Tremenda lección la que nos han dado las familias más ricas de Colombia y los principales grupos empresariales del país.

En menos de una semana, los grandes conglomerados y algunos de los colombianos más favorecidos respondieron a la tragedia provocada por el terremoto.

Lo hicieron rápido. Sin presión. Sin obligación. Sin que nadie tuviera que pedírselo.

Hasta ahora, sus aportes suman más de un billón de pesos. Que quede claro: no tenían que hacerlo.

Lo hicieron porque quisieron. Porque entendieron la magnitud de la tragedia. Y porque comprendieron que la suerte de sus empresas está ligada a la suerte del país. Eso merece reconocimiento.

No es algo que ocurra en todas partes. Muchos países sufren tragedias. No todos ven a sus principales empresarios salir inmediatamente al rescate de los más afectados.

La presidenta de Proantioquia, Juliana Velásquez, lo sintetizó con una frase que debería convertirse en principio nacional: “No puede existir una empresa exitosa en una sociedad fallida”. Tiene toda la razón.

Cuando el sector privado entiende que un país próspero también significa empresas prósperas, se crea un círculo virtuoso.

Pero la ecuación también funciona al revés. No existe un país próspero con empresas quebradas. Ahí está buena parte de la diferencia entre dos maneras de entender la economía.

Para buena parte de la izquierda radical, la economía parece ser un juego de suma cero. Si alguien gana, otro necesariamente pierde. Si los ricos prosperan, los pobres deben estar pagando el precio. Es una visión equivocada.

La prosperidad no tiene por qué ser excluyente. Las empresas pueden ganar dinero, generar empleo, pagar impuestos, invertir y, al mismo tiempo, contribuir al bienestar de la sociedad.

El expresidente Gustavo Petro reaccionó a las ayudas calificándolas de “limosnas” y sostuvo que los ricos debían asumir el costo de la reconstrucción. Ese planteamiento refleja precisamente esa diferencia.

Una cosa es la obligación tributaria. Otra, la solidaridad. Una cosa es lo que el Estado puede exigir mediante la ley. Otra muy distinta es lo que un empresario decide entregar voluntariamente de su patrimonio para ayudar a una familia que lo perdió todo. Confundir ambas cosas es un error.

También lo es convertir cada discusión económica en una confrontación entre ricos y pobres. Porque cuando desde el Estado se golpea sistemáticamente al aparato productivo, las consecuencias terminan llegando a toda la sociedad.

Menos inversión. Menos empleo. Menos crecimiento. Menos recursos. Y también menos capacidad para ayudar cuando llega una tragedia.

El terremoto nos recordó justamente lo contrario: una sociedad necesita empresas fuertes. Empresas capaces de crecer, invertir y generar riqueza. Pero también empresas capaces de devolver parte de esa prosperidad a la comunidad cuando más lo necesita.

El mundo está lleno de ejemplos. Bill Gates ha destinado buena parte de su fortuna a causas filantrópicas. Warren Buffett ha hecho lo mismo.

Colombia también tiene una larga tradición. El Instituto de Cáncer del doctor Luis Carlos Sarmiento. La Fundación Julio Mario Santo Domingo. La Fundación Santa Fe de Bogotá. La Fundación Tecnoglass. Y muchas otras iniciativas financiadas por empresarios y grupos económicos que durante décadas han producido enormes beneficios sociales.

No empezaron con este terremoto. Y seguramente tampoco terminarán con él.

Incluso durante el Gobierno Petro hubo ejemplos evidentes. En La Guajira, el sector privado participó en proyectos para llevar agua potable a comunidades que durante décadas habían sido abandonadas por el Estado.

Esa es otra realidad que a veces incomoda: muchas veces, cuando el Estado no llega, llega la empresa privada.

Pero las donaciones de estos días tienen además una dimensión política que sería ingenuo ignorar. Llegan al comienzo del gobierno de Abelardo De La Espriella.

Y junto con la ayuda a los damnificados aparece un mensaje adicional: buena parte del sector productivo parece dispuesta a trabajar con la nueva administración.

Las comunicaciones de algunos de los principales empresarios del país cumplen así dos propósitos.

El primero, y más importante, es ayudar a quienes lo perdieron todo. El segundo es transmitir confianza y disposición de cooperación frente al nuevo Gobierno. No es un asunto menor.

Después de años de una relación marcada por enfrentamientos, desconfianza y acusaciones, reconstruir los puentes entre el Gobierno y el sector productivo puede ser determinante para el futuro económico del país.

Colombia necesita inversión. Necesita empresarios. Necesita trabajadores. Necesita crecimiento. Y necesita un Estado que entienda que ninguno de ellos es enemigo del otro.

El terremoto destruyó casas, negocios y proyectos de vida. Pero, paradójicamente, también puede ayudarnos a reconstruir algo que llevaba años deteriorándose: la confianza.

Por ahora, aplausos de pie para los empresarios y las familias que metieron la mano al bolsillo. Cuando las papas se quemaron, estuvieron ahí.

Después de años de insultos, señalamientos y desconfianza, respondieron de la mejor manera posible. No con discursos. Con hechos.