Una de las condiciones de la negociación de La Habana fue la creación de la Comisión de la Verdad, como parte del Sistema Integral acordado con las extintas FARC. Su fin fundamental era esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado interno. Sin embargo, al ser dirigida por el cuestionado padre De Roux, su informe final generó indignación en muchos colombianos, quienes consideran que se priorizó la responsabilidad del Estado, las Fuerzas Militares y los paramilitares, mientras se minimizaban las atrocidades de las FARC. Desafortunadamente, se perdió una gran oportunidad para conocer la verdad de forma objetiva y sin sesgos tras 50 años de conflicto.
Lo más grave es que el actual Gobierno de Gustavo Petro, ignorando las debilidades del Acuerdo de La Habana, se dio a la tarea de negociar con los demás actores armados. Como el mismo presidente admitió, estos ya no son guerrillas políticas, sino redes de narcotráfico, paramilitares y narcoguerrilleros. Bajo el argumento de la “Paz Total”, el Gobierno maniató a las Fuerzas Militares y cedió el control territorial, debilitando la democracia colombiana.
Esto ha quedado completamente ratificado tras las revelaciones de Noticias Caracol, lideradas por Ricardo Calderón. Los audios del excomisionado de paz, Danilo Rueda, con el Clan del Golfo demuestran que se les ofrecieron ceses de operaciones, purgas en la inteligencia militar y prebendas. Este escándalo no puede ser visto como un hecho aislado, por más que el presidente Petro, Iván Velásquez y Laura Sarabia intenten ocultarlo. Las pruebas son irrefutables: desde el llamado “Pacto de La Picota”, la Paz Total no fue un diálogo, sino una entrega del país a la criminalidad.
Y no fue solo con el Clan del Golfo. La estrategia involucró negociaciones simultáneas en todo el territorio nacional con el ELN, las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia e, incluso, estructuras de delincuencia urbana. En este escenario, Otty Patiño y el equipo de paz continuaron con cada uno de los procesos abiertos, jugando roles centrales en un esquema que debilitó sistemáticamente al Estado para sentarse a la mesa con sus propios enemigos. Bajo este modelo, se suspendieron operaciones militares, se toleró el apoderamiento de grandes extensiones territoriales y se ofrecieron beneficios judiciales, todo mientras la violencia seguía cobrando vidas de colombianos.
El resultado es visible: un país sumido en la lógica de la rendición negociada. Las Fuerzas Militares, históricamente el principal dique contra el terrorismo, fueron cuestionadas, limitadas y expuestas a purgas selectivas. La institucionalidad se negoció en cuotas y la soberanía se puso sobre la mesa como moneda de cambio, todo para beneficiar políticamente a un solo proyecto: el Pacto Histórico.
La situación es aún más grave cuando se recuerda que muchos de los que hoy lideran o defienden esta “Paz Total” fueron protagonistas o beneficiarios del capítulo de la parapolítica. Hoy, bajo una alarmante continuidad, son los mismos que impulsan una “paz” que fortalece a los violentos. Esa complicidad histórica no puede quedar en la impunidad.
Ante este panorama, urge una Comisión de la Verdad real, independiente y con facultades plenas. No la versión sesgada del padre De Roux, que traicionó el espíritu de lo acordado en La Habana para imponer una narrativa unilateral. El país necesita una comisión cuyos hallazgos originen un proceso con consecuencias judiciales más graves que las de la parapolítica; un organismo que investigue sin tapujos los audios de Danilo Rueda, el rol de Otty Patiño, Laura Sarabia e Iván Velásquez, los ceses al fuego unilaterales con el ELN y las disidencias, y cómo se congeló y maniató a toda la nación.
Esta comisión debe poner el foco en el “voto del fusil”: cómo las negociaciones beneficiaron electoralmente al Pacto Histórico en regiones controladas por los grupos armados. ¿Cuántos votos de Iván Cepeda y compañía se construyeron bajo ese clima de impunidad? ¿Qué rol jugaron las estructuras criminales en las urnas mientras el Gobierno debilitaba al Estado?
No se trata de revancha; se trata de recuperar la verdad secuestrada. Es imperativo documentar cómo se entregó la institucionalidad, quién entregó qué y a costa de cuántas vidas colombianas, explicando por qué se limitó a las Fuerzas Militares mientras los violentos ganaban terreno. La “Paz Total” no fue paz: fue el mayor acto de entrega de soberanía en la historia reciente. Los audios revelados son solo la primera grieta.
Una Comisión de la Verdad honesta, sin sesgos ni narrativas prefabricadas, es la única forma de señalar a los responsables antes de que el daño sea irreversible. Colombia merece la verdad completa, y esa verdad solo surgirá de una comisión que mire en todas las direcciones, no solo hacia donde le conviene al poder. Es hora de abrir ese capítulo con rigor y patriotismo.
El país lo exige, y Abelardo De La Espriella, como presidente electo, tiene una ventana única y legítima para encabezar e impulsar esta iniciativa sobre la “Paz Total”. Él combina credibilidad jurídica, coherencia opositora y legitimidad ante quienes sufrieron los costos de este proceso. No es una venganza; es una corrección histórica necesaria para salvar nuestra democracia.
De no crearse una Comisión de la Verdad real sobre la política de la “Paz Total”, las consecuencias para el nuevo Gobierno y para la democracia serán devastadoras. La impunidad terminará por consolidarse, validando las negociaciones opacas y cuestionadas de Danilo Rueda, Otty Patiño, Iván Velásquez y el propio Iván Cepeda. Este vacío será aprovechado por los grupos criminales para fortalecerse en las regiones.
Por eso, el presidente electo Abelardo De La Espriella tiene la oportunidad histórica de liderar una comisión equilibrada, pero con plenas facultades judiciales. Aprovechando el ultimátum de 30 días que les otorgó a estas estructuras para entregarse, se debe marcar un nuevo rumbo. Actuando con el rigor y el patriotismo que él mismo ha trazado, este mecanismo debe dar un giro radical cuyo único resultado sea recuperar la autoridad y la institucionalidad en cada rincón de la patria.