En Colombia hay cerca de 1.000 hospitales públicos, sin contar centros de salud; con cerca del 30 % de las 100 mil camas hospitalarias con las que cuenta el país. Los hospitales públicos son la principal opción de atención en salud en cerca de 1.000 municipios de categorías quinta y sexta, todos con menos de 20 mil habitantes. Son esenciales en muchos municipios del país.
El tremendo desorden generado por el gobierno Petro, con la financiación politiquera de proyectos de inversión en infraestructura hospitalaria pública, rebosó la copa de una larga historia de falta de control y de criterios técnicos que han desconfigurado el valor social de muchos hospitales públicos. Es hora de cuestionarse el principio que toda inversión en hospitales públicos se traduce en bienestar social.
Se han construido muchos hospitales para lograr réditos políticos. En esos mil municipios son más los empleadores y, por lo tanto, la mayor tajada burocrática existente. Pero también, en grandes ciudades, existen infraestructuras hospitalarias ineficientes que no resuelven los problemas de salud de la gente. El gobernante que inaugura el hospital se toma la foto cortando la cinta, pero el problema de ponerlo en operación les queda a los siguientes gobernantes. En muchos casos esos hospitales terminan concesionando servicios a privados; mientras dejan a cargo de la entidad los servicios no rentables como pediatría o urgencias.
El presidente De La Espriella, en una decisión totalmente justificada, ordenó durante la semana anterior la intervención administrativa del hospital departamental de San Andrés: el panorama de la institución es lamentable con desabastecimiento de insumos y medicamentos, falta de control de inventarios y un rezago en facturación por $ 3.605 millones. Los hallazgos en infraestructura y equipamiento son espeluznantes. Quedó demostrado en el techo de la institución cayéndose a pedazos y la evidencia de un anticipo de $ 858 millones para una máquina de residuos biológicos que nunca se instaló.
Ni hablar de los pendientes médicos: más de 4.900 pacientes que ven agravadas sus dolencias sin respuesta alguna. El hospital Clarence Lynd Newball Memorial —como lo renombraron los sanandresanos— es tan sólo un ejemplo de muchos hospitales públicos de Colombia. Mientras Petro se ufanaba elogiando a su ministro (Jaramillo) por repartir más de cuatro billones de pesos para nuevas infraestructuras, a sus espaldas el Lynd Newball moría. Probablemente la razón de ese olvido está en que San Andrés produce pocos votos.
No obstante, al Gobierno De La Espriella se le va a hacer cada vez más apremiante un problema heredado, sin otro remedio que afrontarlo. Son muchos los hospitales públicos en problemas como el Rosario Pumarejo de Valledupar, el San Francisco de Asís de Quibdó, para iniciar la larga cuenta. Le corresponderá al gobierno generar soluciones para las crisis puntuales y las decisiones de largo plazo.
Es hora de que Colombia realice un análisis profundo de la capacidad instalada que tenemos en los hospitales públicos, cuál es su productividad y cuáles son los resultados en salud de sus afiliados. Se requiere un Estudio Nacional Hospitalario que nos lleve a tomar decisiones certeras de dónde invertir los escasos recursos públicos —ya sea para nuevas infraestructuras o para ampliaciones— sólo donde sea necesario. Los acelerados cambios en la demografía nos indican que no necesariamente es un sacrilegio cerrar servicios de muy baja demanda, o incluso cerrar hospitales que no estén prestando un servicio social efectivo. Los recursos públicos de la salud son para atender pacientes, no para sostener burocracias.
En el muy corto plazo es urgente revisar las recientes asignaciones antitécnicas de recursos para evitar los denominados elefantes blancos. Igual de urgente es incluir en la ley del Plan Nacional de Desarrollo una norma que les permita a los directores castigar las deudas impagas históricas para sincerar las contabilidades, sin que las contralorías los investiguen por detrimento patrimonial. También, crear un escalafón que evalúe la experiencia y ejecución de los directores, para crear capacidades de gestión hospitalaria y terminar con los nombramientos por razones políticas, que es la fuente principal de corrupción. Es urgente formar gerentes idóneos de entidades públicas de salud.
La tarea actual de los alcaldes y gobernadores debería estar determinada por una profunda reflexión sobre los resultados reales de sus instituciones y la futilidad de mantener burocracias que no tienen impacto sobre la población. Este ha sido un discurso aupado también por una dirigencia gremial ideologizada y decadente que solamente ha alimentado sus propios intereses privados. Es hora de actuar eficientemente para beneficio del sistema de salud y, por ende, de toda nuestra población.