En medio de las distintas visiones de país que el gran número de colombianos puede tener y que definen la ruta a seguir, hay una pregunta que no se puede eludir: ¿con quién va a crecer Colombia en los próximos cuatro años? No con qué reforma, ni con cuánto gasto. ¿Con quién? Conviene empezar por las buenas noticias con un dato fino, casi contraintuitivo: en un entorno de márgenes presionados, costos al alza e incertidumbre regulatoria, las empresas de Colombia eligieron cuidar a su gente antes que recortar.
El relato que se desprende es seductor: un tejido empresarial maduro que entendió que el talento no es un costo que se ajusta, sino un activo que se cuida. Ese mismo retrato esconde grietas que el entusiasmo no debería tapar. La contratación a término indefinido ha caído; el empleo no se está destruyendo, pero sí volviéndose más precario, más cauteloso, más temporal.
Existe temor en un gran número de trabajadores que cree que su labor podría ser reemplazada por la tecnología. Y, sobre todo, está el país que no aparece en la foto corporativa: una informalidad, el desempleo juvenil y cerca de 2,26 millones de jóvenes, uno de cada cinco, que ni estudian ni trabajan. Tenemos empresas que cuidan a su gente conviviendo con un país que no logra conectar a una quinta parte de sus jóvenes ni con el aula ni con el empleo.
El dato más incómodo lo expresan muchos empleadores que perciben que los jóvenes llegan al trabajo con competencias regulares o malas, y lo que más echan de menos no es conocimiento técnico, sino compromiso, responsabilidad y criterio. Cuando solo un porcentaje dice haber adquirido en instituciones educativas la mayor parte de las habilidades que hoy usa, el problema deja de ser de los jóvenes y de las instituciones para volverse lo que siempre fue: un fracaso de articulación.
Cada actor hace bien su parte, la empresa forma, la academia enseña, el Estado regula, pero lo hacen por separado. Y lo que se hace por separado, en el mejor de los casos, se suma. Solo lo que se hace junto se multiplica. Ahí entra el reproche de fondo al Estado. El sector público no está para competir con nadie ni para hacer la tarea ajena: está para orquestar.
El ejemplo más reciente es elocuente cuando se dio la discusión de la reforma educativa, en el marco de la ley estatutaria. No se alineó el modelo formativo con la ruta de sostenibilidad del país. La retórica volvió a correr más rápido que el diseño siendo esta una metáfora perfecta de nuestra forma de gobernar el talento: muchas cumbres, muchos planes y poca ingeniería fina sobre quién forma a quién, para qué y con qué resultados medibles.
Por eso la agenda que se le entrega al próximo gobierno no es una lista de buenos deseos, sino de condiciones verificables: Mesas permanentes entre la academia y el aparato productivo que lean, en tiempo real, las capacidades que la economía va a necesitar, no las que necesitó ayer. Convertir la formación a lo largo de la vida en un bien común, articulando el esfuerzo que hoy hacen las empresas con la oferta pública y privada, mediante microcredenciales apilables y reconocibles entre sí. Y revalorizar de una vez las trayectorias técnicas y tecnológicas, donde se forma el talento intermedio que la productividad reclama y que hoy escasea.
El crecimiento que soñamos no puede edificarse sobre unos pocos altamente calificados. Y un punto que el próximo presupuesto pondrá a prueba: los incentivos fiscales para la transformación digital deben premiar tecnología más formación, no tecnología sola. El cuello de botella ya no es la máquina; son las personas capaces de usarla. Hay, por último, una vara con la que mediremos. El éxito de la política educativa y laboral no se mide por insumos, matrículas, cupos, anuncios, sino por resultados: que la gente permanezca, se gradúe y se inserte con dignidad en el mundo del trabajo. Lo demás es propaganda.