La reciente actualización del escrito de acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro plantea nuevas preguntas para Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y representa un severo llamado de atención para la atribulada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Me explico.

La semana pasada, fiscales estadounidenses incorporaron nuevos elementos a la acusación contra Maduro y su esposa, Cilia Flores. El documento incluye señalamientos graves que, desde la

perspectiva de la Fiscalía, podrían abrir la puerta a nuevas sanciones e investigaciones.

Uno de ellos se refiere a presuntos actos de tortura contra opositores y sus colaboradores. Según el escrito, Maduro y su esposa habrían encabezado un sistema de represión responsable de golpizas, asfixia y descargas eléctricas contra decenas de víctimas, entre ellas varios ciudadanos estadounidenses.

Pero eso no es todo. El documento también formula graves acusaciones sobre una presunta conspiración para perjudicar a Estados Unidos; en otras palabras, terrorismo. Señala: “Durante las presidencias de Chávez y NICOLÁS MADURO MOROS, el acusado, el narcotráfico también sirvió como un mecanismo para financiar a grupos terroristas que compartían los objetivos de Chávez y MADURO MOROS de causar daño a Colombia y a Estados Unidos”. Fuerte.

Agrega: “Poco después de la muerte de Chávez, aproximadamente en 2013, MADURO MOROS y CILIA ADELA FLORES DE MADURO, la acusada, asistieron a una reunión con la dirigencia de las Farc, entre cuyos participantes se encontraban Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich”.

El escrito sostiene que la reunión tuvo como propósito discutir una deuda relacionada con el narcotráfico: “La reunión tuvo como propósito discutir el dinero que MADURO MOROS les debía a las Farc en relación con su asociación para el tráfico de drogas”.

Y añade: “Para pagar al menos una parte de esa deuda, MADURO MOROS aceptó vender minas explosivas y otras armas a las Farc, reconociendo que esto también aumentaría la capacidad de las Farc para librar una guerra contra Colombia”.

Narcotráfico y alianzas para causar daño a Colombia y a Estados Unidos. Lo que sostiene la Fiscalía estadounidense es que Maduro se habría aliado con las Farc –y directamente con Timochenko, según el documento– para entregarles explosivos y armas que les permitieran intensificar la guerra contra Colombia. Es una acusación de enorme gravedad.

Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿qué sabía la JEP? Cuesta entender cómo los fiscales de Estados Unidos, en unos meses, han incorporado a su acusación información que un tribunal de justicia con miles de millones de pesos a su disposición no parece haber esclarecido.

Este señalamiento se suma a las revelaciones que los colombianos hemos conocido en los últimos días sobre las audiencias de las Farc ante la JEP. Algunas conversaciones han parecido más diálogos amables, al calor de un café, que un esfuerzo judicial por esclarecer en detalle lo ocurrido durante el mando del secretariado de las Farc, una de las organizaciones armadas más grandes y peligrosas de Colombia.

La JEP se ha convertido en una de las principales saboteadoras del proceso de paz. A los colombianos se nos prometió que el acuerdo traería verdad, reparación y garantías de no repetición. Pero esos objetivos siguen lejos de cumplirse, mientras las víctimas conocen, con el paso del tiempo, nuevas realidades que cuesta entender por qué no habían salido a la luz.

¿Qué hará la JEP con la información contenida en este escrito de acusación? ¿Conocía este episodio? El tribunal enfrenta un problema adicional: no solo carece de credibilidad ante un amplio sector de los colombianos; ahora también tendrá que responder a una pregunta que podría surgir fuera del país: ¿cuánto sabe la JEP que no le ha contado al mundo? ¿Hay algo que esté tratando de ocultar?