Empecemos por lo que no se recupera nunca.

Más de 57.000 colombianos asesinados desde 2022, según el Instituto Nacional de Medicina Legal. Solo en 2025 fueron 14.780, la cifra más alta de la década. El Gobierno que se vendió con el eslogan de «potencia mundial de la vida» cierra con el semestre más sangriento en diez años. Y las masacres se duplicaron: 34 entre enero y junio del año pasado, 68 en el mismo periodo de este. Además, impusieron el eslogan “nos están matando” por la muerte de líderes sociales; parece que se les olvidó por qué, a hoy, van más de 500 líderes sociales asesinados.

A eso lo llamaron “paz total”. Mesas en cárceles, ceses al fuego, órdenes de captura suspendidas. Y mientras en Bogotá se firmaban acuerdos, los grupos armados crecían, extorsionaban y reclutaban jóvenes.

No lo digo yo. Lo dice la Defensoría del Pueblo: el Clan del Golfo pasó de operar en 255 municipios en 2022 a 468 en 2026. Casi el doble del país. El ELN pasó de 189 a 260. Las disidencias de las Farc, de 233 a 265. La Fundación Ideas para la Paz calculó que estas estructuras cerraron 2025 con más de 27.000 integrantes: la cifra más alta desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, y un crecimiento del 23,5 % en un solo año. Más de cinco mil hombres nuevos en armas en doce meses.

Eso no fue paz. Fue tiempo regalado para la impunidad.

Y la coca. Naciones Unidas certificó 261.000 hectáreas sembradas: máximo histórico. Este gobierno se puso a sí mismo la meta de bajarlas a 150.000. Se fue con 111.000 hectáreas de diferencia. Y mientras tanto, la erradicación manual se desplomó: de más de 130.000 hectáreas en 2020 a 8.051 en 2025. No es que no hayan podido. Es que dejaron de hacerlo.

Detrás de la coca viene la minería ilegal. La superficie afectada por extracción ilícita llega a 82.000 hectáreas, un 28 % más. La Procuraduría documentó minería ilegal en 29 de los 32 departamentos. Y del mercurio que circula por el país, las autoridades apenas incautan entre el 1 % y el 3 %. El resto queda en el agua. En Antioquia lo sabemos de memoria.

Sigamos por la plata, que es la plata de todos.

La deuda del Gobierno Nacional llegó en junio a $1.167 billones: $363 billones más que en agosto de 2022. ¿Y saben qué significa eso en la vida real? Que este año se pagan $19,5 billones solo en intereses de la deuda interna. No en colegios. No en carreteras. No en hospitales. En intereses.

Ya que hablamos de hospitales: el país recibe un sistema de salud con clínicas cerrando servicios y con familias haciendo colectas para comprar los medicamentos que el Estado les debe entregar. Eso es lo que dejan cuatro años anunciando una reforma que nunca supieron ejecutar.

El caso más claro de esa incapacidad fue su ministerio bandera. La Corte Constitucional declaró inexequible la ley que creó el Ministerio de la Igualdad, porque el Gobierno nunca hizo el análisis de impacto fiscal que exige la Constitución. Un vicio insubsanable. La cartera cerró el 20 de junio. Manejó más de $2 billones y ejecutó el 8,8 %. La Contraloría revisó su fondo, FonIgualdad: de una apropiación cercana a $1,9 billones, apenas pagó el 3 %, y 12 de sus 25 programas no registraron ni un peso de ejecución. Programas para mujeres, para personas con discapacidad, para comunidades étnicas y campesinas. Tuvo cuatro ministros en tres años. No lo cerró la oposición. Lo cerró la justicia, por mal hecho.

Ahora sí, hablemos de la corrupción. Ahí la desidia deja de ser incompetencia.

Cuarenta carrotanques para llevarles agua a los niños en La Guajira. La Procuraduría probó sobrecostos por más de $16.000 millones. El agua nunca llegó. Los carrotanques se quedaron quietos. Eso es una canallada contra los más pobres de Colombia.

Sneyder Pinilla, condenado. Olmedo López, allanado a los cargos. Los dos, destituidos e inhabilitados.

Los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, siguen en La Picota; el martes la Corte les negó otra vez la libertad. Están acusados, no condenados, y eso hay que decirlo. ¿Y saben por qué no avanza ese juicio? Porque falta la declaración del socio y amigo de Petro, líder del Partido Verde, Carlos Ramón González, hoy asilado en Nicaragua. Dice que lo incriminan por política. Que venga a decirlo ante un juez colombiano. Un prófugo con asilo tiene frenada a la justicia de todo un país.

Los exministros Bonilla y Velasco fueron acusados de un manejo presuntamente irregular de más de $612.000 millones. Bonilla salió por vencimiento de términos y, seamos serios, eso no lo declara inocente. Quiere decir que el Estado que lo acusa llegó tarde.

No crean que esto paró. El lunes la Contraloría le puso una función de advertencia al Gobierno Nacional: en cuatro semanas firmaron 14.414 contratos por $4,55 billones, un 22,5 % más que hace cuatro años, con la contratación directa disparada. A diez días de entregar las llaves.

Esa misma semana, la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, denunció que, mediante un decreto, querían mover cerca de $1,2 billones comprometidos para La Mojana. El domingo lo dijo en televisión. El lunes el presidente pidió públicamente que la sacaran del cargo. Esa fue la respuesta.

No siempre hizo falta robarse un peso. Bastó un decreto, una firma y la decisión de a quién sí y a quién no. La Guajira sin agua. La Mojana en veremos. Las regiones más pobres del país esperando una plata que ya estaba comprometida.

De eso puedo hablar con papeles propios. La Nación le debe al Metro de la 80 $838.571 millones, según quedó consignado. La ciudad ya puso $744.469 millones y cumplió el convenio. A la obra le queda plata hasta finales de agosto. ¿La respuesta? Ni un peso girado.

El presidente electo anunció una auditoría a lo que recibe, ordenó protegerla y les dijo a los cabecillas de la mal llamada “paz total” que se sometan o asuman las consecuencias. Todavía no gobierna y ya está actuando distinto del que se va. Que lo cumpla.

El 7 de agosto se acaba este Gobierno. Se acaba una costumbre: la de premiar al que calla y sacar al que denuncia.

Gustavo Petro prometió el cambio y fracasó. Les incumplió a sus seguidores. Y perdió la oportunidad de su vida: los que llegaron con él a manejar la plata terminaron respondiendo ante los jueces.

Lo único que este gobierno ejecutó a tiempo fue su propia salida.

Con Petro el cambio nunca llegó. Por fin, se van todos por la puerta de atrás.