La legitimación de la lucha armada tiene hoy un socio que nunca estos grupos terroristas pensaron que podían tener: el presidente de la república, Gustavo Petro. Desde su apoyo irrestricto a Hamás y la ausencia de condena a sus actos brutales hasta su paz total sin condiciones y con el consabido freno y, por ende, desmotivación de la fuerza pública, Petro hoy cambia la ecuación de legitimidad y les da un gran respiro a los grupos terroristas y los narcos, que los fortalece.

El efecto ya se ve. En Colombia, regiones como el Catatumbo y la costa pacífica y departamentos como Nariño, Chocó, Cauca, Putumayo, Caquetá están en manos de narcos o de terroristas. En muchos de los municipios de esos departamentos y regiones hoy se sienten como en el año 2002. Petro en apenas unos meses de gobierno logró revertir más de dos décadas de lucha contra la violencia y contra estas organizaciones, que sin completarse iba en la dirección correcta.

En 2002, cuando llegamos al Gobierno con Álvaro Uribe, Colombia tenía más de 3.000 secuestros. Ocho años después, estos habían bajado a menos de 100. Este año ya van cerca de 270 secuestros, poco más de 30 en la zona donde secuestraron al padre de Luis Díaz. Es muy posible que al finalizar el año la cifra supere los 300.*

El control territorial que tienen las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y otras organizaciones de narcotráfico en los lugares antes mencionados los convierten en un Estado paralelo. Las imágenes de la inauguración de una carretera comunal en una vereda del municipio de Policarpa, en Nariño, con presencia de las Farc –y hasta del párroco del municipio–, muestran cómo uno de los parámetros básicos de la estrategia de guerra híbrida, en la que las organizaciones criminales le compiten al Estado la legitimidad frente a los ciudadanos, crece al amparo de la paz total, es decir, del presidente Petro.

El vergonzante comunicado del ELN muestra cómo tratan de voltear la torta al igualar un crimen de guerra con “las familias que viven dolores y tragedias por el desempleo, la violencia criminal del paramilitarismo y el abandono del Estado”. Es más, después de un seguimiento de meses para secuestrarlo, dicen no saber que era el padre del futbolista y que cuando supieron ordenaron su liberación. Ciertamente, mienten. Tampoco les creo a quienes dicen que no cobraron, es lo que tienen que decir y es una de las condiciones de la liberación, pero la verdad es que conozco personalmente muchos casos en los que hicieron lo mismo y continuaron cobrando con el secuestrado en libertad.

El impacto del secuestro repercute en todo el mundo. Y, obviamente, el ELN queda como una organización terrorista que comete este tipo de actos. En Inglaterra, en Bruselas o en Estados Unidos, un secuestro es un secuestro y no una “comisión económica”, como las llama ese grupo terrorista en su comunicación inicial.

Hay que darle las gracias al ELN, pues este hecho, además de las repercusiones internacionales muy negativas para Colombia y para Petro, genera una reacción nacional que hace que se despierten esos sentimientos de angustia, de dolor y de rabia, que con secuestros como el de la iglesia de La María en Cali o el del avión de Avianca llevaron a movilizaciones inmensas en el país en 1999 y en 2000.

El tema de la paz en Colombia ya venía maltrecho con el golpe de Estado que dio Santos contra la democracia y la Constitución cuando desoyó la votación del plebiscito y mantuvo el acuerdo casi igual. Si le sumamos a ese acuerdo que no trajo paz, seguridad o tranquilidad, que hoy hay unas Farc renovadas, un ELN más poderoso y binacional, y que ambas organizaciones terroristas cuentan con el respaldo y el apoyo del Gobierno de Venezuela, que les otorga la facilidad de hacer negocios ilícitos de narcotráfico, armas, minería ilegal y contrabando, entre otros, pues el asunto de la llamada paz total cae en un escepticismo absoluto de los colombianos.

Ese escepticismo hoy se ha convertido en un rechazo que eventos como el del secuestro del padre de Lucho Díaz refuerzan. El debilitamiento de las FF. MM., que parece ser un objetivo de esta paz total –y que, la verdad, comenzó con Santos, quien equiparó a los grupos terroristas con las Fuerzas Armadas–, hoy llena de temor a la ciudadanía, a todos, incluyendo los jóvenes que no vivieron el país violento que recibimos en 2002.

Una política de paz sin estrategia, que entrega terrenos sin contraprestación a los grupos terroristas y que, además, incluye a organizaciones de narcotráfico, pues no hay como tenga resultados reales. Ya vemos a las Farc frenteando al Gobierno sin problema o costo y al ELN, con su política de secuestros avalada por el presidente, quien no dijo nada cuando estos claramente excluyeron este crimen de guerra del acuerdo, avanzando en su combinación de las formas de lucha. El ciudadano hoy no siente que hay un presidente que lo defienda. Al contrario, siente que hay un gobernante que defiende a los victimarios.

¿Hasta cuándo? Hasta que los ciudadanos lo permitan, pues está en ellos, en nosotros, frenar este caos de la paz total.

*Secuestro en Colombia aumentó un 70 por ciento...

(https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/secuestro-en-colombia-aumento-un-70-en-los-primeros-nueve-meses-de-2023-822690).