples escenarios de interferencia táctica a favor de las Farc y el ELN.
A esta penetración se suma la purga sistemática de talento, la corrupción financiada con la chequera del narco y el desplazamiento de las prioridades de inversión y gasto del ministerio hacia la agenda de lucha contra organizaciones “criminales” en manos de la Policía Nacional con la cual se pretende anular presupuestalmente, en la próxima década, la prioridad en la lucha antisubversiva por parte de las fuerzas militares.
Se sigue profundizando el desastroso cambio de doctrina impulsado por Santos y Pinzón hacia una misión polivalente distraída de la prioridad antisubversiva. Una de tantas concesiones a las Farc del proceso de paz de La Habana que ha desmontado estructuralmente en el mando militar la doctrina de guerra antisubversiva como el eje moral, organizacional, operacional, de inteligencia y, sobre todo, presupuestal de la acción de la Fuerza Pública.
Se trata de una deriva sibilina en la cual se encuentra prohibido hablar o escribir en el ministerio y las fuerzas de las guerrillas y sus objetivos de conquista del poder territorial y nacional.
Las distorsiones retóricas forzadas por Santos, con las cuales se apoyó el revisionismo histórico propiciado por la Comisión de la Verdad, el Centro de Memoria Histórica, la JEP y la academia bajo contrato del gobierno Santos, han permeado los centros de educación y pensamiento del Ministerio de Defensa y la oficialidad que ha entendido que la neolengua impuesta para justificar la entrega del país a las Farc y el ELN es requisito de estabilidad laboral y condición de ascenso.
En paralelo, la perversa agenda progresista de diversidad, equidad e inclusión se ha regado como un cáncer en los criterios de selección y promoción, trayendo la mediocridad como estándar de avance jerárquico, imponiendo ficciones operacionales y creando vergüenzas como la oportunidad de ascenso a los grados de insignia de funcionarios del área administrativa, que aquí hemos denunciado.
Subyace, no resuelto ni atendido, el agudo problema en el déficit de incorporaciones, la baja calidad humana de los incorporados y los perfiles y antecedentes dudosos que agravan la infiltración.
Se mantienen las recurrentes rebeliones, incluso de oficiales, frente a las demandas operacionales bajo el prurito de la seguridad jurídica o la rigidez operacional.
Iván Cepeda y sus aliados guerrilleros de las Farc, e incluso de sus enemigos históricos del ELN, tienen a la Fuerza Pública y su soporte institucional en el lugar ideal para lo que visualizan como la ofensiva final.
Piensan que con el ascenso al poder de Petro, la infiltración, la desmoralización, la desorganización y el desplazamiento de las prioridades presupuestales, que aquí denunciamos, “ya ganaron”. Y la verdad, están cerca. La Fuerza Pública queda corroída, sin doctrina de guerra antisubversiva, desorientada en cuanto a sus prioridades, con sus principios milicianos rotos y con una cadena de mando debilitada.
Los computadores de Calarcá pasarán al anuario de la impunidad donde yacen los computadores de Reyes, de Jojoy y de otros tantos. Sus revelaciones serán “manejadas” por los especialistas de inteligencia de las fuerzas y Ponal, su valor jurídico anulado por jueces de la causa y su relevancia política diluida, como recientemente sucedió con las escandalosas revelaciones de Papá Pitufo en la Policía.
Cepeda ha avanzado mucho. Sus ONG, como el colectivo Alvear, De justicia y la Comisión Andina, andan empoderadas y nutren el recurso humano de infiltración y destrucción.
Pero con el tigre Abelardo de la Espriella existe una alternativa real y decidida para cambiar el curso y deshacer los efectos de esta década siniestra de demolición en la cual la agenda de los santistas y los marxistas han sumado fuerzas para materializar la entrega de la nación al nuevo régimen del terror y la corrupción comunista.