El correcto funcionamiento de la administración de justicia es el pilar fundamental de cualquier sociedad civilizada. En un Estado de derecho, la convivencia se articula mediante normas predecibles —la ley— que delimitan el actuar de los individuos. Cuando este equilibrio se rompe debido a la impunidad y el incumplimiento sistemático de las reglas, la vida cotidiana de los ciudadanos se ve profundamente afectada. Ya sea ante un robo, una estafa, una extorsión o un secuestro, la seguridad que debería estar garantizada por el Estado se convierte en un albur, dejando a los ciudadanos a merced de la arbitrariedad.

La sociedad, a través del Estado, tiene el deber de reprimir las conductas que transgreden el marco legal con el fin de proteger los derechos de la mayoría. El castigo —ya sea económico, privativo de la libertad o, en otras latitudes y contextos, más severo— no es un capricho de las autoridades, sino un deber imperativo para garantizar la convivencia. Si algo caracteriza a las naciones desarrolladas, es la eficacia en la aplicación de la ley. Un entorno jurídico predecible fomenta la actividad productiva y permite el florecimiento de una paz estable. Por el contrario, la incertidumbre jurídica y la desconfianza institucional actúan como frenos al bienestar de las personas, inhibiendo la inversión y el progreso colectivo.

En Colombia, la situación de la justicia es crítica y erosiona la confianza pública. Más allá de la mora judicial en los estrados de pequeñas causas o el rezago procesal generalizado, existen dos casos emblemáticos que ilustran la desnaturalización de nuestras instituciones y el vacío de justicia que perciben los ciudadanos.

El primer caso se refiere a la aprobación de la reforma pensional. Hoy resulta evidente que la gestión de esta reforma estuvo marcada por denuncias de corrupción que vinculan dineros públicos desviados desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Está probada la entrega de dádivas a los presidentes de las cámaras alta y baja del Congreso para asegurar su aprobación. La pregunta que surge de cara a la opinión pública es inevitable: ¿qué mensaje se envía cuando, a pesar de la copiosa evidencia sobre la cooptación del legislativo con recursos públicos hurtados, la reforma sigue su curso incólume? La impunidad de los responsables de estos crímenes de cuello blanco y la persistencia de los actos viciados generan una percepción de absurdo, donde la forma parece imponerse sobre el fondo ético y jurídico.

El segundo caso es el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Independientemente de que el pueblo colombiano votó en contra de su origen, la ciudadanía exige resultados tangibles en términos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Tras años de operación, la JEP ha presentado conclusiones relevantes sobre hechos victimizantes, como los falsos positivos o el reclutamiento de menores. Sin embargo, persisten las falencias estructurales más importantes: ¿en qué medida se han recuperado los activos derivados de actividades ilícitas? ¿Cuál es el impacto real en la reparación económica a las víctimas tras haber ejecutado, según reportes, recursos que superan los 3,8 billones de pesos desde sus inicios? La falta de contundencia en las sanciones y la inexistencia de reparación alguna a las víctimas hoy la hacen ilegítima, sin que las instituciones colombianas hagan algo al respecto.

Estos casos evidencian que el sistema judicial en Colombia requiere una transformación profunda. No se trata solo de recursos financieros, sino de una imperativa voluntad política para garantizar que el Estado cumpla su función primordial: proteger los derechos de la mayoría a que se cumpla la ley y asegurar que las reglas de juego sean respetadas por todos, sin distinciones.