Bastó con retirar unos afiches del Museo Nacional para que el progresismo radical pusiera el grito en el cielo. La indignación fue inmediata, como si cuestionar la presencia de esos afiches fuera un ataque contra sus privilegios. Lo que tanto les incomoda es que alguien se atreva a desafiar una versión de la historia que consideran intocable. Y esta vez encontraron un Gobierno dispuesto a darles la discusión de frente.
La extrema izquierda entendió hace décadas que el poder no se conquista solamente en las urnas. También se construye desde las universidades, los museos, las aulas, el cine y los espacios donde se forman las ideas de una sociedad. Mientras la derecha concentraba sus esfuerzos en la seguridad, la economía y las elecciones, sectores de la izquierda avanzaban sobre esos espacios, disputando los relatos históricos e instalando sus interpretaciones políticas como si fueran verdades indiscutibles.
Uno de los ejemplos más graves es la manera como algunos sectores pretenden suavizar el pasado criminal de las organizaciones guerrilleras. El asalto al Palacio de Justicia, perpetrado por los terroristas del M-19 en noviembre de 1985, fue una acción criminal contra la institucionalidad colombiana que pretenden disfrazar de hazaña revolucionaria o de un acto heroico. Los que no comemos cuento y conocemos la historia sabemos que fue una tragedia que dejó muertos (los terroristas fusilaron a 11 magistrados), destruyeron familias y golpearon el corazón de la justicia. Ninguna interpretación ideológica puede borrar la responsabilidad de sus autores ni convertir aquella barbarie en una epopeya política.
La controversia sobre el asesino Carlos Pizarro exige la misma claridad. Fue comandante del M-19, una organización que cometió los peores crímenes, secuestró y utilizó la violencia para alcanzar objetivos políticos. Su desmovilización y posterior candidatura presidencial no borran los crímenes de la guerrilla que dirigió. La reconciliación no obliga a olvidar ni autoriza a transformar dirigentes de organizaciones violentas en figuras intocables. La memoria histórica no puede utilizarse para limpiar responsabilidades ni fabricar héroes a conveniencia. Así no les guste, los exasesinos no existen.
Con las Farc ocurre algo semejante. El Acuerdo de Paz de 2016 no puede convertirse en una licencia para reescribir décadas de terrorismo, secuestros, reclutamiento de menores y asesinatos. Los crímenes no desaparecieron con una firma, como tampoco desaparecieron sus víctimas. La reincorporación política no significa absolución moral. La sociedad tiene derecho a exigir que los responsables reconozcan sus delitos sin pretender que la historia los presente únicamente como víctimas del conflicto.
Ahí está el centro de esta disputa. La memoria no puede construirse seleccionando los hechos que favorecen a una ideología y escondiendo aquellos que la comprometen. Un país que pierde la capacidad de distinguir entre víctimas y responsables de crímenes termina debilitando su propia conciencia histórica.
Por otra parte, el wokismo también merece una discusión frontal. Aunque nació asociado a la denuncia de injusticias sociales, algunas de sus expresiones actuales han convertido el activismo identitario en un mecanismo de presión ideológica. Se proclama la diversidad, pero se castiga el pensamiento diferente. Se invoca la tolerancia, pero se pretende excluir del debate a quienes cuestionan determinadas posiciones; la ideología de la incoherencia, le llamo yo. La defensa de derechos no puede convertirse en un privilegio para imponer una visión única de la sociedad.
La familia, la religión, las tradiciones y el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos no son obstáculos para el progreso. Son libertades que deben protegerse. Nadie tiene autoridad para ridiculizar las convicciones religiosas ni presentar los valores tradicionales como una amenaza. Tampoco para utilizar las instituciones educativas como escenarios de adoctrinamiento.
Estados Unidos ha vivido controversias profundas por estas cuestiones en universidades, colegios y empresas. Europa también enfrenta disputas sobre identidad, inmigración, religión y libertad de expresión. Las tensiones alrededor del wokismo y de ciertas políticas identitarias demuestran que imponer consensos morales desde las instituciones puede producir rechazo y polarización.
Por eso Colombia no tiene por qué repetir esos errores. La respuesta exige una política cultural con objetivos claros, instituciones responsables y decisiones que puedan defenderse públicamente.
El Gobierno puede comenzar por revisar los criterios de financiación cultural, exigir transparencia en la selección de proyectos y garantizar que los recursos públicos no favorezcan sistemáticamente a una corriente política. Debe fortalecer la enseñanza rigurosa de la historia, abrir los museos a distintas interpretaciones documentadas y respaldar investigaciones sobre las víctimas de las guerrillas sin excluir otras responsabilidades históricas. En esta tarea, la ministra de Cultura, Paola Holguín, y la viceministra Ana María Abello vienen desempeñando una labor que merece reconocimiento. Su compromiso con la batalla cultural impulsada por el Gobierno y su decisión de enfrentar la influencia del wokismo en los espacios culturales representan un respaldo fundamental para recuperar el pluralismo y cuestionar las imposiciones ideológicas.
La discusión también debe llegar a las universidades y los colegios. Defender la libertad académica significa impedir que los estudiantes sean presionados para adherir a determinadas posiciones políticas. Significa proteger el debate, el derecho a disentir y la participación de los padres dentro del marco constitucional.
El presidente Abelardo De La Espriella ha convertido la batalla cultural en una de las principales banderas de su administración. Su propósito es enfrentar los privilegios ideológicos, recuperar los espacios que durante años han estado bajo la influencia de sectores de la izquierda y poner fin al adoctrinamiento en las instituciones públicas. Para lograrlo necesitará decisiones firmes, políticas que perduren y el respaldo de quienes entienden que la defensa de nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestras libertades no admite más concesiones.
De la firmeza con que enfrente el wokismo y rompa décadas de complacencia frente al avance ideológico de la izquierda dependerá buena parte de su legado. Nuestro país ha cedido demasiado terreno en esta disputa y no puede seguir permitiendo que otros decidan qué debemos recordar, qué debemos enseñar y hasta dónde podemos pensar. Esta batalla apenas comienza y los colombianos no pueden darse el lujo de volver a perderla. Ya es hora de ponerle fin a la pretensión de una minoría de imponerle sus dogmas a la mayoría.