En Colombia —país de los 425.000 abogados— todos los días y a plena luz del sol ocurre un atropello masivo contra ciudadanos indefensos a manos de administraciones perversas. No exagero. Cualquier colombiano que tenga un vehículo muy seguramente ha sido víctima de un invento que en mala hora llegó al país a sabotear los más elementales derechos fundamentales: las fotomultas.
No sería del caso contar una experiencia personal en una columna de no ser porque es la que a diario viven miles de colombianos inermes ante el abuso estatal. Así que procedo a narrar lo que me ocurrió.
Hace unos años fui notificado de un fotocomparendo. Según el radar de una cámara ubicada en la avenida NQS, cometí el sumo pecado de ir a 55 km/h en una vía cuyo límite era de apenas 50 km/h. Diría que fue una mala acción mía creerme piloto de Fórmula 1 a velocidades supersónicas de no ser por un pequeño detalle: ese día no era yo quien manejaba mi vehículo.
Así que, Constitución en mano, solicité una cita para impugnar el comparendo. Y empezó Cristo a padecer. Lo que hasta hace unos años era un procedimiento que podía hacerse de manera virtual, resultó que ya no se podía. Tenía que ser presencial. Después de muchos intentos, me asignaron una cita en la oficina de la calle 13 en Bogotá.
Allá fui con un único e infalible argumento, que cualquier estudiante de derecho de primer año conoce a la perfección: para imponer una sanción se debe tener, al menos, la delicadeza de individualizar al infractor. Y es que, claro, la fotomulta identifica una placa, que a su vez remite a una tarjeta de propiedad, que por su lado da el nombre de quien figura como propietario del vehículo. Pero lo que no identifica es quién lo va manejando.
Pensé que la impugnación me tomaría cinco minutos de fáciles explicaciones. Grave error. Un funcionario, por demás hasta querido, me salió con el siguiente exotismo jurídico: que la función social de la propiedad implica que yo debo velar porque quien maneje mi carro sea una persona responsable que cumpla las normas de tránsito. Así que, por el principio de solidaridad, debía pagar la multa.
Hágame el favor. Ni el régimen castrista se atrevió a tamaña aberración. Y dirán ustedes que exagero, pero no.
Cuando un estudiante llega a una facultad de derecho, se dedican a enseñarle, casi a modo de dogma, la importancia del Estado de derecho, el principio de legalidad y la división de poderes. A veces es tanto el sonsonete que se termina olvidando lo fundamental: esos conceptos sirven en la medida en que dan herramientas a los ciudadanos para defenderse de los abusos del Estado y, más precisamente, de la Administración. De ahí que se justifique la existencia del derecho constitucional y administrativo.
Y es que no individualizar al infractor riñe precisamente con el fundamento de los Estados liberales. No es posible que, a estas alturas, una entidad como la Secretaría de Movilidad de Bogotá no les haya explicado a sus abogados sancionadores que deben tener como sagrados los principios de presunción de inocencia, carga de la prueba y debido proceso. Que ellos no están ahí para ser agentes de un régimen policial, sino garantes de los derechos de los ciudadanos.
Y no me lo invento yo. La Corte Constitucional ha expedido una serie de fallos en los que deja clara la obligación de individualizar a los infractores. El primero fue la Sentencia C-038 de 2020. El segundo, la C-321 de 2022, introdujo un matiz: la Corte dijo que el argumento de la solidaridad puede utilizarse en casos como el Soat y la revisión técnico-mecánica, posición que parece razonable ante el deber de los propietarios de cumplir estas obligaciones respecto de sus vehículos. Lástima que de ahí se hayan agarrado algunos abogados para torcerle el cuello a la sentencia y sacar la absurda teoría que ya expliqué.
Así que no, el problema no son las fotomultas como tal. El problema es la arbitrariedad de imponer comparendos a diestra y siniestra, pasando por encima de los más elementales derechos de los ciudadanos y con la perversa finalidad de engrosar el presupuesto de administraciones distritales y municipales. Los ciudadanos, que ya bastantes impuestos pagamos, no tenemos por qué solventar con nuestro patrimonio las irresponsabilidades fiscales de los alcaldes.
En todo caso, si quieren insistir en las fotomultas a la brava, que con el dinero que ya le han sacado a la ciudadanía consigan la tecnología necesaria para individualizar a los infractores. Esto se hace en países como Alemania, Suiza, Suecia, Noruega y Finlandia. O, si no, que hagan una reforma constitucional y deroguen los derechos mínimos de los ciudadanos.
Que proclamen de una vez la presunción de culpabilidad y así, por lo menos, sabemos que no sirve para nada defendernos ante las autoridades de tránsito.