Estamos frente a un segundo golpe de Estado contra la democracia en el corto transcurso del siglo XXI, pues en 2016 Santos ‘se pasó por la faja’ el resultado del plebiscito, que dijo ‘No’ al acuerdo con las FARC. Por eso, ahora nos encontramos en esta situación de corrupción, inseguridad y narcotráfico. Para completar el panorama, el jefe de Estado saliente manifiesta que no reconoce la voluntad del pueblo colombiano, que eligió como presidente de la República al doctor Abelardo de la Espriella, y publica en la red social que “el presidente de Colombia aceptado, de acuerdo con la decisión de los colombianos, es el filósofo Iván Cepeda”. Sin embargo, se desconoce qué está escondiendo con esta cortina de humo.
Ante este exabrupto del Gobierno actual, producto de la fatídica ideología ‘progre’, nos situamos en el mundo macondiano de García Márquez, pues, al mejor estilo de los perversos dictadores latinoamericanos, la izquierda ha destrozado al país y no quiere entregar el poder. La administración que le corresponderá dirigir al doctor De la Espriella estará tan contaminada por el odio, la corrupción y el resentimiento generados por el petrosantismo que la frase atribuida al mariscal Sucre y citada por Alfonso Múnera en su reciente libro ‘El sueño europeo en América Latina’ se ajusta como anillo al dedo: “Su excelencia sabe tan bien como yo que aquí no hará falta un presidente, sino un domador de insurrecciones”. Eso es lo que se prevé que adelantarán los zurdos a partir del 8 de agosto.
Es perfectamente claro que el jefe del Poder Ejecutivo no tiene ninguna autoridad sobre el Consejo Nacional Electoral, pues este es un organismo autónomo e independiente que tiene entre sus funciones efectuar el escrutinio general de las elecciones y expedir las credenciales a quienes hayan sido elegidos. Este paso ya se cumplió con los doctores Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, lo cual los convierte en presidente y vicepresidente electos del Gobierno colombiano. A los zurdos no les gustó perder esta elección, pero prima el valor de la democracia. Como plan ‘B’, demandaron ante el Consejo de Estado la invalidez de la elección.
La izquierda quiere quedarse en el poder y, para ello, emplea ‘todas las formas de lucha’ que prescribe el maoísmo. El Gobierno saliente busca impedir que se posesione el nuevo presidente de la República para que el comunismo siga reinando en Colombia, incluso al impulsar, con su dialéctica, una guerra civil que destrozará al país. Posiblemente, utilizará el 20 de julio como escenario propicio para que la primera línea, los colectivos, las guardias indígenas, campesinas y cimarronas, los estudiantes embaucados, los sindicatos de izquierda, los empleados oficiales y los narcoterroristas prendan la mecha para incendiar al país.
La oposición se ha dejado tomar la delantera por una minoría que emplea la violencia, la amenaza y la mentira como elementos de intimidación. Lo que está sucediendo desde el Palacio de Nariño no es improvisado: responde a la puesta en escena de unos libretos que generan incertidumbre y motivan a los incautos e ilusos a unirse en la defensa del ‘heredero’, puesto que la teoría que esgrime su ‘jefe de campaña’ es que a Cepeda le robaron la elección. Estaba cantado que la izquierda no ganaría estas elecciones y, por ello, desde hace mucho tiempo el jefe de Gobierno comenzó a divulgar la hipótesis de que habría trampa, para justificar una acción de fuerza destinada a recuperar el poder supuestamente usurpado.
Existen posibles anomalías que indican la ilegitimidad del cargo asumido por el actual gobernante, tales como el presunto exceso en los topes de gastos de la campaña, la presunta financiación ilegal de esta, la afirmación de su hermano de que le consiguió ‘millón y pico’ de votos con apoyo de los presos, los 15.000 millones que, según Benedetti, habría conseguido para la campaña y que no aparecen registrados, así como los actos de corrupción de su entorno político y, probablemente, familiar, su actuación racista, con la que ofendió a gran parte de la población, y su comportamiento sexista con las mujeres. Todo ello, sin duda, justificaría que hubiera tenido que renunciar al cargo, pero no lo hizo. ¡Qué cinismo!
Desconocer la legitimidad de las elecciones, así como actuar al estilo de Calígula al afirmar que ‘su heredero’ era el presidente elegido por los colombianos, constituye la base para generar una guerra civil de impredecibles consecuencias. Sin ninguna duda, esto es un ‘golpe blando’ que atenta contra la democracia y las libertades de los colombianos. No se conoce, hasta la fecha, un pronunciamiento oficial de retractación y, por ello, el Gobierno entrante decidió suspender el empalme. Frente a esta decisión, con las consabidas mentiras, los salientes tratan de tergiversar la realidad.