Una democracia rara vez desaparece de un día para otro. Puede conservar las urnas, los tribunales y los procedimientos mientras pierde, poco a poco, las garantías que le dan sentido. Brasil obliga a mirar precisamente esa distancia entre la forma de la democracia y la realidad del poder.

Desde Miami, Flávio Bolsonaro se declaró ganador de las elecciones, denunció un fraude y anunció que encabezará la oposición desde Estados Unidos. Su posición abre una nueva controversia en un país profundamente dividido, donde la actuación de la justicia y sus efectos sobre la competencia política llevan años alimentando una crisis de confianza.

La elección que le otorgó a Lula da Silva un cuarto mandato fue histórica. Flávio ganó la primera vuelta por más de dos millones de votos y, tres semanas después, Lula revirtió el resultado y se impuso con el 51,79 por ciento de los sufragios válidos, frente al 48,21 por ciento de su adversario. Una remontada de esa magnitud deja un mal sabor y confirma la profundidad de la confrontación política y la importancia de garantizar absoluta transparencia electoral.

A esa controversia se sumó una decisión excepcional. Al terminar la jornada electoral, el magistrado Cristiano Zanin ordenó prolongar la votación hasta las siete de la noche en las mesas que permanecían abiertas. Según los registros oficiales, los votos recibidos después del horario ordinario fueron muy inferiores a la diferencia entre los candidatos y no explican el resultado.

Zanin no es cualquier magistrado. Fue abogado personal de Lula en los procesos de Lava Jato, incluidas causas vinculadas con Odebrecht, y encabezó la defensa que consiguió su liberación y, posteriormente, la anulación de sus condenas. Luego fue designado por el presidente para integrar el Supremo Tribunal Federal. Que su antiguo defensor intervenga ahora en su reelección alimenta las sospechas sobre la imparcialidad de la justicia en Brasil.

La oposición, además, llegó a las urnas bajo intensa presión judicial: Jair Bolsonaro vivió la campaña en prisión domiciliaria, mientras Lula buscaba reelegirse con las ventajas del poder. La democracia exige una justicia independiente que garantice la igualdad entre adversarios.

Las urnas cerraron, pero la presión judicial sobre los Bolsonaro continuó. Flávio fue requerido para entregar sus pasaportes en el marco de investigaciones por presuntos delitos que rechaza. Días después llegó a Estados Unidos con su esposa y sus dos hijas. El hombre que acababa de recibir casi 60 millones de votos se sumaba así a su hermano Eduardo, instalado en Estados Unidos desde 2025 tras denunciar persecución política.

Lula respondió que quien nada debe, nada teme. Una expresión llamativa en quien hizo de las dudas sobre la imparcialidad de sus jueces una bandera política. Ahora exige confianza en las instituciones que sus adversarios cuestionan.

Pero la confianza no se decreta. Se construye con independencia judicial, transparencia y respeto por los derechos de todos.

No se trata de reclamar privilegios para los Bolsonaro. La ley obliga a todos. Y a todos debe protegerlos. El debido proceso, la presunción de inocencia y la proporcionalidad de las medidas judiciales no son concesiones que el poder otorga a sus adversarios: son límites que la democracia establece para impedir el abuso.

La lección trasciende a Brasil. América Latina vive una profunda disputa entre proyectos políticos que ofrecen visiones distintas de la libertad, el papel del Estado, la economía y las instituciones. En varios países, los ciudadanos han buscado corregir el rumbo en las urnas, rechazando gobiernos que defraudaron sus expectativas.

Pero la alternancia no liquida las ideas que amenazan la libertad. Una derrota electoral no desmantela una organización política ni borra años de influencia en las instituciones, las universidades, los sindicatos, los movimientos sociales y los organismos internacionales. Tampoco neutraliza una narrativa capaz de adaptarse a cada momento y presentar viejas recetas con un lenguaje nuevo.

Lula es prueba de esa capacidad de supervivencia política. Dejó la presidencia en 2010, fue encarcelado en 2018 y hoy celebra su cuarto mandato. La izquierda que se articuló alrededor del Foro de São Paulo ha entendido que la disputa por el poder no termina con una elección: se libra durante años en el terreno de las ideas, las instituciones y la cultura.

Sus adversarios debemos entenderlo también. Defender la libertad exige algo más que ganar una presidencia. Exige construir instituciones que resistan la presión de cualquier gobierno, formar dirigentes capaces de sostener sus convicciones y ofrecer a los ciudadanos respuestas serias a sus necesidades. El descontento sin soluciones es terreno fértil para quienes prometen resolverlo todo a cambio de concentrar el poder.

La batalla por Brasil se librará en un Congreso con una derecha decisiva y desde el exterior, donde Flávio anuncia que dirigirá la oposición. Lula gobernará frente a casi 60 millones de electores que respaldaron a su adversario. Desestimar sus reclamos o tratarlos como una amenaza institucional profundizará la división.

Los Bolsonaro siguen en la lucha, junto a millones de ciudadanos con derecho a defender sus convicciones, exigir transparencia y ejercer oposición.

La democracia exige garantías para que quienes pierden conserven sus derechos y puedan disputar nuevamente el poder. Cuando esas garantías se debilitan, quedan las urnas, pero se pierde la libertad.