Hay gobiernos que entregan el poder dejando balances, inauguraciones y discursos sobre los logros alcanzados durante su administración. Otros, en cambio, obligan al país que los sucede a hacer algo mucho más incómodo: abrir los archivos, revisar los contratos, seguir el rastro de los recursos públicos y reconstruir las decisiones que se tomaron durante cuatro años. Eso es precisamente lo que empieza a ocurrir con El libro de la verdad, presentado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella después del proceso de empalme y remitido a las autoridades competentes para que sean ellas, no el Gobierno, las que determinen si detrás de los hallazgos existen responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.

El documento reúne 82 casos identificados en 22 sectores de la administración pública, agrupados por el Gobierno alrededor de nueve patrones que, según el proceso de empalme, revelarían problemas que van mucho más allá de hechos individuales, pérdida de rigor técnico, debilitamiento de las capacidades institucionales, opacidad en la información pública, concentración contractual, parálisis administrativa, fragmentación del Estado y dificultades fiscales, entre otros.

Para entender qué significa El libro de la verdad, hay que despojarlo de cualquier lectura meramente política. No es una sentencia, tampoco es una condena anticipada ni una lista de culpables. Es el resultado de una revisión de la administración que busca poner sobre la mesa hallazgos, decisiones, contratos, recursos y actuaciones que, por su naturaleza o magnitud, requieren ser examinados por las autoridades competentes. Su verdadero valor estará en que esa información pueda convertirse en investigaciones serias, con pruebas, debido proceso y resultados concretos.

Lo importante, entonces, no es quedarse en la cifra de 82 denuncias ni convertir el documento en un nuevo episodio de la confrontación política entre el petrismo y el Gobierno De La Espriella. Lo verdaderamente relevante es determinar si, como sostiene el nuevo Gobierno, durante los últimos cuatro años se produjo un deterioro de los controles que permitió que decisiones de enorme impacto fiscal se tomaran sin la debida planeación, seguimiento y rendición de cuentas.

Porque la corrupción no empieza necesariamente cuando alguien se apropia ilegalmente de un peso. Muchas veces comienza mucho antes, cuando se pierde la capacidad de saber dónde está ese peso, por qué se gastó, quién autorizó su utilización, qué resultado produjo y quién debe responder si finalmente no cumplió el propósito para el cual fue destinado. Un Estado puede tener miles de funcionarios honestos y, aun así, ser vulnerable a la corrupción si sus sistemas de control son débiles, si la información no es transparente, si la contratación pierde trazabilidad o si la ejecución presupuestal se convierte en un fin en sí misma. Esa es, quizás, una de las discusiones más importantes que deja El libro de la verdad. Colombia no solamente debe perseguir al corrupto; debe construir instituciones en las que sea cada vez más difícil que el corrupto pueda operar.

Uno de los capítulos que más atención merece es el relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). De acuerdo con lo expuesto por el Gobierno, durante la administración anterior se habrían girado $ 856.000 millones sin que existiera, según sus hallazgos, la correspondiente urgencia manifiesta, mientras que se habría perdido el rastro de aproximadamente $ 1,38 billones. Estas afirmaciones tendrán que ser verificadas por los organismos de control y por la Fiscalía, pero su magnitud obliga a tomarlas con absoluta seriedad.

Estamos hablando del organismo creado para responder cuando el país enfrenta terremotos, inundaciones, deslizamientos y otras emergencias que pueden destruir en cuestión de horas el patrimonio de miles de familias.

Y esto adquiere una dimensión todavía más profunda en un país que acaba de enfrentar una tragedia sísmica de enormes proporciones. Cuando una nación atraviesa una emergencia, cada peso destinado a la atención de los damnificados tiene un valor que trasciende la contabilidad pública. Es el techo de una familia que perdió su vivienda, es la carretera que necesita ser reconstruida para que llegue la ayuda, es el alimento que debe llegar a una comunidad aislada o la infraestructura que permite recuperar la vida cotidiana de quienes lo perdieron prácticamente todo.

Por eso, cualquier duda sobre el manejo de los recursos destinados a la gestión del riesgo debe ser esclarecida hasta sus últimas consecuencias, porque cuando fallan los controles sobre el dinero destinado a atender una tragedia, el problema ya no es solamente administrativo: termina convirtiéndose en una segunda tragedia para quienes esperan que el Estado los proteja.

Pero la UNGRD no es el único capítulo que merece ser revisado. El libro de la verdad adquiere mayor dimensión cuando se observa que los cuestionamientos abarcan diferentes entidades y sectores de la administración pública. La Agencia Nacional de Tierras, la Cancillería, programas sociales, contratación de personal y otras entidades aparecen dentro de los asuntos que deberán ser examinados. La importancia de esto radica precisamente en que no estamos ante un episodio aislado, sino ante la necesidad de revisar si existieron patrones de gestión que permitieron que los controles institucionales se debilitaran.

Otro de los asuntos revelados durante el empalme corresponde a una presunta nómina paralela cercana a los $ 900.000 millones, frente a la cual el nuevo Gobierno ha señalado además la existencia de un pasivo que superaría los $ 5 billones. Contratar prestación de servicios no constituye por sí mismo una irregularidad y el Estado necesita recurrir legítimamente a especialistas y profesionales para desarrollar determinadas funciones. El problema aparece cuando esa figura deja de ser excepcional y se transforma en una estructura paralela que sustituye la carrera administrativa, multiplica costos, debilita el mérito y convierte la contratación pública en un mecanismo de reproducción burocrática.

Durante décadas, Colombia ha intentado construir una administración pública profesional, donde el acceso al Estado dependa de las capacidades, no de las conexiones políticas. Cada vez que una entidad reemplaza ese principio por una estructura de contratos temporales utilizada para garantizar cuotas, favores o lealtades, no solamente se afecta el presupuesto: se deteriora la institucionalidad. El ciudadano termina pagando dos veces, primero con sus impuestos y después con un Estado menos eficiente, menos profesional y menos capaz de responder a sus necesidades.

Hay otro episodio que merece especial atención, el del Fondo Adaptación y los recursos destinados a La Mojana. Durante la anterior administración se destinó cerca de un billón de pesos para atender proyectos relacionados con esta región, una de las zonas que durante años ha sufrido los efectos de las inundaciones y de la falta de infraestructura suficiente para proteger a sus comunidades. Posteriormente, se produjo una controversia alrededor del traslado de esos recursos hacia la atención de otra emergencia.

El debate no consiste en afirmar anticipadamente que esos recursos fueron malversados, sino en establecer si las decisiones adoptadas respetaron su destinación, los procedimientos legales y los compromisos adquiridos con las comunidades beneficiarias. Lo cierto es que detrás de ese dinero existen familias que llevan años esperando soluciones y que no pueden quedar nuevamente atrapadas en las disputas administrativas de los gobiernos de turno.

El Fondo Adaptación fue creado precisamente para responder frente a las consecuencias de desastres y proteger a las poblaciones afectadas. Por eso, cualquier decisión que comprometa recursos destinados a familias damnificadas debe estar acompañada de absoluta transparencia, trazabilidad y justificación técnica. En asuntos de esta naturaleza, el Estado no puede limitarse a ejecutar presupuesto; tiene que garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan.

En el caso de la Agencia Nacional de Tierras, por ejemplo, el Gobierno cuestionó recursos cercanos al billón de pesos destinados a adquisición de predios y señaló inconsistencias entre los predios previstos y aquellos que efectivamente habrían llegado con el proceso de registro concluido. Nuevamente, la discusión no puede reducirse a cuánto se gastó: debe establecerse qué se compró, a qué precio, con qué criterios, quiénes fueron los beneficiarios y cuál fue el resultado concreto de esa inversión.

También se han planteado cuestionamientos sobre la Cancillería, donde el informe menciona cientos de contratos y recursos destinados a diferentes operaciones administrativas. En este punto debe existir especial prudencia, porque una contratación realizada durante los últimos meses de una administración no es irregular por el simple hecho de producirse en ese momento. Sin embargo, cuando un gobierno está terminando su mandato, cada decisión que comprometa recursos públicos durante los años siguientes exige una justificación especialmente rigurosa.

Quien entrega el poder conserva la obligación de gobernar hasta el último día, pero también tiene el deber de no comprometer innecesariamente la capacidad de decisión de quien ha sido elegido para sucederlo.

Y aquí llegamos al verdadero significado político de El libro de la verdad. Su importancia no debería estar en utilizarlo como un arma contra Gustavo Petro, porque un documento de esta naturaleza perdería buena parte de su legitimidad si se convierte simplemente en otro capítulo de la polarización nacional. Su verdadera importancia está en demostrar que en Colombia es posible hacer una transición de gobierno en la que el Estado entregue información, los organismos de control investiguen y la ciudadanía pueda conocer qué ocurrió con sus recursos, independientemente de quién haya ocupado la Casa de Nariño.

La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tienen ahora una responsabilidad histórica. Cada una desde sus competencias debe revisar los casos, garantizar el debido proceso y determinar cuáles denuncias tienen sustento y cuáles no.

La Fiscalía tiene la obligación de investigar aquellos hechos que puedan constituir delitos y, cuando existan pruebas suficientes, llevar a los responsables ante los jueces. Si detrás de alguno de estos casos hubo apropiación de recursos, celebración indebida de contratos, direccionamiento contractual, enriquecimiento ilícito, cohecho o cualquier otra conducta penal, la respuesta no puede quedarse en una denuncia pública. Debe traducirse en una investigación seria, una imputación cuando corresponda y una condena cuando las pruebas demuestren responsabilidad.

La Procuraduría tiene una responsabilidad igualmente importante en el ámbito disciplinario. Los funcionarios públicos que hayan utilizado su cargo para infringir sus deberes, abusar de sus competencias o desconocer las normas deben responder disciplinariamente y, cuando la gravedad de la conducta y las pruebas así lo determinen, enfrentar sanciones como la destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Y la Contraloría tiene la tarea de establecer si existió daño al patrimonio público, determinar las responsabilidades fiscales correspondientes y procurar la recuperación de los recursos que hayan sido afectados. Porque no basta con identificar que el Estado perdió dinero. También hay que hacer todo lo jurídicamente posible para recuperarlo.

Las tres instituciones tienen competencias diferentes, pero el país espera de ellas el mismo resultado: que las denuncias no terminen archivadas en algún despacho ni desaparezcan después de unas semanas de titulares.

El libro de la verdad apenas comienza a escribirse. Las próximas páginas no las redactará el Gobierno, ni la oposición, ni las redes sociales. Las escribirán los documentos, las auditorías, las investigaciones y las decisiones de la justicia. Y si realmente queremos que algo cambie en Colombia, esta vez no podemos conformarnos con conocer los escándalos. Tenemos que conocer la verdad y hacer que, cuando corresponda, tenga consecuencias.