En Colombia las elecciones ya no comienzan cuando los ciudadanos llegan a las urnas. Para cuando eso ocurre, buena parte de la batalla ya fue librada detrás de puertas cerradas, en reuniones de poder entre empresarios, operadores políticos y estructuras mediáticas capaces de instalar miedos, fabricar percepciones y empujar emocionalmente las decisiones electorales de millones de personas a través de encuestas y narrativas cuidadosamente construidas.

Por eso resulta imposible ignorar las conexiones que empiezan a aparecer entre sectores empresariales, redes de poder regional y algunas de las firmas encuestadoras más influyentes del país de cara a las elecciones de 2026.

De acuerdo con mi investigación y conversaciones sostenidas con distintas fuentes políticas, detrás de ciertas mediciones electorales y narrativas públicas estaría configurándose una estrategia de influencia destinada a intervenir en el clima electoral y empujar determinadas dinámicas de “voto útil” rumbo a las presidenciales de 2026.

En el centro de esa discusión aparece Invamer.

Durante años, esta encuestadora ha mantenido relaciones comerciales con empresas vinculadas al poderoso Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), una de las estructuras económicas más influyentes del país. Uno de los nombres que aparece relacionado históricamente con sectores empresariales antioqueños es Manuel Santiago Mejía, figura con amplio peso dentro de círculos económicos y empresariales de Medellín.

A esto se suma la cercanía entre sectores empresariales asociados al GEA y estructuras ligadas a Valorem, holding del Grupo Santo Domingo. También resulta llamativo que la oficina de Juan Manuel Santos funcione en un edificio de Valorem. Para mí, esto refleja cómo sectores económicos, políticos y empresariales terminan orbitando alrededor de los mismos espacios donde se toman decisiones de poder.

En paralelo aparecen organizaciones como ProAntioquia y ProBogotá, espacios donde confluyen empresarios, líderes de opinión y sectores con capacidad de incidencia en debates estratégicos sobre el futuro político y económico del país. ¿Hasta dónde llega realmente la influencia de estas redes de poder sobre la construcción anticipada del escenario electoral colombiano?

Lo pregunto porque, cuando se revisa el comportamiento histórico de Invamer, aparecen elementos que merecen revisión pública rigurosa.

Durante años, críticos políticos y analistas cuestionaron mediciones que mostraban consistentemente altas favorabilidades o niveles de competitividad alrededor de Sergio Fajardo, incluso en momentos donde esos números no siempre parecían traducirse posteriormente en fuerza electoral real. Además, las mediciones de Invamer han tenido una enorme capacidad de amplificación mediática a través de plataformas como Caracol Radio, Blu Radio y El Espectador.

Fuentes consultadas para esta columna también cuestionan aspectos metodológicos de ciertas mediciones electorales en Colombia y recuerdan que durante años existieron debates sobre controles, transparencia y regulación alrededor de las encuestas políticas. Estas discusiones han hecho parte del ecosistema electoral y mediático del país desde hace tiempo.

A eso se suma otro elemento que también merece atención. De acuerdo con la revisión realizada en rankings internacionales de firmas encuestadoras y mediciones de desempeño metodológico como los Silver Bulletin Pollster Ratings 2025, no aparecen registradas ni Invamer ni el Centro Nacional de Consultoría (CNC) dentro de los principales listados internacionales de evaluación de firmas encuestadoras.

En contraste, sí aparece AtlasIntel para Revista Semana, firma reconocida internacionalmente por sus altos niveles de precisión en mediciones electorales y ubicada entre las encuestadoras mejor calificadas por Nate Silver a través de Silver Bulletin en 2025, donde obtuvo calificación A+ y posiciones destacadas en rankings internacionales de desempeño metodológico.

La ausencia de Invamer y CNC en este tipo de evaluaciones internacionales despierta dudas sobre estándares de evaluación, niveles de auditoría externa y comparabilidad internacional de las firmas que hoy tienen enorme influencia sobre el escenario electoral colombiano.

A diferencia de firmas internacionales como AtlasIntel, cuyo posicionamiento depende fundamentalmente de su credibilidad metodológica y de su reputación global en mediciones electorales, en Colombia Invamer y el Centro Nacional de Consultoría (CNC) mantienen relaciones comerciales con grandes grupos empresariales y sectores de poder económico que financian estudios, mediciones y contratos de consultoría.

Esa relación financiera abre un debate inevitable sobre la autonomía real de estas firmas cuando una parte importante de sus ingresos proviene de sectores económicos con capacidad de incidencia y apuestas claras frente al rumbo político que podría tomar Colombia en las elecciones de 2026. Por otra parte, el punto más inquietante aparece cuando se observan las mediciones recientes rumbo a 2026.

De acuerdo con mi conversación con Rodrigo Lara, existiría una estrategia de influencia política construida alrededor de las encuestas de Invamer y del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para impactar psicológicamente el comportamiento electoral antes de las presidenciales. Según esa lectura, la estrategia tendría varias etapas cuidadosamente diseñadas.

La primera fase consistiría en instalar desde medios, redes sociales, influenciadores y plataformas digitales una sensación permanente de polarización y amenaza política.

La segunda fase sería instalar mediante encuestas la idea de que ciertos candidatos son prácticamente inevitables o electoralmente invencibles. Repetida una y otra vez, esa narrativa termina activando miedo electoral y empujando a miles de ciudadanos hacia el llamado “voto útil”.

Cuando una parte del electorado recibe constantemente el mensaje de que un determinado sector político podría arrasar electoralmente, muchos ciudadanos dejan de votar por convicción y empiezan a hacerlo condicionados por el miedo, la presión emocional o la sensación de que ciertos candidatos “no tienen opción”.

Según esta hipótesis política, ahí es donde las encuestas dejan de medir el clima electoral y empiezan a intervenir sobre él. Al revisar las cifras recientes de Invamer, encontré que en noviembre de 2025, en la encuesta Colombia Opina #19, Iván Cepeda aparecía con 31,9 % en primera vuelta, mientras Abelardo de la Espriella marcaba 18,2 %.

Pero el dato más impactante surgía en segunda vuelta: Cepeda aparecía derrotando ampliamente a De la Espriella con 59,1 % frente a 36,2 %. Sin embargo, en esa misma medición, Sergio Fajardo era mostrado como el único candidato con posibilidades reales de competirle a Cepeda en un escenario cercano al empate técnico.

Meses después, el escenario cambia nuevamente: Fajardo cae. Entonces comienza a crecer Claudia López. Más adelante empieza a posicionarse Paloma Valencia. Pero el mensaje central permanece intacto: Iván Cepeda continúa apareciendo como una figura extremadamente dominante frente a todos los escenarios posibles.

Según lo planteado por Rodrigo Lara, la estrategia no terminaría únicamente en instalar miedo electoral o empujar el llamado “voto útil”. Habría una fase todavía más sofisticada dentro de esa lógica de manipulación de percepción.

De acuerdo con su análisis, las encuestas comenzarían a mover estratégicamente quién ocupa el lugar del supuesto candidato “viable” para enfrentar a Iván Cepeda. Primero apareció Sergio Fajardo como la figura capaz de competirle. Después empezó a crecer Claudia López. Más adelante, según esta lectura, comenzaría el posicionamiento de Paloma Valencia como la alternativa que supuestamente podría concentrar el voto antiizquierda.

El objetivo, según Lara, sería empujar emocionalmente a millones de votantes hacia la idea de que apoyar a cualquier otro candidato equivaldría a “botar el voto”. Bajo esa presión psicológica, sectores importantes del electorado terminarían alineándose detrás del nombre que las encuestas presentan como la única opción con posibilidades reales de frenar a Cepeda.

Según esa interpretación política, candidaturas como la de Abelardo de la Espriella estarían siendo desplazadas o minimizadas dentro de ciertos escenarios de percepción electoral fabricados desde algunas encuestas, pese a que otras mediciones internacionales muestran resultados muy distintos.

Por ejemplo, AtlasIntel —considerada una de las firmas encuestadoras mejor calificadas y más precisas a nivel internacional— ubica a Abelardo de la Espriella en el segundo lugar de intención de voto, mientras Paloma Valencia aparece en un tercer escenario de competitividad. Además, en proyecciones de segunda vuelta atribuidas a esa firma, De la Espriella aparece derrotando a Iván Cepeda con una diferencia cercana a los diez puntos, un panorama muy distinto al que reflejan algunas encuestas nacionales que han insistido en posicionar otros nombres como los supuestamente más “viables” para enfrentar a la izquierda.

Hay algo más que no deja de llamarme la atención: ¿también existe un intento de deslegitimar mediciones que muestran resultados distintos a los instalados por ciertas encuestas tradicionales? ¿Se atreverá Invamer a cruzar la línea roja? Lo pregunto porque firmas como AtlasIntel, que realiza mediciones para Revista Semana y tiene reconocimiento internacional por sus niveles de precisión, muestran escenarios electorales radicalmente diferentes.

Para Lara, ahí estaría el corazón de la operación política: fabricar desde las mediciones una percepción de inevitabilidad alrededor de determinados candidatos, mientras otros son reducidos progresivamente dentro de la conversación pública.

El riesgo más peligroso ni siquiera termina ahí. Según plantea, inflar artificialmente determinados escenarios electorales podría terminar generando un efecto profundamente peligroso para la estabilidad democrática del país. Si durante meses se instala en la opinión pública la percepción de que ciertos candidatos tienen ventajas aplastantes y posteriormente los resultados reales terminan mostrando un escenario distinto, podría abrirse espacio para narrativas de fraude, deslegitimación institucional y confrontación política después de las elecciones.

En un país tan polarizado como Colombia, esa posibilidad debería preocupar seriamente a cualquier sector democrático, independientemente de su posición ideológica.

El caso del Centro Nacional de Consultoría también merece escrutinio público. La firma ha tenido contratos estatales millonarios con el gobierno de Gustavo Petro y vínculos históricos con distintos sectores políticos, lo que ha generado cuestionamientos y debates públicos sobre independencia, cercanía al poder y uso político de las mediciones.

Me queda muy difícil ignorar que las coincidencias empiezan a acumularse de manera inquietante. Demasiadas piezas empiezan a encajar: poder económico, construcción mediática de candidaturas y encuestas capaces de alterar emocionalmente el comportamiento electoral. Todo eso configura, como mínimo, un escenario que merece vigilancia periodística rigurosa y escrutinio ciudadano permanente.

Lo plasmo en esta investigación porque, cuando sectores económicos, operadores políticos y estructuras mediáticas adquieren la capacidad de influir masivamente sobre la percepción electoral, la democracia entra en una zona peligrosa en la que la frontera entre informar, influir y manipular empieza peligrosamente a desaparecer. Y esa discusión, guste o no, Colombia tendrá que darla antes de la primera vuelta, el 31 de mayo. ¡Ojo con inflar a Cepeda!