Reconozco públicamente los esfuerzos e iniciativas del señor presidente, del vicepresidente de la República, de su equipo de gobierno, así como de los gobernadores departamentales y alcaldes municipales, por atender de manera oportuna a las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto y a las personas campesinas que resultaron afectadas por los numerosos incendios forestales, la mayoría de ellos provocados por manos criminales. También reconozco la acción decidida del señor presidente de la República, de su ministro de Defensa y de las Fuerzas Militares y de Policía en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales. Sin embargo, no dejan de preocuparme algunas manifestaciones de odio y de falta de diálogo social, tanto del Gobierno nacional como de varios gobiernos departamentales y municipales.
Por mi propia experiencia de vida, reconozco que en Colombia gobernar no es nada fácil, mucho menos cuando se tiene una población diversa y pobre, que vive en regiones urbanas y rurales tan distintas, y cuando, en la mayoría de los casos, se ha gobernado y se gobierna sin nortes éticos como la cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro, la violencia, las desigualdades sociales y la contaminación ambiental.
A ello debemos agregar un norte ético que ningún gobierno, sea de derecha, de centro o de izquierda, puede olvidar: siempre se debe gobernar sin odios y con diálogo social.
Como siempre he considerado que el mejor amigo es el que nos dice la verdad, con sentimientos de dolor y sinceridad, me atrevo a sugerir y recomendar que tanto el presidente de la República como algunos gobernadores y alcaldes revisen, con tranquilidad y objetividad, su forma de gobernar, porque, por buenas que sean sus intenciones al hacerlo, en lo personal me preocupan algunas manifestaciones de odio y la falta de diálogo social que vengo observando en sus gobiernos.
En las condiciones particulares de Colombia, considero que una política de gobernar sin odios no es contraria a la lucha diaria contra todos los grupos armados ilegales, llámense guerrillas, grupos paramilitares, organizaciones dedicadas al narcotráfico o a la minería ilegal, ni a la lucha contra todas las manifestaciones de corrupción y despilfarro administrativo.
En mi opinión, esa lucha democrática, muy necesaria en el caso de Colombia, no se puede mezclar con políticas de odio contra personas que, por múltiples motivos, han pertenecido a gobiernos anteriores, y menos aún contra personas que, en su legítimo derecho democrático, piensan política o religiosamente de manera distinta a los gobernantes de turno.
Solo espero que tanto el Gobierno nacional como varios de los gobernantes regionales y locales reflexionen sobre el rumbo que están tomando sus gobiernos, a fin de que, al final de sus mandatos, no tengamos personas que se arrepientan de su voto, pero, fundamentalmente, para que podamos decir públicamente: “Valió la pena contribuir a romper esquemas políticos y sociales que, en otras ocasiones, le han hecho daño a la gente y a su derecho a vivir pacíficamente y en democracia en Colombia”.
A esta altura de mi vida, cuando estoy próximo a cumplir 80 años de edad, el próximo 29 de octubre, manifiesto que la experiencia y el sentido común me han enseñado que todo gobierno, sea de derecha, de centro o de izquierda, debe mantener cero tolerancia con las políticas de odio y entender que, en toda democracia, los seres humanos no podemos ser tratados como los tornillos de una máquina, que se pueden quitar o poner dependiendo de nuestras preferencias personales.