Impúdico. Es la palabra exacta. No hay otra que capture mejor la esencia del acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela. Es un pacto que desviste las intenciones, que quita el velo de la retórica diplomática y nos deja frente a frente con la cruda realidad del pragmatismo geopolítico. Para entender este histórico giro, hay que dividir la historia en dos actos: el de Washington y el de Caracas. Me explico.
Desde la óptica estadounidense, estamos ante un cambio de paradigma excepcional. Es el fin de la era de la dependencia ciega de Oriente Medio. Es mover el eje gravitacional del petróleo desde las arenas árabes hacia nuestra propia región, hacia América Latina. No es un tema menor. Durante décadas, las naciones árabes se enriquecieron explotando su oro negro, teniendo como comprador principal a Estados Unidos y sus aliados. Como en todo negocio, un producto necesita oferta y demanda. Y Estados Unidos es, indiscutiblemente, la demanda más grande del planeta. Ahora las cosas cambiaron.
Aunque Washington se mantiene como el mayor productor de crudo del mundo, la diversificación es una obsesión de seguridad nacional. Asegurarse otra fuente de combustible cerca de casa permite presionar a la baja los precios globales. Ayuda a solventar esa inflación persistente que carcome el bolsillo del ciudadano promedio y quita la necesidad de la autosuficiencia planteada por el covid. Para la Casa Blanca, esto tiene todo el sentido del mundo. Es mucho más eficiente negociar y comerciar con un vecino que queda a apenas tres horas y media de vuelo de Miami, que con regímenes al otro lado del globo que, además, representan el polo opuesto de la lógica americana y ya volaron las Torres Gemelas. Venezuela está cerca. Venezuela tiene la mayor reserva de crudo del planeta, con aproximadamente 303.000 millones de barriles que esperan ser extraídos. Venezuela, en el papel, es más amigable hoy. Y, asumiendo que el poder en Caracas ha aprendido a jugar bajo nuevas reglas, simplemente hace caso.
Pero, ¿qué sucede del lado venezolano? Ahí es donde el trago se vuelve amargo. Para muchos venezolanos, este acuerdo es un sapo difícil de digerir. Es, sin rodeos, una traición. Sienten que se les vieron las costuras al proceso. Aquellas señales que recibieron de Washington, sugiriendo que el derrocamiento de Maduro era un fin en sí mismo para restaurar la democracia, hoy parecen haber sido, en el mejor de los casos, un malentendido, y en el peor, una mentira piadosa. La premisa del acceso a los recursos naturales parece haber ganado la partida frente a los ideales de libertad.
En declaraciones recientes, voces cercanas al Departamento de Estado han intentado calmar las aguas. Argumentan que el acuerdo no cambia la hoja de ruta: reconstrucción, estabilización y proceso democrático. Para ellos, el petróleo es simplemente el combustible necesario para esa reconstrucción. Pero la brecha comunicativa es abismal. Mientras en Washington el mensaje es puramente transaccional, en Venezuela se vendió con visos de esperanza democrática. Si el Gobierno estadounidense quiere corregir esta fractura, necesita un mensaje menos excluyente. Necesita unir las dos intenciones: la estabilidad del suministro energético y la construcción real de un futuro democrático.
La realidad es cínica, pero clara: económicamente, Venezuela estará mejor con este acuerdo. Entra a una dinámica de compra y venta regida por el mercado. Ya no regala sus recursos a China, Irán o Rusia sin recibir nada tangible a cambio. Los datos no mienten: en el segundo trimestre de 2026, las importaciones estadounidenses desde Venezuela alcanzaron los 4.700 millones de dólares, la cifra más alta desde 2015. Es un flujo de caja que, bien administrado, podría aliviar la asfixia.
Para que esto sea digerible y deje de ser impúdico, el mensaje de Washington debe cambiar radicalmente. En sus visitas a la región, los enviados de la Casa Blanca deben ser tajantes. El acuerdo petrolero debe pavimentar, obligatoriamente, el camino hacia las urnas. Es imperativo establecer un calendario electoral claro. Si tomamos como parámetro la historia reciente –como la invasión a Irak–, el derrocamiento de un régimen dictatorial debería desembocar en comicios transparentes en un plazo no mayor a dos años. Siguiendo esa lógica, enero de 2028 sería el límite absoluto para tener elecciones libres en Venezuela.
Ante esta realidad, Washington debe poner sobre la mesa procedimientos y fechas concretas. De otra manera, aunque el negocio sea rentable, será percibido como una hipocresía monumental. No hay nada que irrite más al ser humano que la mentira vestida de política exterior. Estados Unidos tiene la capacidad de hacer negocios beneficiosos y, al mismo tiempo, defender la democracia. Pero debe hacerlo con vehemencia. Debe ser abierto. Si este es el inicio de un nuevo capítulo en la relación con el continente, descrito a veces como una nueva doctrina, el presidente que se jacta de negociador debe entender algo fundamental: para una relación duradera, hay que convencer al corazón y al bolsillo. Democracia y negocios. No uno sin el otro. De lo contrario, seguiremos siendo testigos de un baile impúdico donde todos saben quién miente.