La Unidad Nacional de Protección (UNP) no es una organización pequeña: protege actualmente a unas 12.000 personas en Colombia y cuenta con un aproximado de 11.000 escoltas y más de 5.000 vehículos asignados a sus diferentes esquemas de seguridad. La UNP tiene como objetivo articular, coordinar y ejecutar servicios de protección a personas determinadas por el Gobierno nacional. Presuntamente, estas personas se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo debido a sus actividades políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, o por ser víctimas de violencia, desplazados, activistas de derechos humanos, entre otras condiciones.

Todo parece indicar que en la UNP se cuece una auténtica ‘olla podrida’. Según el director Didier Blanco, la UNP recibió una estructura con 2.800 contratistas por prestación de servicios (OPS), frente a un promedio histórico de unos 900. Sus honorarios oscilan entre $ 12 y $ 13 millones, según lo expuesto ante la Cámara por Blanco. Un ejemplo de las vagabunderías en esta entidad es el que el esquema de seguridad de la jovencita Juliana Guerrero, más conocida por sus habilidades como falsificadora de títulos universitarios, nos haya costado a los contribuyentes 739 millones de pesos.

El autor de esta nota sospecha que las personas que necesitan protección son muchísimo menos que las 12.000 que se protege hoy en día, posiblemente no más de 300. Aquí se les da transporte gratiniano a vástagas que abandonaron el poder hace lustros, aun décadas. Pero de lo que sí tengo la certeza es que esta protección se les puede brindar a un costo infinitamente menor por medio de un servicio parecido al de Uber, tanto para los vehículos como para los escoltas. La inmensa parte del día, los escoltas o están sin hacer mayor cosa o acompañando a la empleada a hacer mercado o a los niños al colegio. Los protegidos, en unas rutas previamente aprobadas (i.e. ir o venir al Congreso, a un Ministerio, al médico o al Aeropuerto) llaman a un servicio tipo Uber de la UNP que les coloca un carro con escoltas exclusivamente para el desplazamiento puntual. En estas épocas de inteligencia artificial y sofisticados algoritmos, montar ese tipo de servicio tipo Uber para escoltas y vehículos no debe ser muy complicado. El ahorro en costo de protección sería monumental y caso con certeza no se necesitaría ni la décima parte de los escoltas y vehículos que hoy pagamos los sufridos contribuyentes.

Todo ciudadano medianamente enterado es consciente de que el manejo energético del pasado gobierno fue un desastre. El sector eléctrico en particular sufrió un retroceso que nos tiene al borde del racionamiento de concretarse el fenómeno de El Niño. Un reciente artículo en el diario El Tiempo señala: “Las principales empresas del país alzaron su voz para alertar que el tendido de líneas de transmisión se ha vuelto prácticamente imposible debido a bloqueos sistemáticos, exigencias económicas desmedidas y un vacío de autoridad en las regiones que, según denuncian, ha derivado en episodios de abierta extorsión”.

Sin redes para transportar la energía, la transición energética del país quedará paralizada. Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB) afirma: “No hay mayor cáncer que la extorsión. Y la extorsión en Colombia se salió de la madre. La gente hace lo que se le da la gana y las autoridades no responden”.

El costo de esos “peajes” finalmente no lo paga ISA, el Grupo Energía Bogotá o el desarrollador eólico. Termina incorporándose al costo del sistema eléctrico y, directa o indirectamente, lo pagamos todos los colombianos. La solución, como lo manifiesta un experto, es no necesariamente acabar con la consulta previa, pero reglamentarla: establecer plazos efectivos; definir con mucha mayor precisión qué constituye afectación directa; crear metodologías objetivas y transparentes de compensación; impedir negociaciones sucesivas sobre un mismo impacto una vez cerrado un acuerdo; fortalecer un registro claro de comunidades y autoridades legítimas; publicar los acuerdos y compensaciones —con las salvaguardas necesarias—; y hacer que el Estado asuma infraestructura pública que hoy intenta financiar a través de los proyectos.

En Chile, la consulta es formalmente una responsabilidad del Estado, no una negociación privada que el desarrollador del proyecto deba conducir directamente con cada comunidad. ¡Esto hace toda la diferencia!