Esta semana presenciamos el nombramiento de 6 nuevos miembros del gabinete de Abelardo de la Espriella. No obstante, entre los destacados nombres que lo integran, encontramos el del general Jorge Eduardo Mora, un militar de carrera que se convierte en el nuevo ministro de Defensa. Esta columna presenta una radiografía de la Colombia actual en materia de seguridad y de los retos que este nuevo ministro enfrentará a partir del 7 de agosto, en la nueva patria milagro.

Antes de llevar a cabo el análisis de la situación de seguridad que enfrenta Colombia, es fundamental conocer a nuestro ministro de Defensa. El general Mora tiene más de 36 años de experiencia en la Fuerza Pública y un amplio conocimiento en estrategia militar, tras haber combatido en la época del conflicto armado. Mora también fue uno de los miembros más destacados en la campaña del Tigre en Norte de Santander y uno de los principales críticos del Gobierno saliente.

De la misma manera, el rango más alto que alcanzó fue el de mayor general, tras ser víctima de la purga realizada por Petro en 2022. Ahora bien, es importante destacar que, en caso de que Abelardo busque reincorporar a Mora a la Fuerza Pública y, a su vez, nombrarlo ministro de Defensa —una doble condición que no se ve desde 1991—, tendría que aumentar su rango para respetar la doctrina militar colombiana. Esto permitiría otorgarle el mismo rango que al actual comandante de las Fuerzas Armadas, Hugo López Barreto, quien es el oficial más antiguo y de mayor rango en servicio activo, para así posicionarlo como ministro. Sin embargo, también existe la posibilidad de que se siga el mismo proceso de Pedro Sánchez.

Ahora bien, al retomar nuestro análisis, queda claro que la dinámica de la seguridad en Colombia se deteriora continuamente, especialmente cuando se habla de la lucha contra el narcotráfico. El Gobierno Petro, desde 2022, fue permisivo con los grupos al margen de la ley. Esto significó un aumento sustancial de la producción de cocaína entre 2022 y 2026, al igual que una disminución sustancial en la erradicación de estos cultivos, según indica la Oficina de Política Nacional de Drogas. Por otra parte, durante el primer semestre de 2025 se erradicaron 2.683 hectáreas de cultivos de coca, dato que, al compararlo con las cifras de erradicación del periodo 2018-2022, se asemeja a la erradicación efectuada en 6,1 días.

Por otra parte, puertos como el de Buenaventura, que en 2024 movió 20 millones de toneladas de mercancía y representa uno de los puntos de comercio más destacados del país, se han convertido en escenarios de guerra. Esto ocurre entre criminales que ejercen el control de rutas de narcotráfico y contrabando. Los protagonistas de estos enfrentamientos son las bandas Los Shottas y Los Espartanos, quienes desde febrero de 2025 mantienen un encarnizado conflicto que ha dejado más de 50 homicidios.

Asimismo, históricamente, Colombia ha padecido el mal conocido como “gobernanza criminal”, un hecho que se presenta cuando grupos al margen de la ley dominan un territorio, ejercen funciones administrativas e imponen un gobierno con el fin de mantener a flote sus economías ilícitas. Tal es el caso de los resguardos indígenas, los cuales, al estar alejados de las dinámicas del Estado y contar con una presencia estatal mínima, se convierten en bases de las mafias. De hecho, el 30 % de los nuevos cultivos ilícitos se encuentran exclusivamente en estos resguardos.

Sumado a lo anterior, otro aspecto que afectó negativamente la seguridad del país fue el mensaje cómplice y permisivo que dejó Petro con políticas públicas fallidas como la paz total, que dieron un mensaje de “premiar” a los delincuentes, lo que dejó intactas diversas estructuras criminales. Es imperativo afirmar que los ejemplos antes mencionados solo representan una fracción de lo que realmente vivió Colombia desde agosto de 2022, lo cual nos permite ver un panorama bastante complejo y desolador para el país.

Ahora bien, ¿cuáles son las tareas que debe emprender este nuevo gobierno en materia de seguridad? En primer lugar, la academia ha sido enfática en que la lucha contra el crimen organizado y la insurgencia requiere tres acciones concretas: 1. Relación constante entre el nivel nacional y gobiernos locales 2. Reconocimiento por parte de las principales capitales de la infiltración de vastas estructuras narcotraficantes en sus territorios, dejando atrás el llamado “narcomenudeo” o “microtráfico”. 3. Atacar directamente la llamada gobernanza criminal en los municipios más alejados, brindando presencia estatal.

En ese orden de ideas y al darle un giro más personal a esta columna, como colombiano doliente de la situación de inseguridad del país, y tras haber perdido a mi maestro Miguel Uribe Turbay como consecuencia de la inseguridad y la negligencia estatal, me dirijo a usted, señor ministro de Defensa, con la siguiente petición: ministro, salve usted la patria. Colombia, más que nunca, necesita a un militar que entienda las problemáticas del país, tenga la capacidad estratégica de resolverlas y el ímpetu para recuperar esta patria arrodillada ante la criminalidad.